La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral 2026 impulsada por el presidente Javier Milei, aunque con una modificación central que obligará a que el proyecto vuelva al Senado para su tratamiento definitivo. El oficialismo logró reunir los votos necesarios con el respaldo de aliados parlamentarios y el apoyo decisivo de varios gobernadores, pero debió eliminar el controvertido artículo 44 para asegurar la mayoría.

La votación en general terminó con 135 votos afirmativos y 115 negativos, en una sesión atravesada por tensiones políticas, discusiones reglamentarias y fuertes cruces discursivos entre el oficialismo y la oposición. El Gobierno consiguió así avanzar con uno de los ejes estructurales de su programa económico: la modernización del mercado de trabajo, con cambios en indemnizaciones, convenios colectivos, derecho a huelga, banco de horas y contratación de trabajadores de plataformas.

Ahora el texto modificado deberá regresar al Senado. La Casa Rosada aspira a que la Cámara alta lo convierta en ley antes del 1 de marzo, cuando Milei inaugure el período de sesiones ordinarias. Obtener la sanción definitiva antes de esa fecha representaría una victoria política de alto impacto para el oficialismo, que busca mostrar avances concretos en su agenda de reformas estructurales.

El rol de los gobernadores y la construcción del quórum

La clave de la aprobación estuvo en la construcción del quórum. Sin mayoría propia, el oficialismo necesitaba reunir al menos 129 diputados sentados en sus bancas para iniciar el debate. El número final fue ajustado y dependió del respaldo de bloques dialoguistas y, especialmente, de legisladores que responden a gobernadores provinciales.

A los diputados de La Libertad Avanza se sumaron el PRO, sectores de la UCR y del MID. Pero el dato político más relevante fue el acompañamiento de representantes provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, entre otros. En varios casos, los mandatarios ordenaron dar quórum aun cuando luego algunos legisladores expresaron críticas al contenido de la reforma laboral.

La oposición cuestionó con dureza esa estrategia. Desde Unión por la Patria sostuvieron que habilitar la sesión era funcional a la aprobación de una ley que —según su postura— implica un retroceso en derechos laborales. Hubo discursos que apuntaron directamente a diputados que, tras facilitar el inicio del debate, votaron en contra en el tratamiento en general.

La sesión tuvo momentos de alta tensión. En un tramo de la noche, la ausencia momentánea de legisladores oficialistas generó una disputa reglamentaria cuando la oposición intentó devolver el proyecto a comisión. Tras gritos y acusaciones cruzadas, el oficialismo recompuso el quórum y la votación siguió su curso. El episodio dejó en evidencia la fragilidad del equilibrio parlamentario y la importancia estratégica de cada voto.

Qué cambios tuvo la reforma laboral en Diputados

El punto más relevante que modificó la Cámara baja fue la eliminación total del artículo 44. Ese artículo establecía recortes en las licencias pagas por accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo y había generado fuerte polémica pública.

El texto original reducía el porcentaje de salario a percibir en determinados casos y acotaba los plazos de cobertura. La propuesta fue cuestionada tanto por la oposición como por bloques aliados que consideraron que el costo político de sostener esa modificación era elevado. Frente a esa presión, el oficialismo decidió retirar el artículo completo para garantizar los votos necesarios.

Con esa concesión, el proyecto mantuvo intactos los ejes centrales de la reforma laboral 2026. Entre los cambios más importantes se destacan:

Convenios colectivos. Se otorga prioridad a los acuerdos por empresa o región por sobre los convenios sectoriales. Además, se elimina la ultraactividad, lo que implica que un convenio vencido no seguirá vigente automáticamente si no se firma uno nuevo.

Indemnizaciones por despido. Se mantiene el esquema de un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses, pero se excluyen del cálculo conceptos no mensuales como el aguinaldo y premios extraordinarios. También se fija un tope máximo vinculado al salario promedio del convenio correspondiente y se habilita el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas judicialmente.

Banco de horas. Se permite acordar por escrito la compensación de horas extraordinarias, con límites de hasta 12 horas por jornada y respetando descansos mínimos. El sistema habilita compensar jornadas más extensas con otras más breves, siempre dentro del máximo semanal legal.

Vacaciones. Se habilita el fraccionamiento del período vacacional, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Las fechas deberán ubicarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, salvo acuerdo en contrario.

Derecho a huelga. Se amplía el listado de servicios esenciales y se crea la categoría de servicios trascendentales, que deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 50%. En los esenciales, la cobertura mínima será del 75%. Además, las asambleas en los lugares de trabajo requerirán autorización previa.

Trabajadores de plataformas. Se crea la figura del repartidor independiente y se establece que ese vínculo no constituye relación laboral, sino un contrato de servicio.

Blanqueo laboral. Se prevén reducciones de hasta el 70% en deudas por aportes y contribuciones para empleadores que regularicen trabajadores informales, junto con incentivos en cargas patronales para nuevas registraciones.

Cómo impacta la reforma laboral en trabajadores y empresas

Uno de los debates centrales gira en torno al impacto real de la reforma laboral en el empleo formal. El oficialismo sostiene que los cambios en indemnizaciones, convenios y litigiosidad reducirán costos y fomentarán nuevas contrataciones, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

Desde sectores empresariales se argumenta que la posibilidad de negociar convenios por empresa permitirá adaptarse mejor a la realidad productiva de cada región. También destacan que el banco de horas y el nuevo esquema de actualización de créditos laborales aportan previsibilidad.

En cambio, la oposición advierte que la reforma debilita la posición negociadora de los trabajadores y puede generar mayor precarización, sobre todo en actividades donde la organización sindical es más débil. Cuestionan especialmente la ampliación de servicios esenciales y la regulación de asambleas, al considerar que limita el derecho a huelga.

El Fondo de Asistencia Laboral también abrió interrogantes. El mecanismo prevé aportes empresariales obligatorios para cubrir indemnizaciones, pero parte de esos recursos actualmente se destinan al sistema previsional. Analistas económicos advierten que el redireccionamiento podría tener impacto fiscal si no se compensa con otras fuentes de financiamiento.

En términos macroeconómicos, la reforma laboral 2026 se inscribe dentro de una estrategia más amplia de desregulación y flexibilización que el Gobierno considera necesaria para mejorar competitividad y atraer inversiones. El resultado final dependerá no solo de la sanción definitiva en el Senado, sino también de la respuesta del mercado, la evolución del empleo y la eventual judicialización de algunos artículos.

El próximo paso será decisivo. Si el Senado aprueba el texto sin nuevos cambios, la Argentina contará con un nuevo marco normativo laboral antes del inicio formal del año parlamentario. Si introduce modificaciones, el proyecto deberá regresar a Diputados y el calendario político podría alterarse.

En un Congreso sin mayorías automáticas y con gobernadores que se convirtieron en actores centrales de la negociación legislativa, la reforma laboral se transformó en mucho más que una discusión técnica. Es una pulseada política que definirá el rumbo del mercado de trabajo en los próximos años y el capital político del Gobierno en el arranque del ciclo legislativo 2026.