María Mabel Gorosito, de apenas 18 años, recuperó su libertad tras permanecer detenida por apuñalar a su ex novio durante un altercado ocurrido en Ensenada. La excarcelación extraordinaria fue decidida por la jueza Marcela Garmendia, quien fundamentó su resolución considerando el contexto de violencia de género en el que se produjo el hecho, la edad de la imputada y su falta de antecedentes penales. A pesar de la liberación, Gorosito sigue procesada por tentativa de homicidio, y la justicia impuso medidas estrictas para garantizar la seguridad de la víctima.

El caso ha generado repercusión en medios locales y nacionales, y pone sobre la mesa la importancia de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de delitos, así como la necesidad de combinar protección de víctimas y derechos de jóvenes involucradas en conflictos de violencia doméstica.

El inicio del incidente y versión de la defensa

Según la defensa de María Mabel Gorosito, el altercado no fue provocado por ella, sino que se desencadenó de manera inesperada durante un encuentro en la casa de un amigo en común. La joven habría actuado para protegerse de un posible daño mayor, impulsada por una situación de tensión que se volvió violenta.

Los abogados detallaron que el vínculo con su ex novio estaba marcado por episodios previos de violencia de género y hostigamiento, elementos que fueron considerados clave en la evaluación judicial. La perspectiva de la defensa es que la reacción de Gorosito fue consecuencia de un contexto de amenaza, y no un acto premeditado, planteando la importancia de analizar la situación con enfoque de género.

Especialistas en derecho penal señalan que casos donde víctimas de violencia reaccionan con acciones ilícitas requieren un análisis detallado que contemple factores psicológicos, sociales y de vulnerabilidad. La justicia no solo debe sancionar, sino también considerar los contextos que pueden influir en la conducta de una persona joven frente a la violencia.

Resolución judicial: excarcelación y medidas de conducta

En su fallo, la jueza Marcela Garmendia señaló que “el ilícito de autos se habría cometido en un vínculo marcado por intensa violencia de género que la habría tenido como víctima, como también su corta edad -tan solo 18 años-, la carencia de antecedentes condenatorios, la existencia de un domicilio y familia dispuesta a acompañarla, junto al proyecto de continuar con sus estudios secundarios”.

La magistrada concluyó que estas circunstancias, evaluadas con perspectiva de género, permitían otorgar la excarcelación extraordinaria, al considerar que la joven no intentaría eludir la acción de la justicia y que los riesgos procesales se neutralizan.

Además, se le impusieron medidas de conducta estrictas: restricción de acercamiento a la víctima, prohibición de contacto por cualquier medio —teléfono, correo electrónico o redes sociales— y obligación de cesar cualquier acto de hostigamiento o intimidación hacia la víctima, su domicilio, lugares de trabajo y espacios de esparcimiento. Estas medidas buscan equilibrar la libertad de Gorosito con la protección de la víctima, asegurando que la justicia cumpla con su doble función: sancionar y prevenir nuevos incidentes.

Perspectiva de género, seguridad y debate social

El caso subraya la necesidad de aplicar perspectiva de género en los procesos judiciales, especialmente cuando se trata de jóvenes víctimas de violencia que reaccionan con actos ilícitos. Reconocer la violencia de género como factor determinante en la conducta no significa exonerar responsabilidades, sino permitir que la justicia considere el contexto de vulnerabilidad y riesgo.

Organizaciones de derechos humanos y expertos en violencia doméstica destacan la importancia de combinar la protección de víctimas con programas de contención para jóvenes, incluyendo asistencia psicológica, acompañamiento familiar y apoyo educativo. Estas medidas buscan reducir la revictimización y permitir la reinserción social de quienes enfrentan conflictos de violencia.

El caso de Gorosito también plantea un debate sobre la responsabilidad social y estatal para prevenir situaciones similares, fortaleciendo redes de protección, educación en derechos y mecanismos de prevención de violencia adolescente. En paralelo, la aplicación de medidas judiciales restrictivas asegura que la libertad de la imputada no represente un riesgo para terceros, balanceando derechos y seguridad.

La liberación de María Mabel Gorosito marca un precedente en el enfoque judicial hacia casos de violencia de género que involucran a adolescentes, destacando la importancia de medidas proporcionales, supervisión judicial y acompañamiento social. Mientras continúa el proceso por tentativa de homicidio, tanto la víctima como la sociedad estarán atentas a los próximos pasos del caso.

Este episodio evidencia la necesidad de un sistema judicial que combine rigor legal, sensibilidad social y perspectiva de género, garantizando justicia sin sacrificar la protección de los más vulnerables. Asimismo, refleja cómo políticas integrales de prevención y acompañamiento pueden ser clave para abordar conflictos complejos donde la violencia, la edad y la vulnerabilidad se intersectan, asegurando que la ley no solo sancione, sino que también proteja y prevenga.