El Gobierno nacional logró este martes el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, en una reunión de comisión atravesada por fuertes tensiones políticas y un dato que terminó de ordenar el escenario: el texto definitivo elimina el financiamiento específico para el Hospital Garrahan, deroga la ley de presupuesto universitario y deja sin efecto la Emergencia en Discapacidad. Con el acompañamiento del PRO, la UCR y gobernadores aliados, el oficialismo dejó el proyecto listo para ser tratado este miércoles en el recinto, junto con la ley de Inocencia Fiscal.

La comisión fue la primera y única instancia de debate. Apenas iniciado el encuentro, el oficialismo puso en circulación el dictamen, lo que generó malestar en bloques opositores y también sorpresa entre algunos aliados, ya que el texto no coincidía plenamente con el proyecto que el Ejecutivo había enviado en septiembre y que había obtenido dictamen en noviembre.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, abrió la reunión con una defensa general del Presupuesto y aseguró que el objetivo era avanzar rápidamente para “darle previsibilidad a los argentinos y a los inversores”, en línea con el discurso del presidente Javier Milei. Sin embargo, la discusión escaló cuando el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, exigió que se aclarara si el dictamen correspondía al mismo proyecto y, de no ser así, cuáles eran las modificaciones introducidas.

Bornoroni reconoció que el texto había sido modificado respecto de la versión anterior, aunque evitó detallar los cambios. Con el correr del debate, se confirmó el punto más sensible del nuevo proyecto: la derogación de leyes clave vinculadas a políticas sociales, educativas y sanitarias.

El dictamen incorpora un artículo que deroga las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a la Emergencia en Discapacidad y al financiamiento de las universidades nacionales. Además, elimina las partidas específicas destinadas al Hospital Garrahan, uno de los centros de referencia pediátrica más importantes del país. Desde el oficialismo argumentaron que, en el caso del Garrahan, el Estado ya cumplió con los compromisos asumidos, por lo que no resulta necesario mantener una asignación diferenciada en el Presupuesto.

El proyecto también introduce cambios estructurales en materia económica y social: propone indexar el tipo de cambio a la inflación, elimina la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y de otras asignaciones familiares, y redefine el esquema de gastos del Estado bajo el principio de equilibrio fiscal que impulsa el Ejecutivo.

Estas definiciones desataron una fuerte reacción de la oposición. Desde Fuerza Patria anunciaron que no acompañarán ni el Presupuesto 2026 ni la ley de Inocencia Fiscal y confirmaron la presentación de un dictamen propio. Según advirtieron, el proyecto consolida un ajuste profundo sobre áreas sensibles mientras mantiene beneficios impositivos para sectores específicos de la economía.

Martínez fue uno de los más críticos durante el debate. Sostuvo que fue el propio Gobierno el que decidió no contar con presupuesto durante 2024 y 2025 para manejar los recursos con mayor discrecionalidad, y cuestionó que ahora se impulse un texto que, lejos de ordenar las cuentas públicas, recorta derechos básicos. Entre los puntos centrales de su rechazo, mencionó la eliminación del financiamiento educativo, el desmantelamiento de políticas para personas con discapacidad y la falta de recursos para el sistema universitario.

Pero la comisión no se limitó a dos posiciones. El diputado Nicolás Massot, del interbloque Unidos, presentó un tercer dictamen de minoría con un discurso particularmente duro contra el oficialismo. El legislador cuestionó la lógica del Presupuesto y denunció una asignación desigual de recursos. Señaló que mientras se reducen impuestos en determinadas operaciones económicas y se aliviana la carga fiscal para algunos sectores empresariales, se eliminan fondos para hospitales, universidades y personas con discapacidad.

Massot también apuntó contra el uso de recursos de la ANSES y el esquema del fondo de cese laboral, al advertir que el Estado terminaría absorbiendo costos de despidos privados mientras se recortan políticas sociales esenciales. En ese marco, cuestionó que el Ejecutivo elimine leyes que ya habían sido sancionadas por el Congreso y luego ratificadas por amplias mayorías parlamentarias.

A pesar de las críticas, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría con 28 firmas: las propias más el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales y aliados. Dentro de ese apoyo se registraron seis disidencias. En paralelo, la ley de Inocencia Fiscal también obtuvo dictamen favorable con 28 firmas y cuatro disidencias.

Fuerza Patria reunió 18 firmas para su dictamen de minoría, al que se sumó el presentado por Unidos. Con este escenario, el Gobierno llegará al recinto con los números necesarios para intentar la media sanción de ambos proyectos, aunque el debate promete ser extenso y atravesado por fuertes cuestionamientos políticos, sociales y económicos.

La sesión de este miércoles será clave: no solo definirá el futuro del Presupuesto 2026, sino que pondrá en el centro de la escena el impacto del ajuste sobre áreas sensibles como la salud pediátrica, la educación universitaria y las políticas de discapacidad, en un Congreso que anticipa una discusión áspera y de alto voltaje político.