En el oficialismo conviven, por estas semanas, dos certezas que ordenan la hoja de ruta del Gobierno de Javier Milei. La primera es que el proyecto de Modernización Laboral logrará finalmente su sanción en el Congreso, aun cuando el texto definitivo no sea idéntico al que salió originalmente de la Casa Rosada. La segunda es que esa victoria legislativa abrirá, casi de inmediato, un nuevo frente de conflicto: la judicialización de la reforma, con epicentro en la Justicia laboral y, como instancia final, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En Balcarce 50 admiten que el trámite parlamentario todavía tiene zonas grises. El Senado trabaja sobre modificaciones sugeridas por sectores dialoguistas de la oposición, especialmente en lo referido a convenios colectivos y artículos considerados minoritarios. El punto más sensible sigue siendo el capítulo vinculado a la rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas. Allí se juega una pulseada clave: si el oficialismo atenúa la aplicación del beneficio, los votos están; si insiste en el esquema original, la resistencia de gobernadores y legisladores provinciales podría hacer naufragar ese apartado.

El contexto fiscal condiciona cada decisión. Los datos de ARCA correspondientes a enero confirmaron una caída real de la recaudación por sexto mes consecutivo, una señal de alarma que se repite en los despachos del Ministerio de Economía y en la mesa política libertaria. “Los gobernadores no dimensionan lo ajustados que estamos y lo que implica resignar Ganancias en este momento”, reconoció una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo. La preocupación es compartida, aunque no todos sacan las mismas conclusiones.

Desde las provincias, algunos mandatarios evalúan que una reforma laboral que impulse la registración del empleo podría compensar, en el mediano plazo, la pérdida de recursos. Otros, en cambio, advierten que el ajuste ya fue demasiado profundo y que cualquier concesión adicional se traduce en un juego de suma cero. En ese marco, ningún gobernador está dispuesto a inmolarse políticamente si el oficialismo no muestra flexibilidad. La relación con Nación se volvió más transaccional y menos ideológica.

Aun así, el Gobierno logró gestos relevantes. Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, dos gobernadores que no se caracterizan por la condescendencia con Milei, evitaron recibir a la CGT durante su gira federal para frenar la reforma. Tampoco participaron del encuentro fallido en el Consejo Federal de Inversiones que buscaba unificar una postura provincial contra el proyecto libertario. En la Casa Rosada leyeron esas ausencias como señales de pragmatismo más que de alineamiento.

La reforma laboral y el escenario judicial que anticipa el oficialismo

Con la votación general prácticamente asegurada, el foco del oficialismo ya se desplazó hacia el día después. En el círculo rojo libertario descuentan que la reforma será judicializada apenas se promulgue. La experiencia reciente refuerza esa hipótesis: todas las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno terminaron en los tribunales, con suerte dispar. “Sabemos que van a venir por la ley. Siempre lo hacen, sobre todo cuando toca intereses laborales”, sintetizó un funcionario con llegada directa al Presidente.

En el entorno de Milei sostienen que existe una simbiosis histórica entre la Justicia laboral, estudios jurídicos especializados y el sindicalismo, a la que responsabilizan por haber generado un marco que desincentivó la contratación formal durante décadas. Incluso hablan de un impacto negativo equivalente a varios puntos del PBI. La reforma, afirman, apunta a romper ese esquema sin eliminar derechos, una narrativa que el Gobierno buscará sostener tanto en el plano político como en el judicial.

La Casa Rosada asume que el conflicto recorrerá todas las instancias y que terminará en la Corte Suprema, hoy integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las líneas de diálogo con el Poder Judicial fueron administradas, hasta ahora, por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien funciona como revisor final de la estrategia institucional. Milei, por su parte, se mantiene al margen de la rosca judicial y evita pronunciarse sobre fallos o jueces, una decisión política que, según destacan en el Gobierno, permitió sostener reformas sin interferencias explícitas.

En el oficialismo detectan matices dentro del máximo tribunal. Creen que uno o dos ministros muestran una mirada más moderna sobre el mercado laboral, capaz de compatibilizar la protección del trabajador con la necesidad de dinamizar el empleo privado. Sin embargo, nadie quiere explicitar nombres ni forzar lecturas. La apuesta es que las cautelares no prosperen y que, en caso de llegar a la Corte, la ley sea finalmente convalidada.

La defensa jurídica del proyecto recaerá en la Procuración del Tesoro, bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona. El ministro retomó su actividad a fines de enero y, aunque su continuidad no fue ratificada públicamente por los hermanos Milei, sigue siendo una pieza clave en el esquema actual. En el oficialismo asumen que su salida es una posibilidad a futuro, pero no en el corto plazo, en plena disputa judicial.

El rediseño del armado libertario y la pelea por Buenos Aires en 2027

En paralelo a la batalla institucional, La Libertad Avanza avanza en un rediseño político de mayor alcance, con la mirada puesta en las elecciones de 2027. La provincia de Buenos Aires es el principal objetivo y, al mismo tiempo, el mayor desafío. Allí, el oficialismo nacional entiende que no alcanza con acuerdos de cúpula ni con trasvasar dirigentes de otros espacios sin una estrategia territorial sólida.

En ese contexto se inscribe la reaparición pública de Diego Santilli junto a Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense. La foto, difundida por Ritondo, tuvo como excusa formal la discusión sobre la reforma laboral y la edad de imputabilidad, pero fue leída en clave electoral. En el entorno de Santilli remarcan que Ritondo sigue siendo un actor central en la Cámara de Diputados y un socio necesario para la gobernabilidad. En el PRO, en cambio, algunos interpretaron la imagen como una ratificación del vínculo de Santilli con el Gobierno libertario.

El macrismo bonaerense asume que no hay margen para competir dividido frente al peronismo. Sin balotaje, la fragmentación se paga caro. Ritondo trabaja para renovar su conducción partidaria, con Soledad Martínez como vicepresidenta, e integrar a referentes como Guillermo Montenegro y Pablo Petrecca. Este último es observado con atención por los libertarios: su salida de la alianza con LLA en 2025 para competir con Somos dejó heridas abiertas y funciona como antecedente de desconfianza.

En La Libertad Avanza, el armado provincial está bajo la conducción de Sebastián Pareja, quien impulsa una estrategia distinta a la de años anteriores. Aunque no descartan una coalición con el PRO y sectores de la UCR, advierten que los acuerdos partidarios no garantizan cohesión. Por eso, complementan el diálogo con Ritondo y Maximiliano Abad con negociaciones directas con intendentes, legisladores y dirigentes locales, para evitar fugas y pactos paralelos.

Un punto de inflexión será la votación en la Legislatura bonaerense sobre la reelección de los intendentes. En el oficialismo libertario lo consideran una prueba de lealtad. “Si la votan, arrancamos mal”, admitió un operador de LLA, dejando en claro que el comportamiento legislativo condicionará cualquier acuerdo futuro.

Desde el entorno de Karina Milei evitan dramatizar las fotos y los gestos. Reconocen que Ritondo y Santilli representan segmentos del electorado a los que LLA aspira, pero aclaran que no se va a “limar” a ningún ministro ni a ceder el control del armado. La lógica es clara: construir una fuerza competitiva, con sello propio, capaz de disputar la provincia sin quedar rehén de viejas internas partidarias.

La reforma laboral, su judicialización y el reordenamiento político bonaerense forman parte de un mismo tablero. En la Casa Rosada entienden que lo que está en juego no es solo una ley, sino la capacidad del Gobierno de sostener un rumbo frente a resistencias estructurales. El desenlace de esa disputa, en los tribunales y en el territorio, será determinante para el proyecto libertario de cara a 2027.