A mediados de septiembre, el Ministerio de Economía tiene previsto enviar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026. Al igual que en la propuesta del año pasado, que no llegó a ser aprobada, el texto incluirá una regla fiscal que funciona como un “freno automático” al gasto público. La idea es que, en caso de que los ingresos del Estado caigan por debajo de lo proyectado, una parte de las partidas pueda ser recortada de manera inmediata.

El esquema ya había sido presentado en septiembre de 2024, dentro del Presupuesto 2025, bajo el concepto de “cepo al Estado”, una definición que utilizó el presidente Javier Milei para explicar que el gasto tendría un techo inflexible. Aunque aquel proyecto naufragó en el Congreso, el equipo económico decidió insistir con la misma fórmula, ahora aplicada a las cuentas del próximo año.

Cómo funcionaría la regla fiscal

En líneas generales, la regla consiste en identificar qué gastos quedan “blindados” y cuáles son ajustables. Las jubilaciones, por ejemplo, seguirán protegidas porque tienen un cálculo automático vinculado a la inflación. En cambio, otras áreas como subsidios, transferencias a provincias, programas sociales o gastos en bienes y servicios podrían quedar sujetos a modificaciones. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en 2025 esa regla dejaba intocables cerca del 78% de los recursos, mientras que el 22% restante quedaba disponible para ajustes.

La intención del Gobierno es que, frente a cualquier desvío de la economía respecto de lo proyectado, el equilibrio fiscal no se ponga en riesgo. El propio texto del Presupuesto anterior lo explicaba de manera explícita: si la recaudación resulta menor, el gasto se achica; si es mayor, el excedente se destina a bajar impuestos.

La exigencia del FMI

Este esquema de disciplina fiscal no responde solo a una decisión interna. Forma parte de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional puso sobre la mesa en las últimas negociaciones. Para 2026, el organismo calcula que el peso de los intereses de deuda crecerá, por lo que el Gobierno necesitará alcanzar un superávit primario del 2,2% del PBI para sostener el equilibrio financiero.

El FMI también exigió que el nuevo presupuesto incluya un análisis de riesgos fiscales más completo y que se avance en la “institucionalización” del déficit cero a través de una ley específica. Si bien existe una norma similar, el Fondo insiste en reformularla para que sea más estricta y perdure en el tiempo.

En paralelo, el organismo pidió mayor disciplina en materia de impuestos, reparto de recursos entre Nación y provincias y reformas en el sistema previsional. Su proyección indica que el superávit primario debería subir al 2,5% del PBI en 2027, cuando los pagos de deuda se incrementen tras el levantamiento del cepo cambiario y el regreso a los mercados internacionales.

El anticipo oficial

En julio, el Gobierno ya había adelantado al Congreso un borrador con los lineamientos generales. Ese documento evitó dar cifras clave como inflación o tipo de cambio, pero ratificó que el ajuste fiscal seguirá en marcha. También confirmó que los ingresos tributarios se sostendrán con retenciones al campo, aunque no incluyó por ahora una reforma impositiva amplia.

Entre los objetivos centrales, el texto mencionaba la necesidad de continuar con la reducción de la inflación, el ordenamiento de precios relativos y la creación de condiciones para que el sector privado pueda crecer. Además, reafirmó que el equilibrio fiscal es un compromiso “inclaudicable” y que se sostendrá un esquema de asistencia social directo, “sin intermediarios”.

En paralelo, el Ejecutivo destacó que el plan de desregulación y transformación del Estado seguirá siendo una prioridad, al igual que el fortalecimiento de áreas como la defensa nacional y la seguridad interior.