El gobierno de Javier Milei atraviesa horas críticas en el Congreso. Apenas un día después de la derrota sufrida en el Senado, donde se revirtieron los vetos presidenciales sobre la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, la oposición volvió a dar una señal de fuerza política y convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles 8 de octubre al mediodía. El temario, cargado de iniciativas de alto impacto institucional, apunta a reformar el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), impulsar la remoción del diputado José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y someter a interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la posibilidad de que avance una moción de censura en su contra.

El primer punto de la agenda, considerado el más delicado por el oficialismo, busca modificar la ley 26.122 que regula el funcionamiento de los DNU. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, establece que el Congreso debe pronunciarse en un plazo máximo de 90 días corridos sobre cada decreto firmado por el Poder Ejecutivo. Si ese debate no se produce, el DNU queda automáticamente invalidado. Además, el proyecto dispone que la aprobación debe ser explícita en ambas Cámaras, de manera que la falta de tratamiento o un rechazo en una sola de ellas implicaría su caída. Para la oposición, esta modificación significaría poner límites claros a un gobierno con minoría legislativa, que hasta ahora se ha apoyado en la herramienta de los decretos para sortear la falta de consensos. Para Martín Menem, presidente de la Cámara y principal espada libertaria, impedir que esta reforma avance es el objetivo político central: de aprobarse, el Ejecutivo perdería buena parte de su capacidad de maniobra.

El segundo tema que figura en la sesión también genera fuertes tensiones. Se trata de la propuesta para desplazar a José Luis Espert de la conducción de la Comisión de Presupuesto, luego de las denuncias que lo acusan de “incumplimiento de funciones” por haber mantenido inactiva a la comisión durante varios meses. A esto se suma el ruido político en torno a sus vínculos con Fred Machado, empresario radicado en Estados Unidos que es investigado por presuntas conexiones con el narcotráfico. El propio gobernador Axel Kicillof pidió en las últimas horas que Espert “dé explicaciones verosímiles” ante la gravedad de las acusaciones.

La tercera discusión se centra en la figura de Guillermo Francos. El jefe de Gabinete deberá asistir a la sesión para brindar precisiones sobre la ley de emergencia en discapacidad, sancionada pero aún sin aplicación efectiva. Desde el oficialismo argumentan que la norma carece de un esquema de financiamiento y que los recursos disponibles no alcanzan para implementarla. En la oposición, en cambio, sostienen que se trata de una decisión política del Gobierno y advierten que, si Francos no presenta una reasignación presupuestaria que permita poner en marcha la ley, avanzarán con un pedido de moción de censura. Este mecanismo, incorporado en la reforma constitucional de 1994, habilita al Congreso a remover al jefe de ministros por razones políticas, y en caso de prosperar representaría un golpe directo a uno de los hombres clave de Milei en la negociación con gobernadores y bloques aliados.

El temario de la sesión no se agota allí. También está previsto emplazar a la Comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite al tratamiento del proyecto de ingresos y gastos de 2026, con la intención de evitar que el debate quede postergado indefinidamente. La oposición busca impedir que el oficialismo prorrogue, por tercer año consecutivo, el presupuesto 2023. Además, se incluyó la discusión sobre la designación del nuevo Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la declaración de nulidad de la cláusula suspensiva del decreto 681/25 en materia de discapacidad, y un paquete de medidas vinculadas a la emergencia productiva, financiera, tarifaria y laboral para las MiPyMEs.

Entre otros puntos relevantes, figuran proyectos que reclaman la reafirmación de las atribuciones exclusivas del Congreso en materia de endeudamiento externo, pedidos de informes al ministro de Economía Luis Caputo por las negociaciones de un eventual blindaje financiero con Estados Unidos, y la posibilidad de citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que expliquen los audios que salpican al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en presuntos pagos ilegales.

La oposición también llevará a debate la derogación del decreto que permite la importación irrestricta de maquinaria usada, junto con reformas en el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), medidas de financiamiento científico y un pedido para recomponer los fondos del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Finalmente, se discutirá una modificación en la distribución de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, que podría servir como una herramienta de presión para sumar a los gobernadores a la construcción del quórum necesario.

Con esta convocatoria, los bloques opositores —Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el espacio de ex libertarios nucleados en Coherencia— buscan consolidar una agenda común que limite el margen de acción de la Casa Rosada. Para el Gobierno, la sesión representa un nuevo frente de tormenta, en un escenario en el que la debilidad parlamentaria se combina con denuncias, disputas internas y la creciente presión de gobernadores e intendentes.