El ministro de Justicia continúa con la reorganización de su equipo tras asumir el cargo. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, oficializó la designación del nuevo subsecretario de Política Criminal, un área clave para la definición de estrategias contra el delito en el país.

El funcionario tendrá entre sus responsabilidades asistir en el diseño de la política criminal de la Nación, coordinar programas vinculados a la asistencia a víctimas y fortalecer mecanismos institucionales dentro del sistema judicial.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, continúa con el armado de su equipo y oficializó la designación de Emiliano Pedro Méndez Ortiz como subsecretario de Política Criminal. El nombramiento fue formalizado mediante el decreto 150/2026 publicado en el Boletín Oficial y forma parte de una serie de cambios que el funcionario impulsa dentro de la cartera desde que asumió la conducción del ministerio.

La nueva incorporación se enmarca en un proceso de reorganización institucional que busca redefinir prioridades dentro del Ministerio de Justicia, particularmente en áreas vinculadas con la persecución penal y la elaboración de estrategias frente a distintos tipos de delitos. En este contexto, la Subsecretaría de Política Criminal cumple un rol central en el diseño de herramientas para mejorar la respuesta del Estado ante problemáticas delictivas.

Con la designación de Méndez Ortiz, el ministerio busca fortalecer un área técnica encargada de articular programas, impulsar iniciativas de política pública y colaborar en la definición de lineamientos estratégicos que orienten la actuación del sistema judicial y de los organismos vinculados a la política criminal.

Cómo funcionará la Subsecretaría de Política Criminal

La Subsecretaría de Política Criminal tiene entre sus principales funciones asistir al secretario del área en la definición de la política criminal de la Nación y colaborar en la ejecución de acciones destinadas a fortalecer el sistema de justicia. Se trata de un espacio clave dentro del ministerio, ya que interviene en la elaboración de programas y en la coordinación de iniciativas orientadas a mejorar la prevención, investigación y sanción de distintos delitos.

Dentro de las responsabilidades que tendrá el nuevo funcionario se encuentra la coordinación del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Este programa se encarga de brindar asistencia integral a víctimas de explotación y trata de personas, ofreciendo acompañamiento psicológico, social y legal para facilitar su recuperación y reinserción.

El área también participa en el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, un mecanismo que busca garantizar la seguridad de aquellas personas que colaboran con investigaciones judiciales sensibles. La protección de testigos resulta fundamental para el avance de causas complejas, especialmente en investigaciones vinculadas a redes criminales o delitos organizados.

Además, la subsecretaría impulsa iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia y la calidad institucional dentro del sistema de justicia. Esto incluye el desarrollo de programas orientados a optimizar la coordinación entre organismos estatales, fortalecer la transparencia y promover herramientas que permitan una respuesta más efectiva frente a distintos fenómenos delictivos.

La designación de Méndez Ortiz apunta a reforzar el trabajo técnico dentro de esta área, considerada estratégica para la elaboración de políticas públicas vinculadas con la criminalidad y el funcionamiento del sistema judicial.

Los cambios que impulsa Mahiques en el Ministerio de Justicia

La incorporación del nuevo subsecretario se suma a otros movimientos que el ministro viene impulsando dentro de la cartera. Desde que asumió el cargo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, el titular de Justicia comenzó a reorganizar distintos organismos y dependencias con el objetivo de redefinir el funcionamiento del ministerio.

Entre los cambios que aún se encuentran en proceso aparece el posible nombramiento de Matías Gabriel Álvarez al frente de la Unidad de Información Financiera, el organismo encargado de prevenir e investigar operaciones vinculadas al lavado de dinero.

Álvarez es un fiscal especializado en criminología con trayectoria en investigaciones vinculadas al crimen organizado. Desde diciembre de 2023 se desempeña como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad, conocida como PROCUNAR, donde participa en investigaciones relacionadas con narcotráfico y delitos complejos.

Su perfil combina experiencia en investigaciones judiciales con actividad académica. Se graduó con honores en la Universidad de Buenos Aires y actualmente cursa un doctorado en criminología, mientras desarrolla tareas docentes en el ámbito del derecho penal.

En el plano internacional, también participa en espacios de cooperación judicial. Desde 2017 se desempeña como co-coordinador adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, una estructura impulsada por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que promueve la colaboración entre fiscales de distintos países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Además, ha colaborado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, participando en proyectos vinculados a la elaboración de legislación modelo sobre crimen organizado y en la redacción de guías regionales de buenas prácticas para la persecución penal.

Su eventual llegada a la UIF se interpreta como parte de una estrategia orientada a fortalecer el abordaje técnico en la investigación de delitos financieros y redes delictivas vinculadas al lavado de activos.

Cambios en organismos clave y auditorías en marcha

El proceso de reorganización del Ministerio de Justicia también incluyó decisiones vinculadas a organismos descentralizados que dependen de la cartera. En ese contexto, el ministro solicitó la renuncia de Ernesto Gaspari, quien se desempeñaba al frente de la Unidad de Información Financiera, así como del titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo.

Gaspari había asumido el cargo luego de la renuncia de Paul Starc, quien dejó su puesto a fines de enero. Aunque desde el Gobierno se había destacado su trayectoria profesional en gestión pública y privada, la nueva conducción del ministerio decidió avanzar con una revisión más amplia de las autoridades de distintos organismos vinculados a la supervisión institucional.

La reorganización también generó expectativas en torno al funcionamiento de la Asociación del Fútbol Argentino, luego de que la Inspección General de Justicia dispusiera la designación de veedores para analizar aspectos administrativos y financieros de la entidad.

En los primeros días de gestión surgieron versiones sobre posibles cambios en esos veedores, pero finalmente el ministro optó por mantenerlos en sus funciones para garantizar la continuidad del proceso de auditoría. La revisión incluye el análisis de balances, contratos y movimientos económicos vinculados a la principal institución del fútbol argentino.

Durante la última etapa de la gestión anterior, además, se había firmado un segundo pedido de veedores para ampliar el alcance de la auditoría y revisar no solo la administración central de la entidad, sino también otras unidades de negocio relacionadas con el fútbol profesional y amateur.

En este contexto de revisiones y reconfiguración institucional, la designación del nuevo subsecretario de Política Criminal aparece como una pieza más dentro del esquema de cambios que impulsa el Ministerio de Justicia. Con un equipo todavía en proceso de consolidación y varias áreas bajo evaluación, la cartera busca avanzar en una agenda que combine reorganización administrativa, fortalecimiento de organismos de control y actualización de las políticas criminales del Estado.