La Cámara de Diputados volvió a convertirse en escenario de fuertes tensiones políticas con el debate en torno a la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). En un plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales se firmó este martes un dictamen de mayoría que deja el tema listo para ser tratado en el recinto. Sin embargo, las fracturas dentro de la oposición y la decisión anticipada del oficialismo de vetar cualquier intento de cambio marcan un horizonte de incertidumbre.

Una media sanción que sorprendió al Gobierno

El tema cobró fuerza hace tres semanas, cuando el Senado aprobó por amplia mayoría la modificación a la ley 26.122, que desde 2006 regula el uso de los DNU. La media sanción fue contundente: 56 votos afirmativos, solo 8 en contra y 2 abstenciones. El resultado tomó por sorpresa al Ejecutivo, que no esperaba semejante consenso entre bloques que habitualmente exhiben fuertes diferencias. Esa aprobación en la Cámara Alta activó inmediatamente las alarmas en el oficialismo, que comenzó a trabajar en dos frentes: consolidar a sus aliados naturales para frenar el proyecto en Diputados y, en caso de que no alcanzara, preparar un veto presidencial como última herramienta de defensa.

Qué cambia la reforma

La norma vigente establece que los decretos firmados por el Poder Ejecutivo permanecen en vigencia salvo que ambas Cámaras del Congreso los rechacen. En la práctica, esto implica que un gobierno puede sostener un DNU con apenas una mayoría simple en cualquiera de las dos Cámaras o, directamente, dejarlo vigente si el Congreso no lo trata.

El proyecto de la oposición plantea una transformación radical: los decretos deberán ser tratados en un plazo máximo de 90 días corridos y, si no reciben ese tratamiento, quedarán automáticamente sin efecto. Además, para que continúen vigentes será necesario que tanto Diputados como Senadores los aprueben expresamente. De esta manera, cualquier gobierno necesitará forjar consensos amplios para sostener su plan de gestión, eliminando la posibilidad de gobernar por decreto sin el respaldo del Parlamento.

De aprobarse, la reforma modificaría de raíz la lógica de los gobiernos en minoría. La centralidad del Congreso se vería reforzada y los Ejecutivos ya no podrían esquivar el debate legislativo. En términos políticos, esto representaría un cambio de reglas de juego: lo que hasta ahora era una potestad del Poder Ejecutivo se convertiría en un campo de negociación permanente con los legisladores, algo que condicionaría fuertemente al actual oficialismo y a los futuros gobiernos.

Las posiciones de cada bloque

El dictamen de mayoría recibió el respaldo de Unión por la Patria, de los radicales disidentes nucleados en Democracia para Siempre, de Encuentro Federal y también del Frente de Izquierda. Estas fuerzas confluyeron en un texto común que recoge los principales ejes de la media sanción del Senado.

En paralelo, la Coalición Cívica presentó un dictamen propio, diferenciándose de la mayoría. Su propuesta no incluye un plazo de caducidad automática para los decretos, lo que deja abierta la posibilidad de un control más flexible.

Por otro lado, los legisladores de La Libertad Avanza, el espacio que responde al presidente Milei, firmaron un dictamen de rechazo frontal a cualquier intento de modificación. Argumentaron que el verdadero objetivo de la oposición es arrinconar al Gobierno y bloquear su capacidad de gestión. “Quieren limitar a un Ejecutivo en minoría con leyes que le impidan gobernar”, cuestionó el diputado libertario Nicolás Mayoráz.

El PRO y la UCR, en tanto, evitaron firmar cualquier dictamen. Esa decisión generó ruido interno, ya que a lo largo de las últimas dos décadas el PRO había presentado en reiteradas ocasiones proyectos para modificar la ley de DNU, a la que consideran excesivamente permisiva con el Poder Ejecutivo. De hecho, desde 2006 impulsaron una docena de iniciativas en ese sentido.

Sin embargo, en esta oportunidad, referentes del partido se mostraron muy críticos con la propuesta aprobada en el Senado. “En la Cámara Alta se fueron a la mierda”, expresó sin rodeos una diputada del PRO, al advertir que un plazo de 90 días resulta demasiado acotado para una negociación política seria. También planteó que cualquier reforma debería aplicarse recién a partir del 1° de enero de 2028, con el inicio del próximo mandato presidencial, para evitar que se la utilice como un instrumento coyuntural contra la actual gestión. “No le creo ahora la vocación republicana a los kirchneristas, después de haber gobernado tanto tiempo con esta misma ley”, señaló.

Algunos legisladores radicales coincidieron con ese argumento en las reuniones previas de comisión, lo que explica la decisión de no acompañar el dictamen de mayoría.

La estrategia del Gobierno

En la Casa Rosada ya dan por descontado que la oposición logrará aprobar el proyecto en Diputados, aunque todavía resta definir la fecha en que se convocará a la sesión. El cálculo oficialista es que, aunque la iniciativa avance, el Presidente podrá recurrir al veto. El dato clave es que los libertarios saben que la oposición no cuenta con los dos tercios necesarios en ambas Cámaras para insistir frente a un eventual rechazo presidencial.

De hecho, voceros cercanos al Ejecutivo confirmaron que Milei no dudará en utilizar esa herramienta, incluso cuando se trate de una norma sin impacto presupuestario directo. La lógica detrás de esa decisión es clara: mantener intacta la capacidad del Gobierno para gobernar a través de DNU, especialmente en un escenario de minoría parlamentaria.

Mientras tanto, los bloques opositores evalúan los pasos a seguir. “A partir de mañana, cuando empiece el debate del Presupuesto, vamos a definir el temario de la próxima sesión. Pero primero necesitamos que los gobernadores nos aseguren que el Gobierno no les recortará recursos”, explicó un diputado del centro que participa de las conversaciones. Según admitió, la discusión de fondo sobre cómo enfrentar un eventual veto presidencial quedará relegada hasta después de las elecciones.

Un debate que trasciende a Milei

Aunque el enfrentamiento político está teñido por la coyuntura del actual gobierno, lo cierto es que el debate por la ley de DNU excede a la administración Milei. La oposición insiste en que se trata de un mecanismo institucional que debe ser corregido para cualquier gestión, sin importar el signo político. Los libertarios, en cambio, sostienen que detrás de la iniciativa hay una estrategia para condicionar la gobernabilidad de un Ejecutivo sin mayorías.

Lo que está en juego no es solo un cambio legislativo, sino la relación de fuerzas entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Si la reforma prospera y supera todas las instancias, los futuros presidentes enfrentarán un escenario completamente distinto: ya no bastará con sostener decretos por inacción parlamentaria, sino que deberán tejer acuerdos legislativos permanentes.

Por ahora, el desenlace es incierto. El dictamen está listo para llegar al recinto, el oficialismo prepara el veto y la oposición todavía no tiene asegurados los números para insistir. En el medio, las elecciones marcan el ritmo de las negociaciones y los propios diputados admiten que el país podría ser muy distinto una vez que se despeje el panorama electoral.