En pleno corazón de Buenos Aires, la Plaza de Mayo se volvió a teñir de reclamos, indignación y resistencia. Este miércoles 23 de julio, cientos de jubilados, trabajadores y personas con discapacidad protagonizaron una movilización contundente que denunció no sólo la decisión política de vetar un aumento vital para sus haberes, sino también la sistemática represión que sufren quienes se atreven a alzar la voz frente al ajuste.

Esta movilización, que partió desde el Congreso de la Nación y se dirigió hacia la histórica plaza, no puede ser entendida como un simple reclamo salarial: es el grito desesperado de un sector social que se siente abandonado, invisibilizado y atacado por un modelo económico y político que prioriza las ganancias por sobre la dignidad humana.

El veto presidencial: una afrenta al derecho a una vejez digna

La reciente decisión de Javier Milei de vetar la ley que disponía un aumento en las jubilaciones, aprobado previamente en el Senado, constituye una clara manifestación del desprecio hacia quienes construyeron la nación con su trabajo y esfuerzo. Más que una cuestión de números, estamos frente a una cuestión ética: ¿cómo puede un gobierno justificar que sus jubilados y jubiladas deban vivir con un haber mínimo que apenas supera los 379 mil pesos, cuando la inflación y los costos básicos superan ampliamente esa cifra?

El veto no sólo anula una mejora económica necesaria, sino que envía un mensaje de exclusión y abandono. La suba rechazada de aproximadamente 20 mil pesos hubiera significado un alivio, aunque mínimo, para miles de personas que ven cómo sus ingresos se diluyen frente al aumento constante del precio de los medicamentos, la alimentación y los servicios esenciales.

El ajuste y la represión: dos caras de la misma moneda

Junto a la vulneración económica, la protesta fue reprimida por un despliegue policial desmedido que ya se ha vuelto habitual en las manifestaciones sociales. El operativo ordenado por Patricia Bullrich generó un ambiente de tensión y violencia, con empujones y gases lacrimógenos que dañaron a personas mayores y a quienes sólo buscaban hacerse escuchar.

Esta represión sistemática no es casual: responde a una estrategia política que busca silenciar las protestas populares y desmovilizar a los sectores vulnerables. Pero más que amedrentar, el uso de la fuerza exacerbada ha fortalecido la convicción de los jubilados y demás manifestantes para continuar luchando por sus derechos.

Más allá del aumento: la restitución de derechos

Los reclamos no se agotan en la actualización del haber mínimo. La demanda por la restitución de la entrega gratuita de medicamentos a través del PAMI es una reivindicación indispensable para garantizar la salud y calidad de vida de millones de argentinos y argentinas mayores. La precarización del sistema de salud y los recortes presupuestarios afectan directamente a los más débiles, quienes no sólo sufren la injusticia económica, sino también la negación de sus derechos básicos.

Asimismo, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, también vetadas, reflejan una política de Estado que desatiende y margina a quienes ya enfrentan mayores dificultades para acceder a la justicia social.

La responsabilidad del Estado y la sociedad

Resulta imperativo que el Estado reconozca su deuda histórica con los jubilados, trabajadores y personas con discapacidad. No se trata simplemente de brindar asistencias parciales o bonos temporales, sino de construir un sistema previsional sólido, equitativo y digno que garantice condiciones de vida adecuadas para quienes concluyen su etapa laboral.

La sociedad también debe reflexionar sobre el trato que se brinda a sus mayores y sectores vulnerables. La invisibilización y el abandono que sufren no sólo son injustos, sino que debilitan el tejido social y erosionan la democracia.

La lucha continúa

La marcha del 23 de julio es un nuevo capítulo en la resistencia que mantienen los jubilados y sus organizaciones, sindicales y sociales, que no claudican frente a la adversidad. Su lucha no es sólo por un aumento económico, sino por justicia, respeto y reconocimiento.

Desde Comunicadores LP reafirmamos nuestro compromiso de visibilizar estas voces, de acompañar los reclamos legítimos y de exigir a las autoridades la urgente necesidad de cambiar el rumbo económico y social que condena a millones a la precariedad.

Porque una sociedad que no cuida a sus mayores es una sociedad que pierde su humanidad.