La inflación en Argentina terminó 2025 con un incremento acumulado del 31,5%, el registro anual más bajo desde 2017 y una señal clara de cambio en la dinámica de precios de la economía local. El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tras conocerse que en diciembre los precios subieron 2,8%, una cifra que, aunque todavía elevada, confirma la continuidad del proceso de desaceleración iniciado el año anterior. El resultado no solo implica una reducción drástica frente a los niveles extremos registrados en 2023 y 2024, sino que también redefine el punto de partida para las discusiones económicas de 2026, en un contexto donde el foco empieza a desplazarse desde la urgencia inflacionaria hacia la sostenibilidad del modelo.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se lo observa en perspectiva histórica. En 2024, la inflación había cerrado en 117,8%, luego de un 2023 marcado por un 211,4%, uno de los niveles más altos desde la hiperinflación. La baja de más de 86 puntos porcentuales en apenas un año refleja un cambio profundo en las condiciones macroeconómicas, aunque no necesariamente una normalización completa. Para hogares, empresas y gobiernos, el nuevo escenario implica una transición: la inflación dejó de crecer de manera explosiva, pero sigue siendo un factor determinante en salarios, consumo, tarifas y expectativas.

El cierre de 2025, además, instala un interrogante central para el año en curso: si la desaceleración lograda es el inicio de una etapa más estable o si se trata de un punto intermedio antes de un nuevo equilibrio, todavía frágil y condicionado por múltiples variables.

Diciembre, los precios regulados y el comportamiento del consumo

El último mes de 2025 mostró una inflación del 2,8%, levemente superior al 2,5% registrado en noviembre. Esta aceleración moderada no respondió a un rebrote generalizado, sino a factores puntuales vinculados a la recomposición de precios relativos que atravesó la economía durante todo el año. En particular, los ajustes en sectores regulados volvieron a tener un peso significativo, en un contexto donde el atraso acumulado durante años comenzó a corregirse de forma más visible.

Transporte fue la división que más aumentó en diciembre, con una suba del 4%, impulsada por incrementos en combustibles, tarifas y servicios asociados a la movilidad. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 3,4%, explicada por actualizaciones en alquileres, expensas y tarifas de servicios públicos. Estos rubros, de fuerte impacto en el presupuesto familiar, explicaron buena parte de la presión inflacionaria del último mes del año.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, el componente de mayor incidencia en el índice general, tuvo un comportamiento más heterogéneo. Si bien algunos productos registraron aumentos relevantes, especialmente carnes y derivados, otros mostraron bajas estacionales que ayudaron a moderar el impacto total. Esta combinación permitió que el IPC no superara el umbral del 3%, a pesar de las tensiones existentes en sectores clave.

En contraste, los menores aumentos se observaron en Prendas de vestir y calzado, con una suba del 1,1%, y en Educación, que prácticamente se mantuvo estable con un incremento del 0,4%. Estos datos reflejan un consumo todavía cauteloso y una mayor competencia en determinados mercados, factores que limitaron la capacidad de traslado a precios en un escenario de menor expansión de la demanda.

Desde el punto de vista de las categorías, los precios regulados lideraron el aumento mensual con una suba del 3,3%, seguidos por el IPC núcleo, que avanzó 3%, mientras que los precios estacionales mostraron un incremento mucho más acotado. La composición del índice confirma que la inflación residual de fines de 2025 estuvo más asociada a decisiones administrativas y ajustes pendientes que a una dinámica inflacionaria generalizada.

Las razones de la desaceleración y el cambio de régimen inflacionario

La fuerte baja de la inflación en 2024 y 2025 no fue un fenómeno espontáneo, sino el resultado de un conjunto de decisiones económicas orientadas a reducir la nominalidad de la economía. Uno de los pilares de este proceso fue la corrección del desequilibrio fiscal, que permitió cortar con una dinámica histórica de déficit financiado mediante emisión monetaria. Durante los años previos, la asistencia del Banco Central al Tesoro había sido uno de los principales motores de la inflación, con niveles de emisión que superaron ampliamente los estándares regionales.

El freno a ese mecanismo, junto con una política monetaria más restrictiva, contribuyó a reducir la presión sobre los precios. A esto se sumó un esquema cambiario que funcionó como ancla nominal, con una apreciación real significativa que ayudó a moderar los precios de los bienes transables. En conjunto, estas medidas permitieron llevar la inflación mensual a una zona cercana al 2%, algo que no se observaba desde hacía varios años.

Sin embargo, el proceso tuvo costos y tensiones. La recomposición de precios relativos implicó aumentos concentrados en servicios públicos, energía y transporte, que impactaron de manera directa en el poder adquisitivo. Al mismo tiempo, la apreciación cambiaria abrió debates sobre la competitividad de la economía y la sostenibilidad del esquema a mediano plazo, especialmente en un contexto de necesidad de acumulación de reservas.

El resultado de 2025 marca, así, un cambio de régimen inflacionario más que una solución definitiva. La inflación dejó de ser explosiva y pasó a un terreno más previsible, pero todavía elevado en términos internacionales. Este nuevo escenario plantea desafíos distintos, donde la clave ya no es solo bajar la inflación, sino hacerlo de manera sostenible sin generar desequilibrios adicionales.

Qué esperan los analistas para 2026 y el impacto en la economía cotidiana

Las proyecciones para 2026 anticipan una continuidad en el proceso de desaceleración, aunque a un ritmo más lento. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado estima una inflación anual del 20,5%, una cifra que implicaría una nueva mejora respecto de 2025, pero que todavía mantiene a la economía en niveles elevados. El Presupuesto oficial proyecta un IPC mucho menor, del 10,1%, aunque esa meta es vista con cautela por la mayoría de las consultoras privadas.

Uno de los factores determinantes para el año será la evolución del tipo de cambio, especialmente tras los cambios en el esquema de bandas. El hecho de que los límites se actualicen por inflación con rezago introduce un nuevo grado de incertidumbre y reduce el nivel de anclaje nominal que había caracterizado a la etapa anterior. Esto podría generar mayores presiones sobre los precios de los bienes transables y obligar a una mayor coordinación entre la política cambiaria, monetaria y fiscal.

En este contexto, los analistas señalan que el foco del programa económico podría desplazarse hacia herramientas más finas, como el uso de tasas de interés reales positivas y una gestión activa de las expectativas. La credibilidad de la política económica será clave para evitar un rebrote inflacionario y para sostener la tendencia descendente lograda hasta ahora.

La evolución de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires refuerza este diagnóstico. En diciembre de 2025, el índice porteño mostró una suba mensual del 2,7% y acumuló un aumento interanual del 31,8%, en línea con el promedio nacional y también en clara desaceleración. Los mayores aumentos se concentraron en transporte y servicios, mientras que alimentos y otros rubros mostraron una dinámica más moderada.

El cierre de 2025 deja, en definitiva, un escenario distinto al de años anteriores. La inflación sigue siendo un problema estructural, pero ya no domina la agenda con la misma urgencia. Para los hogares, el desafío pasa ahora por la recomposición del ingreso real; para las empresas, por la planificación en un entorno más previsible; y para el Estado, por sostener la estabilidad sin recurrir a anclas artificiales. La desaceleración está en marcha, pero su consolidación dependerá de decisiones que todavía están por tomarse.