El debate por la posible reforma de la Ley de Glaciares volvió a colocar en el centro de la escena la protección de las principales reservas de agua dulce del país. La norma 26.639, sancionada en 2010, estableció presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglacial como bienes estratégicos. Ahora, el Gobierno nacional impulsa cambios que podrían modificar el alcance de esas protecciones y habilitar actividades actualmente prohibidas en zonas consideradas sensibles desde el punto de vista ambiental.

La discusión no es meramente técnica. En un contexto de crisis climática global y creciente presión sobre los recursos naturales, la regulación de los ecosistemas de alta montaña adquiere una dimensión política y social más amplia. Los glaciares cumplen funciones clave en la provisión de agua, la regulación de caudales y la estabilidad de sistemas ecológicos complejos. Por eso, cualquier modificación normativa genera preocupación entre especialistas en derecho ambiental, organizaciones sociales y comunidades que dependen de esos recursos.

En Argentina, uno de los ejemplos más emblemáticos es el Glaciar Perito Moreno, ubicado en la Patagonia. Aunque no es el único ni el más extenso del país, su imagen sintetiza la importancia estratégica de estos cuerpos de hielo, que alimentan ríos y sostienen economías regionales. La ley vigente buscó justamente blindar ese patrimonio natural frente a actividades que pudieran alterar su funcionamiento.

Qué establece la Ley 26.639 y cuál es su alcance

La Ley de Glaciares reconoce a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Esto implica que no solo protege las masas de hielo visibles, sino también las áreas circundantes donde el suelo congelado y los procesos de acumulación de nieve cumplen un rol fundamental en la dinámica del agua. De su deshielo dependen ríos, arroyos y lagos que abastecen consumo humano, riego agrícola, ganadería, turismo y distintas actividades productivas.

Uno de los pilares de la norma fue la creación del Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración quedó a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Este relevamiento permitió identificar y delimitar las áreas que debían quedar bajo protección especial. En esas zonas, la ley prohíbe expresamente la exploración y explotación minera, la actividad hidrocarburífera, la construcción de determinadas obras de infraestructura y cualquier emprendimiento que implique la liberación de sustancias contaminantes o alteraciones significativas del ambiente glaciar y periglacial.

La ley tiene carácter de presupuesto mínimo ambiental. Esto significa que rige en todo el territorio nacional y fija un piso de protección que las provincias pueden complementar, pero no reducir. La Constitución Nacional establece, en su artículo 41, que la Nación debe dictar normas de presupuestos mínimos para garantizar el derecho a un ambiente sano, mientras que el artículo 124 reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. El equilibrio entre ambas disposiciones es uno de los ejes centrales del debate actual.

Desde su sanción, la ley fue considerada un hito en la legislación ambiental argentina. También fue objeto de controversias y litigios, especialmente en provincias con fuerte presencia de actividad minera. Sin embargo, su espíritu original apuntó a establecer límites claros frente a proyectos extractivos en zonas de alta sensibilidad ecológica.

Qué propone la reforma impulsada por el Gobierno

El proyecto de modificación promovido por el Ejecutivo, con respaldo de algunos gobernadores, introduce cambios que podrían flexibilizar el régimen vigente. Entre los puntos más relevantes, se contempla la posibilidad de que las provincias autoricen actividades mineras e hidrocarburíferas en áreas periglaciales, bajo determinados criterios técnicos.

Además, se habilitaría la revisión del Inventario Nacional de Glaciares, lo que podría redefinir los límites de las zonas protegidas. Esto implicaría que áreas hoy consideradas bajo resguardo podrían quedar sujetas a nuevas evaluaciones, con el potencial de permitir emprendimientos que actualmente están vedados.

Otro aspecto cuestionado es la eventual eximición de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental Estratégicas para actividades que no estén expresamente prohibidas. Para especialistas en derecho ambiental, esta modificación podría debilitar los mecanismos preventivos que buscan anticipar y mitigar daños.

Quienes respaldan la reforma argumentan que es necesario brindar mayor seguridad jurídica y promover inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo económico. Sostienen que la legislación actual genera restricciones excesivas y que las provincias deben contar con mayor margen de decisión sobre sus recursos naturales.

Sin embargo, juristas y organizaciones ambientales advierten que los cambios podrían tensionar el esquema constitucional de presupuestos mínimos. Si la Nación reduce el estándar de protección, se abriría la puerta a un escenario de menor exigencia ambiental en áreas de alto valor ecológico.

El principio de no regresividad y el debate de fondo

Uno de los conceptos más invocados en la discusión es el principio de no regresividad ambiental. Este principio, reconocido en el ordenamiento jurídico argentino a partir de la incorporación del Acuerdo de Escazú mediante la Ley 27.566, establece que el Estado no debe retroceder en los niveles de protección alcanzados. En otras palabras, una vez fijado un estándar ambiental, no debería disminuirse sin una justificación excepcional y debidamente fundamentada.

Desde esta perspectiva, flexibilizar las prohibiciones vigentes podría interpretarse como un retroceso en la tutela de bienes comunes esenciales. La preocupación no se limita al plano jurídico: también abarca la seguridad hídrica de regiones que dependen del deshielo para sostener actividades productivas y abastecer a la población.

En paralelo al debate legislativo, organizaciones ambientalistas difundieron relevamientos que documentan intervenciones en zonas de alta montaña donde la normativa actual restringe actividades extractivas. Estas denuncias alimentan la sospecha de que una reforma podría terminar regularizando situaciones que hoy estarían en tensión con la ley vigente.

El punto central de la controversia es si el país mantiene un límite firme para proteger glaciares y ambientes periglaciales o si redefine esos márgenes en función de proyectos económicos en marcha. En un escenario de cambio climático, donde el retroceso de los glaciares es un fenómeno comprobado a nivel global, la preservación de estas reservas adquiere una relevancia aún mayor.

Más allá de las posiciones enfrentadas, el debate pone en evidencia una discusión estructural sobre el modelo de desarrollo. ¿Es posible compatibilizar actividades extractivas con la protección estricta de ecosistemas frágiles? ¿Qué riesgos se asumen al modificar estándares de cuidado ambiental? ¿Cómo se equilibran las competencias entre Nación y provincias?

La reforma propuesta no solo redefine aspectos técnicos de una ley específica. También interpela la política ambiental argentina y su compromiso con la protección de recursos estratégicos. En juego no está únicamente la regulación de actividades productivas, sino la garantía de acceso al agua dulce para generaciones presentes y futuras.

En definitiva, la discusión sobre la Ley de Glaciares excede el plano normativo. Se trata de una definición sobre prioridades: preservar ecosistemas clave frente a presiones económicas o flexibilizar reglas en busca de mayor dinamismo productivo. En tiempos de incertidumbre climática y creciente demanda de recursos, el alcance de esa decisión tendrá impactos que irán mucho más allá del debate parlamentario.

Foto: Archivo LN