El oficialismo vuelve a poner en agenda el Régimen Penal Juvenil en un Congreso fragmentado y con consensos frágiles. Mientras La Libertad Avanza evalúa insistir con los 13 años, sus socios parlamentarios advierten que avanzar más allá de los 14 puede dejar al proyecto sin quórum ni mayoría.

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad reapareció con fuerza en el inicio del año legislativo y volvió a exponer uno de los dilemas estructurales del Gobierno: hasta dónde tensar a sus aliados sin poner en riesgo la gobernabilidad parlamentaria. El nuevo Régimen Penal Juvenil figura entre las prioridades del oficialismo para las sesiones extraordinarias, pero el respaldo de los bloques dialoguistas no está garantizado en cualquier escenario. La señal que llega desde el PRO y la UCR es clara: acompañarán la reforma, pero solo si el piso de punibilidad se fija en los 14 años.

El proyecto original impulsado por el presidente Javier Milei proponía establecer los 13 años como edad mínima para la responsabilidad penal. Esa redacción fue modificada durante el extenso tratamiento legislativo de 2024 y 2025, cuando el oficialismo aceptó subir el umbral a los 14 para destrabar acuerdos. Ese entendimiento permitió construir un dictamen de mayoría amplio, aunque finalmente nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario tras el recambio de la Cámara de Diputados.

Ahora, con una nueva composición legislativa y un clima social marcado por la centralidad del debate sobre seguridad, dentro del Gobierno conviven dos miradas. Una, pragmática, que propone retomar el texto consensuado y avanzar rápido hacia la sanción de la ley. Otra, más confrontativa, que interpreta que el contexto político habilita a insistir con la versión original y bajar la edad a 13 años. Esa disputa interna es la que activó las advertencias de los aliados.

El consenso previo como activo político

El antecedente inmediato pesa en la discusión actual. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en julio de 2024 fue analizado durante meses en un plenario de comisiones que reunió a Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes y Justicia. El proceso incluyó negociaciones técnicas y políticas, cruces entre especialistas, y un trabajo fino para compatibilizar demandas de seguridad con estándares jurídicos y compromisos internacionales en materia de derechos del niño.

El dictamen de mayoría, alcanzado en mayo de 2025, fue firmado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, con algunas disidencias parciales. El texto establecía los 14 años como edad mínima de imputabilidad y redefinía el régimen de sanciones para delitos graves, con un tope de 15 años de prisión efectiva en los casos más extremos. Para los aliados, ese equilibrio fue el resultado de concesiones mutuas difíciles de repetir.

Desde el PRO sostienen que ese acuerdo no solo es el único viable desde el punto de vista parlamentario, sino también el más razonable en términos técnicos. Argumentan que no existe consenso científico robusto que avale que niños de 12 o 13 años tengan plena capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y las consecuencias jurídicas de los mismos. Estudios en neurociencias y pronunciamientos de organismos internacionales señalan que, a esa edad, el desarrollo cognitivo y emocional aún está en proceso.

A ese argumento se suma una cuestión operativa clave para el rendimiento real de la política pública. Bajar la edad de imputabilidad implica ampliar de manera significativa el universo de menores alcanzados por el sistema judicial. Según advierten en los bloques dialoguistas, el Estado argentino ya enfrenta serias dificultades para alojar, tratar y reinsertar a los jóvenes que hoy están bajo el régimen vigente. Sin una inversión sostenida en infraestructura, personal especializado y programas de acompañamiento, la ley corre el riesgo de quedar desfasada de la realidad.

El límite de los 14 años y la aritmética del Congreso

En la UCR la posición es similar. El radicalismo coincide en la necesidad de actualizar un régimen penal juvenil que consideran obsoleto, pero entiende que insistir con los 13 años puede hacer caer el delicado equilibrio de votos construido en el período anterior. “El tema ya está prácticamente alineado en una de las Cámaras”, repiten en el bloque, y advierten que volver a foja cero sería desperdiciar un consenso que costó meses de trabajo político.

La advertencia no es menor. La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia en Diputados y depende de manera estructural del acompañamiento del interbloque que integran el PRO, la UCR y otros espacios provinciales. Sin esos votos, el oficialismo no solo enfrenta dificultades para sancionar la ley, sino incluso para alcanzar el quórum de 129 legisladores necesario para abrir el debate en el recinto.

Desde los bloques aliados recuerdan que el apoyo a la agenda del Gobierno no es automático. En el PRO, además, persisten tensiones políticas no saldadas tras la salida de diputados alineados con Patricia Bullrich y su posterior incorporación a La Libertad Avanza. En ese contexto, marcar límites en debates sensibles funciona también como una señal de autonomía: acompañar, sí, pero con condiciones claras.

El oficialismo, por su parte, evalúa el impacto del clima social. Algunos sectores libertarios consideran que los reclamos por mayor seguridad y la repercusión de crímenes protagonizados por menores generan un escenario favorable para endurecer la propuesta. Sin embargo, los aliados advierten que la sensibilidad social no siempre se traduce en votos legislativos y que el Congreso responde a lógicas más complejas que el humor de la opinión pública.

Seguridad, política pública y riesgo de bloqueo

La discusión sobre la edad de imputabilidad se mueve así en una zona de tensión entre la demanda social de respuestas rápidas y las restricciones políticas e institucionales del sistema. Para el Gobierno, el desafío es encontrar un punto de equilibrio que le permita mostrar iniciativa en materia de seguridad sin quedar atrapado en un nuevo bloqueo parlamentario.

Los aliados insisten en que bajar la edad a 14 años ya representa un cambio significativo respecto del régimen actual y permitiría avanzar en una reforma integral del sistema de responsabilidad penal juvenil. Señalan que una ley sancionada, aunque no sea maximalista, tiene mayor impacto real que una iniciativa más dura que nunca llega a aplicarse.

En el trasfondo, también aparece la discusión sobre los costos del Estado y la sostenibilidad del sistema judicial. Ampliar el universo de menores imputables exige recursos presupuestarios, coordinación federal y políticas públicas complementarias en educación, salud y contención social. Sin ese andamiaje, advierten, la baja de la edad corre el riesgo de convertirse en una respuesta simbólica con bajo impacto estructural.

El Gobierno enfrenta así una decisión estratégica. Puede optar por retomar el texto consensuado y capitalizar un acuerdo amplio que le garantice una victoria legislativa, o puede insistir con su proyecto original y apostar a que el nuevo contexto político incline la balanza. Los aliados ya fijaron su posición y dejaron en claro que el apoyo tiene un límite. La definición final marcará no solo el futuro del Régimen Penal Juvenil, sino también la dinámica de la relación entre el oficialismo y los bloques que hoy sostienen su gobernabilidad en el Congreso.