La discusión por la Ley de Inocencia Fiscal 2 volvió a generar tensión en la Cámara de Diputados. La diputada nacional Romina Del Plá, integrante del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), rechazó el proyecto durante el debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal y anticipó que su espacio presentará un dictamen en contra de la iniciativa.

La legisladora cuestionó especialmente los mecanismos que, según su interpretación, podrían reducir controles sobre determinados contribuyentes y sostuvo que el nuevo esquema terminaría favoreciendo a sectores vinculados con la evasión y la fuga de capitales.

El planteo se produjo un día después de que el plenario de comisiones emitiera un dictamen de mayoría sobre el proyecto impulsado por el Gobierno. La iniciativa quedó así en condiciones de continuar su recorrido parlamentario y, según el cronograma informado, podría llegar al recinto de Diputados el próximo 26 de agosto.

La controversia se concentra en una reforma que el Ejecutivo presentó como una manera de profundizar y fortalecer el régimen de Inocencia Fiscal. El Gobierno había anunciado en julio que buscaba ampliar el alcance de la declaración jurada simplificada de Ganancias y modificar distintos mecanismos de fiscalización.

Para Del Plá, sin embargo, la iniciativa representa un retroceso en materia de controles. La diputada sostuvo que el debate no puede separarse de la situación económica y social que atraviesa el país y cuestionó que el Congreso discuta una flexibilización fiscal mientras trabajadores y jubilados enfrentan un escenario de ingresos deteriorados.

Qué cuestionó Romina Del Plá del proyecto de Inocencia Fiscal 2

Uno de los puntos centrales de la crítica de Del Plá está relacionado con la incorporación del artículo 40 bis a la Ley 27.799. Según expresó durante el debate, esa modificación podría generar un mecanismo que, a su entender, permitiría regularizar determinados fondos mediante la incorporación al régimen simplificado.

La diputada utilizó una de las expresiones más fuertes de su intervención al advertir sobre el riesgo de que el sistema pueda utilizarse para dar apariencia de legalidad a recursos cuyo origen debería ser investigado. Se trata de una acusación política formulada por la legisladora y no de una conclusión judicial sobre el proyecto.

El Gobierno, en cambio, sostiene que la reforma apunta a simplificar el sistema tributario y otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes. El proyecto oficial busca ampliar las herramientas previstas en la Ley 27.799, sancionada a comienzos de 2026, que introdujo modificaciones al régimen penal tributario y creó un sistema de declaración jurada simplificada.

La iniciativa original ya había generado un fuerte debate entre especialistas, contribuyentes y sectores políticos. Entre otros cambios, la Ley 27.799 modificó los montos vinculados con distintas infracciones y delitos tributarios, además de establecer nuevas reglas para determinados procedimientos de fiscalización.

La segunda etapa del proyecto busca profundizar algunas de esas modificaciones. De acuerdo con la explicación oficial difundida en julio, uno de los cambios está relacionado con los requisitos para ingresar al sistema de declaración jurada simplificada de Ganancias. El Gobierno había establecido como referencia un límite de ingresos anuales de $1.000 millones, un patrimonio máximo de $10.000 millones y la condición de no ser considerado Gran Contribuyente por las normas de ARCA.

En ese contexto, la discusión parlamentaria enfrenta dos miradas contrapuestas. El oficialismo presenta la reforma como una herramienta para reducir burocracia y fortalecer la seguridad jurídica de los contribuyentes. La oposición advierte que una flexibilización demasiado amplia podría dificultar la tarea de fiscalización.

Para Del Plá, el problema no se encuentra solamente en los detalles técnicos de la reforma. Su crítica apunta al modelo económico general del Gobierno y a la relación entre las nuevas reglas tributarias, la evasión y la fuga de capitales.

Evasión, multas y controles: los puntos que generan mayor tensión

La diputada del FIT-U también cuestionó las modificaciones vinculadas con las sanciones por incumplimientos tributarios. Según sostuvo, el proyecto incorpora mecanismos que podrían reducir multas y facilitar determinadas situaciones para quienes hayan incurrido en infracciones.

Entre sus críticas mencionó además las consecuencias que podría tener la iniciativa sobre las sanciones relacionadas con incumplimientos laborales en determinadas actividades. Desde su perspectiva, esas modificaciones reducirían los costos que deben afrontar algunos empleadores ante determinadas infracciones.

Otro de los puntos señalados por Del Plá está relacionado con la manera en que ARCA podría detectar y acreditar una eventual evasión. La legisladora sostuvo que el nuevo esquema podría generar dificultades para demostrar determinadas maniobras si los organismos de control deben atravesar requisitos más restrictivos.

La discusión sobre este punto es especialmente relevante porque la Ley de Inocencia Fiscal ya había modificado de manera significativa las reglas tributarias. La normativa vigente elevó numerosos montos de referencia para multas y determinadas conductas previstas en la legislación fiscal.

Al mismo tiempo, especialistas tributarios señalaron que la nueva legislación busca cambiar la relación entre los contribuyentes y la administración fiscal. La reforma introdujo una presunción de exactitud para determinados contribuyentes que cumplen las condiciones previstas y modificó las reglas sobre fiscalización y prescripción.

La segunda iniciativa aparece, entonces, como una profundización de un cambio que comenzó con la Ley 27.799. El oficialismo pretende consolidar un sistema en el que los contribuyentes que se incorporen al régimen simplificado tengan mayor protección frente a determinadas acciones de fiscalización, mientras que sus críticos reclaman que esa protección no limite la capacidad del Estado para investigar inconsistencias importantes.

La controversia también tiene una dimensión política. El proyecto necesita atravesar el Congreso y el oficialismo deberá mantener los acuerdos alcanzados con sectores dialoguistas. De hecho, durante el tratamiento en comisión se incorporó la exclusión total de funcionarios públicos de los beneficios del régimen, luego de negociaciones con bloques aliados. Esa modificación contribuyó a que el dictamen de mayoría reuniera 44 firmas.

Ese cambio es relevante porque demuestra que el texto que finalmente llegue al recinto no necesariamente será idéntico a la versión originalmente impulsada por el Poder Ejecutivo. El debate en las comisiones funciona también como un espacio de negociación política donde pueden incorporarse modificaciones para ampliar el respaldo parlamentario.

Para la oposición de izquierda, esos cambios no alcanzan. Del Plá anunció que el FIT-U presentará un dictamen de rechazo y cuestionó la orientación general de la iniciativa.

El proyecto que busca el Gobierno y la alternativa que plantea la izquierda

La Ley de Inocencia Fiscal 2 forma parte de la agenda económica que el Gobierno busca impulsar durante la segunda mitad de 2026. El objetivo oficial es modificar y ampliar el régimen vigente para facilitar determinados mecanismos de declaración y reducir cargas administrativas para contribuyentes alcanzados por el sistema.

El Ejecutivo había presentado el proyecto como una forma de fortalecer la normativa vigente. Entre las modificaciones anunciadas se encuentran cambios en el régimen simplificado de Ganancias y nuevas condiciones para determinar cuándo existe una discrepancia significativa entre lo declarado por un contribuyente y la información detectada por la administración tributaria.

Para la oposición, el desafío consiste en evitar que la simplificación termine debilitando los controles. Esa es precisamente la posición expresada por Del Plá, quien sostuvo que el Estado debe conservar herramientas eficaces para detectar evasión y fuga de capitales.

La legisladora también vinculó el debate con la situación económica general. En su exposición cuestionó el nivel de endeudamiento y afirmó que las políticas oficiales están trasladando el peso del ajuste sobre trabajadores y jubilados.

Desde el Frente de Izquierda, la alternativa planteada es de una naturaleza completamente diferente. Del Plá propuso avanzar hacia la nacionalización de la banca y del comercio exterior bajo control de los trabajadores, además de abrir los libros contables de las empresas y profundizar las medidas contra la fuga de capitales.

También reclamó una reforma tributaria progresiva, con una mayor carga sobre las grandes rentas y fortunas y una reducción del peso relativo de los impuestos sobre los trabajadores.

La posición del FIT-U marca una diferencia estructural con la propuesta oficial. Mientras el Gobierno busca simplificar el sistema tributario, reducir regulaciones y ampliar mecanismos de protección para determinados contribuyentes, la izquierda propone aumentar la intervención estatal y profundizar los controles sobre los grandes capitales.

Ahora, el foco estará puesto en el recorrido parlamentario del proyecto. Después del dictamen de mayoría en comisiones, la iniciativa quedó encaminada hacia el recinto, donde el oficialismo deberá volver a negociar para conseguir los votos necesarios. El tratamiento está previsto para el 26 de agosto, de acuerdo con la información disponible tras la aprobación del dictamen.

El rechazo anunciado por Del Plá anticipa una discusión intensa. La Ley de Inocencia Fiscal 2 no solo pone en juego modificaciones técnicas sobre Ganancias, fiscalización y régimen penal tributario: también expone dos concepciones opuestas sobre el papel del Estado frente a los contribuyentes y al capital.

La definición del Congreso permitirá conocer hasta dónde llegará la reforma y qué cambios aceptará el oficialismo para sostener el respaldo de los bloques dialoguistas. También determinará cuáles serán los límites del nuevo régimen y qué herramientas conservará ARCA para controlar posibles inconsistencias.

En ese escenario, la denuncia de Romina Del Plá se suma a una discusión que promete crecer durante las próximas semanas. El Gobierno buscará convertir la Inocencia Fiscal 2 en una nueva pieza de su programa económico, mientras que la oposición intentará frenar o modificar los aspectos que considera perjudiciales para la fiscalización.

El próximo capítulo se trasladará al recinto de Diputados, donde el proyecto deberá enfrentar una nueva instancia de negociación política. Allí quedará definido si la reforma avanza tal como fue acordada en las comisiones o si los bloques opositores y aliados logran introducir nuevos cambios antes de una eventual votación.