El oficialismo busca firmar dictamen el martes y debatir la iniciativa el miércoles. El PRO, la UCR y el MID reclaman modificaciones sobre seguridad nacional, libertad de expresión e infraestructura crítica para acompañar la propuesta.

El Gobierno busca acelerar el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y aprovechar los acuerdos políticos con sus aliados para avanzar en la Cámara de Diputados. Tras una semana atravesada por las disputas parlamentarias y el intento opositor de derogar el DNU 70/23, La Libertad Avanza apunta a conseguir dictamen el martes 20 de octubre y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente.

La negociación se concentra en introducir cambios que permitan sumar el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), sin modificar los principales objetivos del texto enviado por la Casa Rosada. La propuesta contempla mayores sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur y, al mismo tiempo, establece nuevas herramientas de coordinación estatal para enfrentar amenazas a la seguridad nacional.

El desafío para el oficialismo consiste en alcanzar un acuerdo sobre los artículos más cuestionados sin dividir el proyecto en dos iniciativas diferentes. Mientras el peronismo planteó separar las disposiciones relacionadas directamente con Malvinas del resto del articulado, los libertarios prefieren conservar la estructura integral y negociar modificaciones puntuales para construir una mayoría.

Proyecto sobre Malvinas: qué sanciones propone el Gobierno

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el endurecimiento de las sanciones contra las actividades de explotación de recursos naturales que se desarrollen en el Atlántico Sur sin autorización argentina. El alcance de la propuesta supera la actividad hidrocarburífera e incluye la explotación de recursos renovables y no renovables, con el objetivo de abarcar distintas actividades económicas que puedan afectar los intereses nacionales.

El proyecto contempla multas y posibles suspensiones o cancelaciones de habilitaciones vigentes en la Argentina para las empresas involucradas. También prevé consecuencias para socios y proveedores, además de restricciones para contratar con personas o compañías inhabilitadas. La responsabilidad de los proveedores podría alcanzar a quienes conozcan que sus servicios contribuyen a actividades prohibidas.

Estas disposiciones constituyen la parte más directamente vinculada con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales de la región. Sin embargo, el debate legislativo se amplió hacia otros aspectos que generan preocupación entre los bloques que suelen acompañar al oficialismo.

La iniciativa propone crear un sistema permanente de coordinación estatal que abarque las áreas diplomática, económica, jurídica, cibernética, militar y de inteligencia. El Consejo de Seguridad Nacional sería el organismo encargado de articular ese esquema, con la participación del Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

El texto también incorpora nuevas infracciones vinculadas con amenazas a la seguridad nacional. Entre las conductas contempladas figuran las interferencias clandestinas, engañosas o coercitivas en decisiones de autoridades argentinas, los ataques contra infraestructuras críticas y el financiamiento de esas acciones.

El oficialismo sostiene que estas herramientas permitirían responder de manera coordinada frente a riesgos que exceden el ámbito militar. Los aliados, en cambio, reclaman definiciones más precisas para evitar que las nuevas facultades estatales se interpreten de manera demasiado amplia o generen superposiciones entre organismos.

PRO, UCR y MID exigen cambios sobre seguridad y libertad de expresión

Uno de los principales puntos de conflicto es el artículo 111, que establece penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, una organización o un agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.

El PRO y la UCR expresaron reparos sobre la redacción de ese apartado. La preocupación de ambos espacios es que una definición imprecisa de la injerencia extranjera pueda afectar el ejercicio de la actividad periodística, académica o del debate público.

Las objeciones coinciden con las advertencias formuladas por organizaciones del sector de la comunicación, entre ellas la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). El planteo central es que la norma debe diferenciar con claridad las operaciones extranjeras destinadas a interferir en asuntos internos de las expresiones legítimas protegidas por la libertad de expresión.

Ante esos cuestionamientos, los libertarios se comprometieron a revisar la redacción y comenzaron a circular borradores con modificaciones. La precisión de los términos utilizados será determinante para evaluar si los cambios resultan suficientes para destrabar las negociaciones.

Otra modificación prevista apunta a reforzar el control parlamentario sobre la aplicación del sistema de seguridad nacional. A pedido de los aliados, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, adelantó que se incorporará una comisión bicameral de seguimiento. El organismo tendría la obligación de recibir información del Poder Ejecutivo y permitiría al Congreso supervisar las medidas adoptadas.

Las diferencias también alcanzan las atribuciones estatales sobre las infraestructuras críticas, una categoría que incluye redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones. Los bloques aliados piden establecer límites claros para las facultades de auditoría, custodia e intervención previstas en el proyecto.

En las conversaciones surgieron inquietudes relacionadas con la participación de compañías extranjeras en las redes de telecomunicaciones, incluida la presencia de Huawei en el sector tecnológico. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) también planteó que el régimen debería apoyarse en mecanismos de cooperación voluntaria entre el Estado y las empresas.

El MID, por su parte, reclamó que las actividades militares queden sujetas a la autorización del Congreso. El bloque recibió un borrador con cambios que analizará antes de definir su posición.

Entre los pedidos adicionales figura la incorporación del Ministerio de Seguridad Nacional como integrante permanente del Consejo y del Sistema de Seguridad Nacional. Los aliados consideran necesario delimitar las competencias de las Fuerzas Armadas, la Policía y las fuerzas federales, especialmente en la protección de instalaciones estratégicas. También solicitan aclaraciones sobre la autoridad de aplicación, cuya definición queda sujeta en distintos aspectos a las decisiones del Poder Ejecutivo.

El Gobierno busca dictamen el martes y debate en Diputados el miércoles

La agenda legislativa sufrió modificaciones durante la semana y obligó al oficialismo a recalcular sus tiempos. La intención inicial era conseguir dictamen antes, pero las repercusiones de dos fallos de la Corte Suprema sobre la venta de tierras a extranjeros y el intento opositor de derogar el DNU 70/23 demoraron las negociaciones.

Pese a ese escenario, La Libertad Avanza mantiene su objetivo de avanzar con el proyecto el martes 20 de octubre y llevarlo al recinto el miércoles 21. El cronograma, sin embargo, depende de que las conversaciones con el PRO, la UCR y el MID permitan cerrar una redacción que reúna los apoyos necesarios.

Durante las primeras reuniones de comisión, el peronismo propuso dividir la iniciativa y avanzar por separado con el primer título, que comprende los artículos 1 al 40 y se concentra en las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur. Ese sector dejó abierta la posibilidad de acompañar esa parte, aunque mantiene sus objeciones sobre el resto del texto.

Los libertarios rechazan esa alternativa porque consideran que los acuerdos con otras fuerzas pueden permitir la aprobación del proyecto sin resignar su estructura general. La estrategia oficial apunta a resolver las diferencias mediante ajustes específicos, en lugar de abrir dos recorridos legislativos independientes.

Si se mantiene el cronograma previsto, la iniciativa podría debatirse junto con otros asuntos incluidos en la agenda de Diputados, entre ellos proyectos sobre discapacidad, endeudamiento, inviolabilidad de la propiedad privada, trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

La definición dependerá de la versión final del articulado y de la respuesta de los bloques aliados a los cambios ofrecidos por el Gobierno. Las garantías sobre libertad de expresión, la supervisión parlamentaria, el alcance de las facultades sobre infraestructuras críticas y la autorización de actividades militares aparecen entre los puntos decisivos para alcanzar un entendimiento.

El oficialismo intenta convertir la sintonía política con sus socios en respaldo legislativo concreto. Para lograrlo, deberá encontrar un equilibrio entre las herramientas que considera necesarias para defender la soberanía argentina y las garantías institucionales que reclaman sus aliados.

La firma del dictamen será la primera prueba de esa estrategia. Hasta entonces, las negociaciones continuarán con un objetivo definido: avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sin dividirlo y reunir los votos necesarios para llevarlo al recinto.