La Casa Rosada aceleró las conversaciones con los diez gobernadores del Norte Grande para conseguir respaldo en el Senado al proyecto de Zonas Frías y, al mismo tiempo, abrir una negociación por un régimen tarifario diferencial para las provincias donde las altas temperaturas disparan el consumo de electricidad durante el verano.

La estrategia del Gobierno consiste en separar ambos debates. El oficialismo pretende que la iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados complete su recorrido legislativo sin modificaciones que obliguen a devolverla a la Cámara baja. Como contrapartida política, busca habilitar una discusión específica para atender el reclamo de los mandatarios del norte por las denominadas “zonas cálidas”.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó al frente de las conversaciones con los gobernadores.

Durante los últimos días mantuvo contactos para intentar acercar posiciones antes del encuentro del Norte Grande que se realizará este miércoles en Posadas, donde está prevista la presencia de los diez mandatarios de la región.

La reunión tendrá una particularidad que excede la cuestión energética. Los gobernadores llegan con distintas posiciones frente al gobierno de Javier Milei, pero comparten un reclamo vinculado con el costo de la electricidad y el impacto que tienen las temperaturas extremas sobre el consumo de los hogares.

El anfitrión será el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

También participarán Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Ricardo Quintela, de La Rioja, y Gildo Insfrán, de Formosa.

Para la Casa Rosada, alcanzar un entendimiento con todos o con una mayoría significativa de los mandatarios podría convertirse en una señal política importante. Sin mayoría propia en el Congreso, el Gobierno necesita construir acuerdos con bloques provinciales para avanzar con su agenda legislativa.

Y el Senado representa uno de los principales escenarios de esa negociación.

Santilli negocia con los gobernadores para evitar cambios en el Senado

El objetivo inmediato del oficialismo es que el proyecto de Zonas Frías consiga la sanción definitiva sin que el reclamo de las provincias del norte termine incorporándose al texto.

La discusión parte de una diferencia climática que los gobernadores consideran central. El régimen de zonas frías contempla las necesidades de aquellos territorios donde las bajas temperaturas incrementan el consumo energético destinado a calefacción. Los mandatarios del Norte Grande sostienen que una situación similar ocurre durante el verano en sus provincias, aunque por un motivo diferente: el uso intensivo de equipos de refrigeración.

En buena parte del norte argentino, el aire acondicionado y otros sistemas destinados a combatir las altas temperaturas pueden convertirse en una necesidad durante períodos prolongados. Esa situación aumenta el consumo residencial y, consecuentemente, el impacto de las facturas de electricidad sobre los presupuestos familiares.

La intención de los gobernadores es que esa particularidad sea contemplada mediante un esquema de tarifa diferencial. Sin embargo, el Gobierno busca evitar que ese reclamo modifique ahora el proyecto que ya superó la primera etapa parlamentaria.

La alternativa que comenzó a tomar forma consiste en avanzar por dos caminos.

Primero, garantizar la aprobación de Zonas Frías en el Senado. Después, abrir una discusión específica para elaborar un régimen destinado a las llamadas zonas cálidas.

La fórmula permitiría que ambas partes obtengan algo de la negociación. La Casa Rosada conservaría el contenido de una iniciativa que considera prioritaria y, al mismo tiempo, evitaría que el reclamo energético de los gobernadores se transforme en un obstáculo parlamentario.

Los mandatarios, por su parte, tendrían una vía institucional para impulsar una propuesta que contemple el mayor consumo eléctrico provocado por el calor extremo.

La negociación también está marcada por experiencias recientes en el Congreso. El Gobierno ya comprobó que los gobernadores pueden modificar el rumbo de un proyecto cuando consideran que determinadas disposiciones afectan intereses de sus provincias.

Uno de los antecedentes fue el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo logró aprobar la iniciativa, pero tuvo que resignar dos capítulos que generaban resistencia y que eran considerados importantes dentro de su propuesta original.

Ese episodio dejó una señal para la Casa Rosada: negociar después de que un proyecto llega al recinto puede resultar mucho más costoso que construir previamente un acuerdo con los representantes provinciales.

Santilli intenta ahora adelantarse a ese escenario.

La búsqueda de consenso antes de la discusión parlamentaria apunta a reducir el riesgo de modificaciones y, al mismo tiempo, fortalecer la relación con gobernadores que pueden tener posiciones muy diferentes respecto de Milei.

La cuestión energética aparece así como un punto de contacto entre administraciones provinciales que no necesariamente comparten una misma estrategia política nacional.

Qué puede pasar con una eventual tarifa diferencial para las zonas cálidas

La discusión que se abrirá después de la aprobación de Zonas Frías será considerablemente más compleja. No alcanzará con definir que determinadas provincias sufren temperaturas elevadas: será necesario establecer criterios precisos para determinar quiénes podrían acceder a un eventual beneficio.

Uno de los principales interrogantes será definir qué territorios quedarían incluidos. No todas las localidades presentan las mismas condiciones climáticas y tampoco registran idénticos niveles de consumo energético.

También deberá establecerse durante qué meses funcionaría el régimen, cuáles serían las temperaturas de referencia y qué relación tendría el beneficio con los niveles de consumo de cada usuario.

Ese aspecto será determinante porque la intención del Gobierno es mantener una política de subsidios focalizados y evitar que cualquier nuevo esquema implique un aumento significativo del gasto público.

Por eso, una futura tarifa diferencial para las zonas cálidas deberá resolver una ecuación compleja: atender el mayor costo energético que enfrentan determinados hogares sin generar un impacto fiscal que contradiga los objetivos económicos de la administración de Milei.

El debate tendrá además una dimensión territorial.

Los gobernadores buscarán que el criterio no quede limitado a las capitales provinciales o a determinadas áreas urbanas, sino que contemple las distintas realidades climáticas dentro de cada distrito.

La definición de los beneficiarios podría convertirse en uno de los puntos más discutidos cuando comience la elaboración del proyecto.

También habrá que establecer cómo se financiaría el eventual beneficio. Ese punto será especialmente sensible porque cualquier modificación del esquema de tarifas tiene consecuencias sobre los usuarios, las empresas distribuidoras, el sistema energético y las cuentas públicas.

Por ahora, la discusión se encuentra en una etapa política. Los gobernadores buscan conseguir el compromiso de la Nación para que el reclamo sea transformado en una iniciativa legislativa, mientras el Gobierno pretende que esa negociación no interfiera con la sanción de Zonas Frías.

La reunión de Posadas será clave para determinar si existe una posición común.

Si los diez mandatarios logran acordar una estrategia, el Norte Grande podría presentarse ante la Casa Rosada y el Congreso con un reclamo regional unificado. Esa situación le daría mayor peso a la negociación y reduciría la posibilidad de que cada provincia deba discutir individualmente sus condiciones.

Para el Gobierno, en cambio, alcanzar un entendimiento significaría evitar un nuevo frente de conflicto con las provincias justo cuando necesita apoyo parlamentario para avanzar con otros proyectos.

La discusión sobre las tarifas eléctricas puede transformarse así en una pieza dentro de una negociación política mucho más amplia.

Obras, financiamiento y una nueva etapa en la relación entre Nación y provincias

La agenda de la Casa Rosada con los gobernadores no quedará limitada al Congreso. En paralelo con las conversaciones por Zonas Frías, el Gobierno busca mostrar avances concretos en infraestructura y financiamiento provincial.

En ese contexto, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán este jueves a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil y con Elías Suárez y avanzar en la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y contempla una inversión de $99.769 millones. Tendrá un plazo de ejecución estimado en 36 meses y alcanzará a unos 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero.

La obra contempla dos plantas potabilizadoras y aproximadamente 50 kilómetros de acueductos.

La participación de Santilli y Caputo en esa agenda muestra que la negociación entre Nación y provincias está tomando varias dimensiones al mismo tiempo. Mientras la Jefatura de Gabinete intenta construir consensos políticos, Economía interviene en los proyectos vinculados con financiamiento y obras.

Ese esquema puede convertirse en una herramienta para fortalecer la relación con gobernadores que necesitan respuestas concretas para sus distritos.

La situación adquiere mayor relevancia por el escenario parlamentario. El Gobierno necesita apoyos externos para aprobar proyectos y, en ese contexto, los mandatarios provinciales pueden convertirse en interlocutores centrales.

No se trata necesariamente de construir alianzas políticas permanentes. La estrategia oficial parece orientarse a alcanzar acuerdos específicos para cada iniciativa.

El caso de Zonas Frías es un ejemplo claro. El Gobierno pretende obtener respaldo para una iniciativa que ya fue aprobada por Diputados, mientras los gobernadores buscan instalar un nuevo debate sobre el impacto de las temperaturas extremas en las tarifas eléctricas.

Si ambas partes consiguen separar los tiempos legislativos, podrían evitar un choque directo y avanzar en paralelo.

El primer desafío será Posadas. Allí los diez gobernadores deberán definir si pueden construir una posición común sobre el reclamo energético y qué tipo de compromiso esperan obtener de la Nación.

Para Santilli, el resultado tendrá una importancia que excede la discusión tarifaria. Un acuerdo transversal con gobernadores de distintas orientaciones políticas le permitiría mostrar capacidad de negociación y, sobre todo, mejorar las condiciones para que el oficialismo consiga votos en el Senado.

Para los mandatarios, el beneficio potencial también es concreto: conseguir que el Gobierno acepte discutir un esquema que contemple el mayor consumo eléctrico provocado por las altas temperaturas.

Pero todavía no existe una nueva tarifa para las zonas cálidas. Lo que hay es una negociación política para construir las condiciones que permitan elaborar ese régimen.

Después deberán llegar las definiciones técnicas: qué zonas estarán incluidas, durante cuánto tiempo, qué usuarios serán beneficiarios, cómo se determinará el consumo y cuánto costará el esquema.

Ese será el verdadero desafío.

Mientras tanto, la Casa Rosada intenta que el primer paso sea más sencillo: asegurar la sanción de Zonas Frías en el Senado y evitar que las diferencias sobre el futuro régimen de zonas cálidas frenen el proyecto.

El encuentro de los diez gobernadores en Posadas será, por lo tanto, una prueba para la estrategia de negociación del Gobierno. Si logra cerrar un entendimiento, Milei tendrá una señal positiva en el Congreso y los gobernadores habrán conseguido instalar una demanda energética que puede impactar directamente sobre las facturas de los hogares del norte argentino.

La negociación recién comienza, pero el resultado puede marcar cómo será la relación entre la Casa Rosada y las provincias durante la próxima etapa legislativa.