Luego de más de dos años sin actualizaciones y en medio de tensiones internas dentro del Ejecutivo, el presidente Javier Milei se dispone a firmar el decreto que habilitará un aumento en los salarios de los funcionarios nacionales. La decisión, que se oficializaría en el Boletín Oficial el próximo 2 de enero, busca comenzar a revertir una pérdida de poder adquisitivo que, según reconocen puertas adentro del Gobierno, supera el 60% desde diciembre de 2023, en línea con la inflación acumulada en ese período.

La medida alcanzará a los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo, desde el propio Presidente hasta los subsecretarios, y marcará el primer incremento salarial formal desde el inicio de la gestión libertaria. De acuerdo con fuentes oficiales, la recomposición quedará aproximadamente un 30% por debajo de la inflación, con el objetivo de mantener el discurso de austeridad sin desconocer el fuerte deterioro de los ingresos de la alta función pública.

El debate atravesó durante meses al Gabinete nacional. Desde diciembre de 2023, por decisión directa de Milei, los salarios de los funcionarios permanecieron congelados como señal política hacia la sociedad, en un contexto de ajuste fiscal y recortes del gasto público. Incluso, en marzo de 2024, un intento de actualización impulsado por el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue rápidamente anulado mediante el Decreto 235/2024, que apelaba al “ejemplo” que debían dar los dirigentes en un escenario de crisis económica.

Actualmente, el presidente percibe un salario de $4.066.018, mientras que la vicepresidenta cobra $3.764.820 y los ministros del Gabinete alrededor de $3.584.006. Los secretarios y subsecretarios, en tanto, registran ingresos que oscilan entre los $3,2 y $2,9 millones. Estas cifras contrastan con las dietas del Poder Legislativo, donde los senadores nacionales superan los $9,5 millones brutos y los diputados rondan los $7 millones, una diferencia que alimentó el malestar dentro del Ejecutivo.

Con el paso de los meses, el reclamo interno se volvió más intenso. Funcionarios de distintos niveles advirtieron sobre la dificultad de sostener equipos técnicos en áreas clave, frente a la creciente brecha entre los salarios del sector público y los del ámbito privado. En algunos casos, esa situación derivó en renuncias y vacantes difíciles de cubrir, especialmente en puestos de alta responsabilidad y carga laboral.

La redacción final del decreto estuvo a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal Murphy, y contó con el aval político de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y de ministros estratégicos como Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quienes inicialmente se mostraban reticentes a avanzar con la medida. Finalmente, se optó por un esquema que vincula las subas a las paritarias de los empleados públicos encuadrados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), negociadas con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Ese acuerdo salarial estableció una mejora del 2% para diciembre y un incremento acumulado del 9,68% entre junio y fin de año, parámetros que servirán como referencia para la recomposición de los sueldos políticos. Otra alternativa que se evaluó fue equiparar los salarios del Ejecutivo con los del Congreso, pero esa opción fue descartada por el propio Milei para evitar un mayor costo político.

El calendario electoral de 2025 también jugó un rol clave en la postergación de la decisión. En un año atravesado por disputas legislativas y definiciones políticas, el Gobierno optó por diferir el anuncio para no alimentar cuestionamientos en plena campaña. Sin embargo, hacia el cierre del año, el diagnóstico interno fue contundente: el atraso salarial se había vuelto insostenible.

“Ya no daba para más”, reconoció un funcionario con acceso a las discusiones internas, al tiempo que admitió que la presión y la sobrecarga de trabajo, combinadas con salarios depreciados, estaban provocando una salida constante de cuadros técnicos. El malestar se profundizó al comparar los ingresos del Ejecutivo con los recientes aumentos otorgados a los senadores, que desde noviembre perciben más de $10 millones brutos, aunque algunos legisladores de La Libertad Avanza decidieron renunciar a esa suba.

La actualización de los salarios del Ejecutivo, no obstante, vuelve a poner en primer plano la brecha con el Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijado en $334.800 para diciembre, y con el sueldo promedio del país, que en octubre se ubicó en torno a los $1.483.740. Un contraste que, aunque incómodo para el discurso oficial, refleja las tensiones estructurales que atraviesan al Estado en un contexto de ajuste, inflación y redefinición del rol del sector público.