A más de tres años de la trágica muerte de Killian Faruolo Casas, un niño de apenas tres años que se ahogó en la pileta de una casa en Los Hornos, su familia sigue reclamando justicia. El próximo 11 de mayo comenzará el juicio oral contra su abuela paterna, acusada de homicidio culposo, aunque la investigación presenta vacíos que generan dudas y dolor en quienes conocen el caso. La familia sostiene que hay pruebas clave que no han sido evaluadas, y la sociedad platense sigue expectante ante un hecho que marcó a la comunidad.

El accidente ocurrió el 26 de febrero de 2023 en una vivienda de la calle 153 entre 68 y 69. Según la fiscalía, la abuela estaba a cargo del menor al momento del hecho, aunque la madre de Killian y su abogado particular, Ignacio Fernández Camilo, aseguran que la mujer no se encontraba junto a la pileta, sino realizando tareas de limpieza tras un festejo de 15 años la noche anterior. Este detalle se convirtió en un punto central del debate judicial.

A lo largo de los años, la familia ha señalado que existen pruebas audiovisuales que podrían cambiar la interpretación de los hechos. Un video de seguridad interna registró toda la secuencia: desde que Killian ingresa al natatorio hasta que cae al agua sin que nadie advierta su situación. Para la querella, la falta de consideración de este material evidencia fallas en la investigación y en la imputación de responsabilidades.

El video que podría cambiar el juicio

El registro de la cámara interna muestra con claridad la dinámica de lo ocurrido. Testigos declararon que un primo del niño estaba frente a la pileta y aseguró haberse quedado dormido, sin posibilidad de reaccionar. Sin embargo, la familia sostiene que el video contradice esta versión y demuestra que había personas con capacidad de supervisión que no actuaron.

En su relato ante los investigadores, el testigo describió cómo se recostó en una reposera alrededor de las 17:30 y quedó dormido, hasta que otro niño le llamó la atención. Al despertar, notó que Killian ya no estaba en la pileta. Para la querella, esta narrativa no coincide con las imágenes y refleja una negligencia que excede la responsabilidad exclusiva de la abuela.

La fiscalía sostiene que la mujer, como responsable del menor, incumplió con sus deberes de cuidado. Según la resolución de Carlos Vercellone, su accionar fue negligente al dejar al niño en un espacio con pileta sin vallado y sin supervisión directa, trasladándose al interior del quincho sin tomar medidas preventivas. “La relación causal entre la omisión y el resultado fatal es evidente. La imputada tenía la posibilidad de prevenir el hecho y no lo hizo”, señaló el fiscal.

Este punto genera una pregunta que mantiene la atención del público: ¿quién tenía la verdadera responsabilidad de cuidar a Killian? La respuesta, dicen los familiares, podría estar en las imágenes que registran la caída y la reacción de quienes estaban presentes.

Discrepancias en la valoración de pruebas y recursos judiciales

El caso también está marcado por la controversia sobre cómo se han valorado las pruebas. La querella presentó un recurso en la Cámara Penal por “arbitrariedad en la valoración probatoria”, señalando que el video de seguridad no fue considerado como elemento de cargo suficiente. La madre de Killian fue quien descubrió las cámaras y aportó el material, pero sostiene que la fiscalía nunca lo analizó adecuadamente.

Fernández Camilo argumenta que la causa debería tratarse en un tribunal criminal, dado que considera que los hechos podrían constituir un homicidio simple con dolo eventual, y no solo un homicidio culposo. De mantenerse en el Juzgado Correccional, la querella podría replantear la acusación, considerando que otros adultos presentes también deberían ser responsabilizados.

La fiscal María Scarpino coincidió en un primer momento con la querella, señalando que el menor quedó desatendido y que nadie cercano a la pileta pudo advertir su caída. Sin embargo, la Fiscalía General decidió mantener la competencia en delitos culposos, generando un desencuentro entre las partes sobre la calificación del hecho y la extensión de las responsabilidades.

Estas discrepancias judiciales mantienen el caso en la atención pública y refuerzan la sensación de que la justicia aún no ha dado respuesta a todos los interrogantes de la familia. La sociedad platense sigue expectante, con un fuerte interés en cómo se interpretarán las pruebas durante el juicio.

La búsqueda de justicia y la reflexión social

Para la familia de Killian, el objetivo central es que se reconozca la cadena de omisiones que derivó en la tragedia. Señalan que la muerte del niño no fue un accidente inevitable, sino consecuencia de la falta de supervisión y medidas preventivas por parte de los adultos presentes. Este reclamo ha llevado a insistir en que se valore cada prueba, incluida la grabación de la cámara interna, que evidencia lo que la fiscalía y algunos testigos han minimizado.

El caso también plantea una reflexión sobre la responsabilidad compartida en accidentes infantiles, especialmente en entornos domésticos. La tragedia demuestra la necesidad de protocolos claros en espacios con piscinas y la obligación de los adultos de mantener vigilancia constante. La discusión judicial sobre competencias, imputaciones y pruebas refleja la complejidad de determinar responsabilidades en situaciones donde varios adultos podrían intervenir pero no lo hacen.

La expectativa ahora se centra en el juicio oral, que se desarrollará en tres jornadas. La familia confía en que el debate permita esclarecer quién estaba efectivamente a cargo del menor y que se reconozcan las responsabilidades de quienes fallaron en su cuidado. Mientras tanto, la memoria de Killian continúa viva entre vecinos, familiares y quienes siguen el caso, que se ha convertido en un recordatorio doloroso sobre la importancia de la prevención y la supervisión infantil.

El episodio también genera un llamado de atención para toda la comunidad: los accidentes en piletas no son inevitables, y la negligencia puede tener consecuencias irreversibles. La tragedia de Killian Faruolo Casas se convierte así en una advertencia sobre la necesidad de vigilancia activa, responsabilidad compartida y análisis cuidadoso de todas las pruebas en la búsqueda de justicia. Cada detalle, cada testimonio y cada imagen tiene el potencial de cambiar la interpretación de los hechos y, con ello, la percepción de justicia en casos tan sensibles.

La resolución del juicio no solo determinará la responsabilidad penal de la abuela, sino que también será un indicador de cómo el sistema judicial enfrenta situaciones de negligencia que involucran a menores. La comunidad de Los Hornos permanece expectante, con la esperanza de que la tragedia no quede en el olvido y que se logre un fallo que sirva de precedente sobre la obligación de los adultos frente a los niños.