El presidente Javier Milei firmará en los próximos días un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que busca eliminar o fusionar más de 50 organismos estatales. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene como objetivo reducir la estructura burocrática y eliminar organismos considerados innecesarios o redundantes.

La decisión se enmarca en la política de ajuste que Milei ha promovido desde su asunción, con el fin de disminuir el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado. Según fuentes del Gobierno, esta iniciativa responde a la necesidad de «reorganizar la administración pública nacional», fusionando aquellas dependencias que cumplen funciones similares y eliminando otras cuya existencia no se justifica.

El Alcance del DNU

El DNU en cuestión afectará a organismos desconcentrados y descentralizados en distintas áreas del Estado. Actualmente, la estructura gubernamental cuenta con:

• 40 organismos desconcentrados, entre agencias, comisiones y fuerzas de seguridad.
• 71 organismos descentralizados, incluyendo institutos y administraciones.
• 63 entes del sector público nacional, como empresas estatales.

Tras un exhaustivo análisis del organigrama estatal, el Gobierno determinó que varias de estas entidades pueden ser fusionadas o eliminadas. «Los vamos a cerrar, transformar o fusionar», declaró Milei en una reciente entrevista, destacando la necesidad de reducir la cantidad de normativas vigentes en el país.

Impacto en Ministerios y Organismos Claves

La reestructuración afectará a prácticamente todos los ministerios y organismos autónomos. Algunas de las dependencias que podrían ser eliminadas o fusionadas incluyen:

• Ministerio del Interior: Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico (ANPIDTI), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entre otros.
• Ministerio de Capital Humano: Biblioteca Nacional, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Radio y Televisión Universitaria.
• Ministerio de Defensa: Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), Tandanor, Fábrica Argentina de Aviones (FADEA).
• Ministerio de Economía: Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entre otros.
• Ministerios de Justicia y Salud: Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT), Instituto Nacional del Cáncer (INC), Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
• Ministerio de Transporte: Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El Gobierno apunta a que este DNU tenga un impacto similar al Decreto 70/2023, firmado en diciembre del año pasado, el cual desreguló distintos sectores de la economía y eliminó normativas que se consideraban obsoletas.

Repercusiones y Críticas

Si bien desde la Casa Rosada aseguran que la reestructuración es necesaria para mejorar la eficiencia del Estado, diversos sectores ya han manifestado su preocupación. Sindicatos y organizaciones sociales advierten sobre el impacto en el empleo público y en la capacidad del Estado para brindar servicios esenciales. En particular, la posible eliminación o reducción de organismos como CONICET, ANMAT y la Agencia Nacional de Discapacidad genera inquietud entre investigadores, profesionales de la salud y ciudadanos.

Por otro lado, sectores empresariales y economistas alineados con el oficialismo respaldan la medida, argumentando que la reducción del aparato estatal es clave para mejorar la competitividad del país y reducir el déficit fiscal.

El DNU, que se espera sea firmado por Milei en los próximos días, promete ser un nuevo punto de inflexión en la gestión del presidente y podría generar intensos debates en el Congreso y en la opinión pública. Resta ver cuál será el impacto real de estas modificaciones y cómo afectarán a la estructura estatal en el corto y mediano plazo.