La Cámara de Diputados dio media sanción a una ley que restringe de manera significativa el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque el rechazo de un artículo central obligará a que el proyecto vuelva al Senado. Con esta jugada, La Libertad Avanza logró ganar tiempo político y postergar un eventual veto presidencial hasta después de las elecciones.

El debate en el recinto estuvo marcado por una fuerte tensión entre oficialismo y oposición. Si bien el bloque libertario no consiguió frenar la aprobación general de la iniciativa, celebró que el trámite legislativo deba reiniciarse parcialmente. En la Casa Rosada reconocen que esta demora les permite evitar una confrontación directa en plena campaña, y aspiran a recomponer vínculos con gobernadores y aliados después de los comicios.

El proyecto modifica la ley 26.122, sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, y amplía los controles del Congreso sobre los DNU. La nueva redacción establece que ambas Cámaras deberán pronunciarse para ratificar un decreto —a diferencia de la norma actual, que sólo exige la aprobación de una—, lo que fortalece la capacidad del Parlamento para limitar decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el artículo más controvertido —el que fijaba un plazo máximo de 90 días para que el Congreso se expida sobre la validez de los decretos— fue rechazado. De haber sido aprobado, si los legisladores no trataban un DNU dentro de ese período, el mismo quedaría automáticamente sin efecto. Esta cláusula fue eliminada gracias a una serie de abstenciones y votos negativos de legisladores de la Coalición Cívica, el PRO, el MID y algunos radicales, lo que generó un inesperado alivio para el oficialismo.

La propuesta también incorpora una limitación que impide al Ejecutivo mezclar múltiples temas en un solo decreto. De esta manera, el gobierno de Milei no podría emitir disposiciones amplias como el DNU 70/23, que había modificado decenas de leyes y regulaciones de distintas áreas bajo el argumento de la “desburocratización del Estado”.

Para la oposición, la reforma representa un paso necesario hacia la transparencia institucional y el equilibrio de poderes. En cambio, los libertarios advirtieron que la medida busca “inmovilizar al Poder Ejecutivo” y debilitar la gobernabilidad. El diputado Álvaro Martínez sostuvo que “el peronismo actúa por oportunismo político” y denunció que los sectores opositores buscan condicionar al gobierno con un “bloque institucional” para después de las elecciones.

Desde el PRO, Damián Arabia recordó que “Néstor Kirchner firmó 236 decretos, Cristina Fernández 81 y Alberto Fernández 178”, todos con mayoría parlamentaria. “Ahora que no gobiernan, quieren modificar la ley que ellos mismos diseñaron”, afirmó.

En la UCR, en tanto, hubo posiciones divididas. Algunos legisladores, como Martín Tetaz, consideraron que “la actual ley es deficiente”, pero que cualquier cambio debería aplicarse recién a partir de 2027 para evitar que sea utilizado con fines partidarios.

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) defendió la necesidad de establecer límites firmes al uso de los DNU: “Han sido la herramienta más destructiva para la libertad que algunos dicen defender. Si no ponemos un freno, esto seguirá siendo un estado de excepción permanente”.

La votación final reflejó la fragmentación política del Congreso y el delicado equilibrio de poder que enfrenta el oficialismo. En las filas libertarias estiman que el Senado insistirá con el texto original, pero valoran que la discusión haya quedado postergada. El desenlace, por ahora, se resolverá después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.