El Gobierno nacional dejó listo el proyecto de Inocencia Fiscal para ser debatido este miércoles en la Cámara de Diputados, en la misma sesión en la que se buscará aprobar el Presupuesto 2026. Con dictamen firmado y respaldo de bloques aliados, en el oficialismo descuentan que la iniciativa obtendrá media sanción sin mayores sobresaltos.

La propuesta fue impulsada por La Libertad Avanza y logró reunir 44 firmas en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal. El acompañamiento llegó desde el PRO, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales, incluidos espacios peronistas aliados, lo que consolida una mayoría suficiente para avanzar en el recinto.

El eje central del proyecto apunta a modificar el enfoque del sistema tributario argentino, con una lógica inversa a la vigente: el contribuyente pasa a ser considerado inocente hasta que el Estado demuestre lo contrario. Según el Gobierno, esta modificación busca reducir la carga administrativa, otorgar previsibilidad y generar un incentivo para que personas y pymes utilicen ahorros no declarados —principalmente dólares— en operaciones formales de la economía.

En ese sentido, la iniciativa sostiene que una menor presión de controles automáticos permitiría canalizar fondos hoy inmovilizados hacia el consumo, la inversión y la compra de bienes registrables, como inmuebles o automóviles, además de insumos para pequeñas empresas.

Uno de los puntos más relevantes es la reducción del plazo de prescripción del delito de evasión tributaria, que pasa a ser de tres años. Esto limita la posibilidad de iniciar denuncias penales por parte del organismo recaudador, aunque el texto también contempla un endurecimiento del esquema de multas por incumplimientos fiscales.

A su vez, el proyecto introduce cambios profundos en el Régimen Penal Tributario, con una actualización significativa de los montos mínimos para que una conducta sea considerada delito. La evasión simple eleva su umbral de punibilidad de 1,5 millones de pesos a 100 millones; la evasión agravada pasa de 15 millones a 1.000 millones; en el caso de la evasión previsional, el piso sube de 200 mil a 7 millones; mientras que el uso de facturas apócrifas también eleva su mínimo a 100 millones de pesos.

Desde el Ejecutivo explican que esta modificación dejaría sin efecto una gran cantidad de causas penales actualmente en trámite, lo que permitiría aliviar al sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en maniobras de mayor envergadura. El argumento oficial es que la persecución de infracciones menores genera un cuello de botella que no contribuye de manera efectiva a combatir la evasión estructural.

El texto también crea un régimen de Declaración Jurada Simplificada destinado a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan determinados parámetros de ingresos y patrimonio. Bajo este esquema, las declaraciones se presumen correctas salvo que el fisco detecte inconsistencias relevantes. La adhesión al régimen otorga efecto liberatorio respecto del impuesto a las ganancias de los períodos declarados, excepto en casos de omisiones graves o utilización de documentación falsa.

Durante el debate en comisión, la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió el espíritu de la reforma al señalar que busca “dar seguridad jurídica y previsibilidad” y poner fin a una lógica en la que el contribuyente “vive bajo amenaza permanente de inspecciones, sanciones o procesos penales”. En la misma línea, remarcó que el Estado debe asumir la carga de la prueba y no partir de una presunción de culpabilidad.

Desde la oposición peronista, en cambio, advirtieron que el proyecto podría terminar alentando la utilización de fondos no declarados y debilitar la capacidad de control del Estado. Plantearon además que la suba de los umbrales penales podría beneficiar principalmente a grandes contribuyentes con capacidad de planificación fiscal, en detrimento de una política activa contra la evasión.

Con el dictamen ya aprobado y el respaldo político asegurado, el proyecto de Inocencia Fiscal se encamina a un debate clave en Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con una de las reformas tributarias más significativas de su agenda económica, en paralelo a la discusión del Presupuesto que marcará el rumbo fiscal del próximo año.