En una decisión que generó fuerte impacto dentro y fuera de las fuerzas de seguridad, la administración de Axel Kicillof dispuso la cesantía de 24 oficiales superiores de la Policía Bonaerense, acusados de realizar actividades políticas en favor de Maximiliano Bondarenko, ex comisario mayor de la fuerza y actual candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral. La medida, impulsada desde el Ministerio de Seguridad provincial, se enmarca en una investigación interna encabezada por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) que, según fuentes oficiales, reveló una presunta estructura política paralela dentro de la fuerza, con fines electorales y partidarios.

La pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas recibidas semanas atrás, que alertaban sobre movimientos irregulares en distintas dependencias de la Policía Bonaerense, especialmente en áreas de conducción. Según el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la denuncia original “contenía información detallada, nombres, estructuras y vínculos” entre los uniformados y Bondarenko. A partir de esa presentación, Asuntos Internos activó una serie de operativos sorpresivos que replicaron la lógica de allanamientos en busca de pruebas.

Los procedimientos, llevados a cabo en distritos como La Plata, Tres de Febrero, Florencio Varela y Exaltación de la Cruz, apuntaron a oficinas clave de la fuerza, entre ellas, la sede de la Policía Ecológica. En estos lugares se incautaron computadoras, documentos, carpetas y otros elementos que, según trascendió, contenían proyectos políticos, planificaciones de reforma institucional de la policía, y hasta documentos firmados por Bondarenko para su eventual presentación en la Legislatura. También se hallaron impresiones con membretes del partido La Libertad Avanza y material digital con simbología libertaria, incluyendo fondos de pantalla con la figura del león, emblema del espacio que lidera Javier Milei.

El informe elaborado por la AGAI considera estos hallazgos como evidencia concreta de una “organización paralela” dentro de la fuerza, con intenciones de “suplantar autoridades y articular políticamente en beneficio de un proyecto partidario”. En base a estas conclusiones, el gobernador Axel Kicillof avaló la decisión de cesantear a los 24 efectivos, medida que fue notificada en las últimas horas y que podría ampliarse en función del avance de la investigación.

Los oficiales removidos ocupaban cargos estratégicos y de mando, algunos con responsabilidades operativas en el conurbano bonaerense. Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la decisión responde a la necesidad de preservar la institucionalidad y la neutralidad de la fuerza, y subrayan que la normativa vigente prohíbe expresamente la participación política de los integrantes de la policía mientras se encuentren en funciones.

“La Policía no puede ser utilizada como herramienta de campaña electoral. Lo que hemos detectado es grave: no se trata de una simpatía política individual, sino de un intento de estructura paralela con fines partidarios dentro del Estado”, señalaron fuentes oficiales.

La investigación fue remitida a la Justicia Penal para que se evalúe si corresponde imputar a los involucrados por uso indebido de recursos públicos, violación de deberes de funcionario público o incluso asociación ilícita. No se descarta que puedan surgir nuevas derivaciones judiciales en los próximos días.

Por su parte, desde el entorno de Maximiliano Bondarenko denunciaron que la medida constituye “una persecución ideológica” y afirmaron que los policías cesanteados no violaron ninguna norma. En declaraciones públicas, el propio candidato sostuvo que “el gobierno está desesperado porque sabe que va a perder el control del conurbano” y aseguró que su campaña “se mantendrá firme pese a los intentos de intimidación”.

Bondarenko, que actualmente se desempeña como concejal en Florencio Varela, fue promovido en las listas de La Libertad Avanza con el respaldo de Karina Milei y el operador provincial Sebastián Pareja. Su candidatura, basada en un discurso de seguridad dura y denuncia de presuntas mafias dentro del aparato estatal, lo posiciona como una figura ascendente dentro del armado libertario en la provincia.

El caso, que estalla en pleno proceso electoral rumbo a los comicios del 7 de septiembre, tensiona aún más el clima político en Buenos Aires. Mientras desde el oficialismo insisten en que no permitirán la politización de las fuerzas de seguridad, la oposición denuncia una “caza de brujas” contra quienes simpatizan con propuestas contrarias al oficialismo.

La decisión de cesantear a los 24 oficiales no solo revela un conflicto profundo en el seno de la fuerza policial, sino que anticipa un nuevo eje de confrontación entre el gobierno provincial y La Libertad Avanza, en un escenario electoral cada vez más polarizado.