Las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires estarán marcadas por el debate en torno a las candidaturas testimoniales, una práctica cada vez más cuestionada en el escenario político argentino. Se trata de postulaciones realizadas por dirigentes que no tienen la intención de asumir el cargo en caso de ser electos, sino que su presencia en las listas busca traccionar votos a partir de su popularidad o peso territorial.

Frente a esta estrategia, los senadores nacionales por Mendoza de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodolfo Suárez (exgobernador) y Mariana Juri, presentaron un proyecto de ley en el Congreso para penalizar esta maniobra con una inhabilitación política de cuatro años para quienes incurran en ella. Según sus autores, el objetivo es «recuperar la confianza de la ciudadanía» y «restablecer el principio de representación genuina» que se ve vulnerado con estas prácticas.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa legislativa busca modificar el Código Nacional Electoral, incorporando un artículo que establezca expresamente que los candidatos que resulten electos pero no asuman el cargo serán inhabilitados para ocupar cargos electivos o partidarios por el plazo de cuatro años. Además, el proyecto contempla sanciones a los partidos políticos responsables, que deberán garantizar que sus listas estén integradas por personas con voluntad y compromiso de cumplir con el mandato.

“La simulación en las candidaturas es una forma de fraude a la buena fe del electorado. Estamos ante una práctica que degrada la democracia representativa y merece ser combatida desde el Congreso”, declaró Suárez al presentar el texto.

La situación en la provincia de Buenos Aires

En la antesala de los comicios, varios intendentes del conurbano bonaerense son señalados por apelar a las candidaturas testimoniales. En particular, los casos de Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Juan José Mussi (Berazategui) han despertado críticas por encabezar listas legislativas provinciales mientras mantienen firmes intenciones de continuar al frente de sus respectivos municipios.

Este mecanismo no es nuevo: fue utilizado en distintas oportunidades por el kirchnerismo y también por otros espacios políticos, principalmente como forma de garantizar una elección favorable y mantener el control de bancas legislativas. Sin embargo, en el actual contexto de malestar social y crisis de representatividad, la práctica genera cada vez más rechazo.

Repercusiones y debate

El proyecto radical se inscribe en una serie de intentos por parte de la oposición para transparentar el sistema electoral y frenar estrategias consideradas poco éticas. Desde sectores del oficialismo, sin embargo, suelen defender estas candidaturas bajo el argumento de que «todos los dirigentes tienen derecho a presentarse» y que en última instancia «es el votante quien decide».

Organizaciones de la sociedad civil y observatorios electorales han advertido sobre el impacto negativo que tienen las candidaturas testimoniales sobre la calidad institucional. “Los votantes eligen personas que luego no asumen. Eso rompe el contrato democrático”, sostienen desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

En un año electoral clave, donde las disputas locales y provinciales se entrelazan con las tensiones nacionales, el uso de estas candidaturas vuelve al centro de la escena política y parlamentaria. El avance del proyecto dependerá ahora del acompañamiento que consiga en ambas cámaras, en un Congreso atravesado por la fragmentación y la puja de intereses.