La Legislatura porteña debate la creación de la Ley de Ejecución Penal de la Ciudad, un proyecto que cambiará para siempre la manera en que se piensa la justicia y la seguridad ciudadana.

La legisladora Inés Parry (UCR Evolución), presidenta de la Comisión de Justicia, destacó la necesidad de un abordaje consensuado e integral para reducir la reincidencia. Además, subrayó la importancia de contar con una Ley de Ejecución Penal propia, adaptada a las particularidades de la jurisdicción porteña. La Ciudad de Buenos Aires, donde viven más de 4 millones de personas, no tiene un lugar propio para que quien comete un delito cumpla su condena y se prepare para volver a la comunidad. Los 6.000 detenidos actualmente están hacinados en cárceles o comisarías y, cuando ingresan al sistema federal porque la ciudad no cuenta con uno propio, son enviados a establecimientos de otras provincias. Esto genera enormes complicaciones para crear oportunidades de trabajo y educación que mejoren la capacidad de reinserción social.

¿De qué se trata este cambio?

En lugar de pensar en las cárceles como lugares de castigo, se está diseñando un sistema que funcione como una escuela de segunda oportunidad enfocada en la protección de la sociedad. La perspectiva de ver a la cárcel como un lugar para encerrar delincuentes solamente, no funciona. La tasa de reincidencia es muy alta. Es necesario hacer de ese tiempo en el encierro una oportunidad para que cada persona que ingrese genere su propio «Plan de Vida» – como un mapa personalizado que incluye educación, trabajo, salud y desarrollo personal. Este enfoque no busca facilitar la experiencia carcelaria para quien comete un delito, sino crear un sistema más seguro para todos los ciudadanos, donde quienes salen de prisión tengan menores probabilidades de volver a delinquir.

Si bien el tema esta en debate, desde la UCR y desde varios bloques se impulsa que:
Las víctimas: Por primera vez, tengan voz activa en las decisiones sobre beneficios penitenciarios y puedan participar en procesos de justicia restaurativa. Su rol será central en el sistema, ya que podrán expresar sus necesidades y ser escuchadas en cada etapa del proceso penal. Esta participación no solo reconoce su derecho a la verdad y la reparación, sino que también contribuye a un sistema más justo y transparente.

Las personas privadas de libertad: Tendrán derechos garantizados, desde alimentación digna hasta la posibilidad de mantener vínculos familiares. Su preparación para la reinserción social será integral, no como un beneficio personal, sino como una responsabilidad hacia la sociedad que los recibirá nuevamente.

La comunidad: Será parte activa del proceso de reinserción, porque entendemos que la seguridad se construye entre todos. Los ciudadanos serán los principales beneficiarios de un sistema que reduce efectivamente la reincidencia.

¿Por qué es urgente?

Hoy, de cada 10 personas que salen de prisión, 4,5 vuelven a delinquir. Se busca cambiar esa realidad, construyendo un Instituto de Inserción Social que trabaje con cada persona para que, cuando salga, tenga las herramientas necesarias para una vida digna y no represente una amenaza para la sociedad.
Esta ley no es solo sobre cárceles; es sobre abordar la problemática de la inseguridad y el delito de manera real y efectiva. Pone a la víctima en el centro del sistema y establece principios claros: transparencia en las decisiones, respeto por los derechos humanos de víctimas y de quienes cometieron delitos, y un enfoque especial para grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.