La sanción y posterior reactivación de la Ley de Emergencia en Discapacidad se convirtió en uno de los episodios más significativos en la tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo desde el inicio del gobierno de Javier Milei. La dinámica expuso, paso a paso, cómo la oposición logró acumular mayorías en ambas cámaras y obligar a la Casa Rosada a enfrentar un revés político de alto impacto.

El origen en Diputados

La ley fue aprobada en la Cámara de Diputados con un amplio consenso multipartidario que abarcó desde el kirchnerismo hasta sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales. El proyecto surgió a partir de reclamos históricos de organizaciones vinculadas a la discapacidad, quienes advertían sobre la insuficiencia de pensiones no contributivas, la falta de actualización de aranceles para prestaciones y la necesidad de compensaciones económicas.
La cámara baja definió que la emergencia se extendería hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año, y que las pensiones alcanzarían el 70% de la mínima.

El veto de Milei

Cuando el texto pasó al Ejecutivo, Javier Milei decidió vetarlo de manera total, argumentando que representaba un gasto fiscal imposible de sostener. El veto se presentó como una reafirmación de la doctrina libertaria de ajuste y austeridad. Fue la primera vez en dos décadas que un presidente enfrentaba la posibilidad real de que el Congreso revocara un veto.

La pulseada en el Senado

La oposición activó rápidamente el procedimiento para rechazar la decisión presidencial. El debate en la Cámara alta dejó ver el alineamiento transversal de bancadas: 63 votos contra 7, superando con holgura los dos tercios necesarios.
El discurso del peronista pampeano Pablo Bensusán marcó el tono: “Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden o quede condenada al olvido”. Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Eduardo Vischi (UCR) se sumaron desde una perspectiva crítica a la falta de sensibilidad social del Gobierno.
Incluso voces independientes, como la del santacruceño José María Carambia, advirtieron que si Milei desobedece la ley podría abrirse la puerta a un juicio político.

La definición

Con la votación, el Senado dejó sin efecto el veto y la ley quedó plenamente vigente, obligando al Ejecutivo a su implementación. El oficialismo, consciente de la derrota, deslizó que podría judicializar la norma para evitar su aplicación.

El impacto en la agenda de Milei

Este revés legislativo coloca a Javier Milei en una situación inédita:

• Debilidad institucional: el rechazo a su veto marca el segundo gran quiebre en su relación con el Congreso, después de la caída de la “Ley Bases” en su primera versión.
• Tensión con aliados: parte del PRO y de la UCR votaron en contra del Gobierno, lo que confirma la pérdida de sostén parlamentario.
• Costo político y social: el discurso presidencial de ajuste pierde fuerza frente a un tema de alta sensibilidad como la discapacidad, con familias y organizaciones movilizadas.
• Agenda judicial: si avanza la idea de judicializar la aplicación de la norma, el conflicto escalaría a un plano institucional aún más complejo.

En síntesis, la reactivación de la Ley de Emergencia en Discapacidad no solo devuelve derechos concretos a un sector vulnerable de la población, sino que también golpea de lleno la narrativa libertaria. El episodio desnuda que, cuando se articulan consensos legislativos amplios, la Casa Rosada queda sin capacidad de veto real, y deja a Milei en la disyuntiva de aplicar una norma que cuestiona el corazón de su política económica o desafiar abiertamente al Congreso y a la sociedad.