El Gobierno nacional inició la última semana de negociaciones informales antes del comienzo de las sesiones extraordinarias del Congreso con un objetivo claro: llegar a febrero con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral. El proyecto, que se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda oficial para 2026, concentra apoyos parciales, cuestionamientos técnicos y resistencias políticas que obligan a un delicado equilibrio entre concesiones y firmeza. En ese escenario, la discusión por el impacto fiscal de los cambios en el impuesto a las Ganancias emergió como el principal foco de tensión con las provincias y amenaza con condicionar el desenlace parlamentario.

La iniciativa fue elaborada a partir de los consensos alcanzados en el Consejo de Mayo y presentada formalmente el año pasado, con la intención inicial de tratarla antes del cierre del período ordinario. Sin embargo, la presión sindical, el clima político adverso y la decisión del oficialismo de priorizar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal postergaron el debate. Esa demora permitió al Ejecutivo ganar tiempo para negociar, pero también acumuló expectativas y resistencias que ahora convergen en una instancia decisiva.

Con el calendario legislativo en contra, la Casa Rosada volvió a ser el centro de las conversaciones. El oficialismo sabe que ya no hay margen para dilaciones y que cada punto del proyecto será examinado con lupa por una oposición fragmentada, gobernadores atentos al impacto fiscal y sindicatos en estado de alerta.

La arquitectura política del tramo final

Durante el receso legislativo, el Gobierno optó por descomprimir la discusión pública y avanzar en un trabajo técnico de bajo perfil. Para eso conformó una comisión encabezada por la abogada Josefina Tajes, que en las últimas semanas recibió a representantes de distintos sectores políticos, empresariales y sociales. El volumen de las consultas reflejó la magnitud del debate: cerca de dos mil pedidos de audiencia llegaron a ese espacio, una cifra que expone tanto el interés como la sensibilidad del tema.

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó una agenda intensa de recorridas por las provincias. El objetivo fue asegurar respaldos explícitos en el Senado, una cámara donde el oficialismo necesita construir mayorías caso por caso. Ese trabajo permitió sumar apoyos de varios mandatarios, pero también dejó en evidencia reclamos que no pudieron ser contenidos puertas adentro.

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse en Casa Rosada para analizar el escenario y definir la estrategia legislativa. Participaron, además de Santilli, la jefa del bloque oficialista en el Senado Patricia Bullrich, la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo. Allí se evaluaron los márgenes de negociación y las eventuales modificaciones que podrían incorporarse sin desnaturalizar el espíritu de la reforma.

El plan oficial es convocar a una sesión en la Cámara alta durante la segunda semana de febrero. Para llegar a ese punto, el Gobierno necesita sostener los apoyos ya comprometidos y evitar que las objeciones se traduzcan en votos negativos o ausencias estratégicas. La reforma laboral se transformó así en una prueba clave de gobernabilidad y capacidad de articulación política en un Congreso sin mayorías automáticas.

Ganancias, provincias y el nudo fiscal

El principal frente de conflicto con los gobernadores está vinculado al artículo que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias para sociedades. La propuesta oficial establece una reducción en los tramos 2 y 3 del tributo, que es coparticipable, pasando del 30% al 27% en un caso y del 35% al 31,5% en el otro. Para las provincias, esa baja implica una disminución directa de recursos en un contexto de cuentas ajustadas y mayores demandas sociales.

Las críticas se hicieron públicas en los últimos días. Gobernadores como Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba, expresaron su malestar y reclamaron una mirada más federal por parte de la Casa Rosada. Sin rechazar de plano la reforma laboral, advirtieron que la medida afecta la recaudación provincial y pidieron revisar el esquema o establecer algún tipo de compensación.

Desde el Ejecutivo sostienen que la baja de Ganancias forma parte de un paquete integral de incentivos a la inversión y la formalización del empleo. En esa lógica se inscriben también otros cambios incluidos en el proyecto, como la agilización de las devoluciones de IVA y beneficios tributarios para las empresas que regularicen trabajadores. El Gobierno argumenta que, aunque estas medidas puedan tener un costo fiscal inicial, apuntan a ampliar la base contributiva y mejorar la competitividad en el mediano plazo.

Para los gobernadores, sin embargo, el problema es el corto plazo. Con presupuestos ya aprobados y márgenes financieros limitados, una caída en la coparticipación puede obligarlos a ajustar gastos o buscar nuevas fuentes de financiamiento. La negociación se volvió, entonces, un tira y afloje entre la necesidad de avanzar con la reforma y la defensa de los recursos provinciales, en un contexto donde el respaldo político está atado a esas definiciones.

Sindicatos en alerta y un debate que trasciende el Congreso

Mientras el Gobierno intenta cerrar acuerdos políticos, el frente sindical se mantiene en tensión. La CGT ya manifestó su rechazo a varios puntos del proyecto y advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza si la iniciativa se trata sin cambios sustanciales. Entre los aspectos más cuestionados aparecen el Fondo de Asistencia Laboral para el pago de indemnizaciones, la eliminación de la obligatoriedad de que las empresas actúen como agentes de retención de aportes y las modificaciones a los convenios colectivos de trabajo.

Dirigentes de gremios como ATE y la UOM coincidieron recientemente en que no esperan al debate parlamentario para reaccionar. Desde su perspectiva, la reforma apunta a debilitar la estructura sindical y a redefinir el marco de derechos laborales. El oficialismo rechaza esa lectura y sostiene que el objetivo es modernizar un sistema que, según su diagnóstico, desalienta la creación de empleo formal y profundiza la informalidad.

En este clima, el Gobierno busca mostrarse abierto al diálogo sin resignar el núcleo del proyecto. La apuesta es lograr una síntesis que permita avanzar con la reforma y, al mismo tiempo, evitar una escalada del conflicto social que complique el tratamiento legislativo. Con solo siete días por delante antes del inicio formal de las sesiones extraordinarias, cada reunión y cada señal política adquieren un peso decisivo.

La reforma laboral no solo definirá un cambio estructural en el mercado de trabajo, sino que también pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para ordenar apoyos, administrar conflictos y traducir su agenda económica en leyes concretas. El desenlace de esta última semana de negociaciones marcará el tono político de los próximos meses y anticipará hasta dónde llega el margen de maniobra del oficialismo en un año clave.