Mientras en el Senado continúa el tratamiento de la Ley Bases, cada miércoles se consolida como una postal de tensión entre la ciudadanía movilizada y un Estado que responde con un creciente despliegue represivo. Ayer, miércoles 21 de mayo, no fue la excepción: miles de personas, en su mayoría jubilados, sindicatos y organizaciones sociales, se manifestaron frente al Congreso de la Nación en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno nacional, especialmente en materia previsional. La respuesta, una vez más, fue un operativo policial desmedido que incluyó gas pimienta, balas de goma y detenciones arbitrarias.

La escena se repite, pero no por eso pierde intensidad. Desde que el oficialismo logró media sanción para el paquete de reformas estructurales que propone la Ley Bases, cada miércoles se ha transformado en un termómetro de la conflictividad social. Esta semana, los reclamos se centraron en el desfinanciamiento del sistema previsional, el congelamiento de haberes y la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, agravada por la derogación de la fórmula de movilidad y la falta de un bono compensatorio.

En medio de la concentración, referentes de la CTA Autónoma, ATE Capital, la Corriente Clasista y Combativa, y centros de jubilados tomaron la palabra en un escenario montado sobre la Avenida Rivadavia. “Nos quieren invisibilizar, pero estamos de pie. No luchamos solo por nosotros, luchamos por el futuro de todos”, expresó una jubilada de 72 años que viajó desde Quilmes para participar de la protesta. A su alrededor, pancartas con consignas como “La patria no se vende” y “Con nuestros aportes no se negocia” resumían el sentir general.

Pero la jornada escaló en tensión cerca de las 17 horas, cuando un grupo de manifestantes intentó acercarse a las vallas dispuestas por la Policía Federal. El operativo respondió con gases lacrimógenos y disparos con balas de goma, provocando corridas y escenas de violencia que se viralizaron rápidamente en redes sociales. Al menos nueve personas resultaron heridas y otras cuatro fueron detenidas, entre ellas un periodista independiente que registraba los hechos con su celular.

Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, justificaron el accionar policial como una “defensa del orden público”. Sin embargo, organismos de derechos humanos como el CELS y la APDH denunciaron un “uso desproporcionado de la fuerza” y pidieron la liberación inmediata de los detenidos.

Mientras tanto, puertas adentro del Senado, el debate sobre la Ley Bases avanza entre negociaciones, dictámenes divididos y la mirada atenta de la Casa Rosada. El Gobierno busca aprobar el paquete legislativo como una señal de gobernabilidad y rumbo económico ante los mercados, pero enfrenta la resistencia de la oposición dialoguista y de los bloques provinciales, que exigen modificaciones clave.

Los miércoles frente al Congreso ya no son solo un día de sesión legislativa. Son el reflejo de un país que se discute tanto en los despachos como en la calle, donde los jubilados —a menudo tratados como una variable de ajuste— se han convertido en protagonistas de una resistencia que interpela al presente y al futuro de la Argentina.