El diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert, quedó en el centro de una fuerte controversia tras ser señalado por su supuesta vinculación con Fred Machado, un empresario acusado de narcotráfico y contrabando. En medio de un clima político marcado por pedidos de la oposición para su desplazamiento del Congreso, Espert salió a dar su versión de los hechos y ofreció un descargo en el que buscó diferenciar su actividad privada de su rol político.

En sus declaraciones, el legislador liberal admitió que conoció a Machado en el marco de actividades vinculadas a la presentación de su libro en Viedma, ciudad natal del empresario. Según explicó, Machado le ofreció facilitar su traslado en avión privado, algo que —en sus palabras— aceptó y agradeció públicamente. “No tengo nada que ocultar, todo fue en el marco de actividades privadas y debidamente declaradas”, sostuvo Espert, al remarcar que los pagos recibidos correspondían a trabajos de asesoramiento y no a financiamiento electoral.

Vuelos y sospechas judiciales

La versión del diputado se da en un contexto donde los registros judiciales muestran un entramado mucho más complejo. La investigación a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó que Espert utilizó aviones pertenecientes a Machado en al menos 35 oportunidades durante su campaña presidencial de 2019. En cinco de esos vuelos, incluso, ambos habrían viajado juntos, lo que alimentó las sospechas sobre la naturaleza de la relación entre el dirigente y el empresario investigado.

Otro punto señalado por la justicia es la utilización de aeronaves con matrícula estadounidense, lo que habría permitido a Machado operar con un menor nivel de control por parte de las autoridades argentinas. Este dato refuerza las dudas sobre si los traslados fueron meramente logísticos o formaban parte de un esquema más amplio que involucraba actividades irregulares.

Los pagos y el contrato bajo la lupa

El descargo de Espert incluyó también referencias a un contrato de asesoramiento con una empresa minera vinculada a Machado. Según dijo, fue ese acuerdo el que justificó el pago de un adelanto significativo por sus servicios profesionales. No obstante, los registros bancarios exhibidos en el expediente revelan que la suma de 200.000 dólares provino de una de las compañías de aviación de Machado y no de una firma minera, como sostiene el diputado.

La contradicción entre el origen del dinero y el contrato alegado por Espert abrió nuevos interrogantes: ¿existió realmente la contraprestación? ¿Hubo devolución de fondos si el trabajo no se realizó en los términos pactados? Hasta el momento, no hay documentación pública que despeje estas dudas.

Un frente político abierto

El caso no solo tiene derivaciones judiciales, sino también políticas. Distintos bloques opositores ya solicitaron la remoción de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, un cargo clave dentro del Congreso, alegando que su permanencia compromete la transparencia institucional. Desde el oficialismo, en cambio, se mantiene un cerrado respaldo al economista liberal, quien asegura ser víctima de una operación en su contra.

Mientras tanto, el expediente avanza en Comodoro Py y las revelaciones siguen sumando tensión a un escenario donde confluyen la política, la justicia y la sombra del narcotráfico. El futuro de Espert, tanto en términos judiciales como parlamentarios, queda atado a cómo evolucione esta investigación y a la capacidad del legislador de sostener su versión frente a las pruebas que lo vinculan de manera cada vez más directa con Fred Machado.