La reforma laboral vuelve a generar tensiones internas y externas para el Gobierno en un momento político delicado, marcado por el receso del Congreso y por negociaciones informales que avanzan lejos de los reflectores. Aunque el oficialismo insiste en que el proyecto sigue en pie y podría retomarse entre fines de enero y febrero, aliados parlamentarios y sectores dialoguistas advierten que un avance apresurado podría repetir errores recientes y poner en riesgo una iniciativa clave para el mercado laboral argentino.

El trasfondo no es menor: la reforma laboral es vista por el Ejecutivo como una de las herramientas centrales para reducir costos laborales, incentivar el empleo privado y mejorar la competitividad de la economía. Sin embargo, en el Congreso persiste la percepción de que el proyecto estuvo más cerca de aprobarse a fines de 2025 de lo que admiten públicamente en la Casa Rosada. Según reconstruyen legisladores que participaron de las negociaciones, el problema no fue la falta de votos, sino el contexto político en el que el Gobierno decidió avanzar con otras disputas simultáneas.

En ese sentido, varios aliados coinciden en que la discusión del Presupuesto 2026 terminó condicionando el clima legislativo. La inclusión de derogaciones sensibles vinculadas a universidades y discapacidad trasladó el conflicto a la Cámara de Diputados y alteró un equilibrio que se había logrado construir en el Senado. El resultado fue un freno inesperado a la reforma laboral, pese a que ya contaba con dictamen y con un respaldo que, en ese momento, parecía suficiente para habilitar el debate en el recinto.

Desde el entorno parlamentario que acompañó al oficialismo en otras reformas clave, sostienen que en diciembre existía un piso de votos sólido. La lectura era que el Gobierno había mostrado previsibilidad, respeto por los acuerdos y coherencia en la negociación, elementos valorados incluso por sectores del peronismo no alineados con el kirchnerismo duro. Esa confianza, explican, se erosionó cuando el Ejecutivo decidió tensar varias discusiones al mismo tiempo, generando resistencias que antes no estaban sobre la mesa.

Dentro del propio bloque libertario también surgieron miradas críticas, aunque expresadas con cautela. Algunos legisladores consideran que el Gobierno desperdició una ventana de oportunidad que se abrió a partir del ordenamiento macroeconómico y de la desaceleración inflacionaria. Desde esa óptica, la estabilidad económica genera previsibilidad y reduce temores en el mercado laboral, un contexto que podría haber sido aprovechado para avanzar con la reforma sin mayores sobresaltos.

El argumento interno es claro: en la Argentina, las mayorías parlamentarias son frágiles y circunstanciales, por lo que no conviene postergar decisiones cuando los números acompañan. Al mismo tiempo, reconocen que el escenario cambió rápidamente. El kirchnerismo, aunque golpeado electoralmente, encontró en el freno legislativo una oportunidad para reagruparse, mientras que la CGT comenzó a activar su esquema de presión tradicional frente a cualquier intento de modificar el régimen laboral.

El mapa del Senado refleja esa complejidad. El interbloque oficialista cuenta con poco más de veinte legisladores, muy lejos del número necesario para garantizar quórum propio. Cada sesión requiere acuerdos con la Unión Cívica Radical, un PRO reducido y senadores provinciales que responden a intereses locales más que a alineamientos nacionales. En ese contexto, cualquier gesto político que genere desconfianza puede desarmar negociaciones que llevan semanas de trabajo silencioso.

La reforma laboral no es el único proyecto atrapado en esa dinámica. Junto con los cambios en la legislación sobre glaciares, fue uno de los despachos que logró dictamen pero no llegó al recinto antes del cierre del período extraordinario. A eso se suma la iniciativa de estabilidad monetaria, que genera menos resistencia pero que muchos bloques prefieren discutir recién con el inicio de las sesiones ordinarias, cuando el Gobierno defina con mayor claridad su agenda legislativa para 2026.

Más sensible aún es el debate en torno a una eventual reforma del Código Penal. Aunque fue mencionada en el temario de diciembre, nunca ingresó formalmente al circuito legislativo y despierta reparos transversales. Se trata de un texto extenso, con impacto directo en el sistema judicial y en la seguridad jurídica, por lo que la mayoría de los espacios reclama un tratamiento largo y ordenado, lejos de cualquier intento de aceleración.

En este escenario, los aliados del Gobierno insisten en la necesidad de mesura política. No cuestionan el objetivo de modernizar el mercado laboral ni la necesidad de reducir la litigiosidad y promover el empleo privado, pero advierten que el modo en que se impulsen los cambios será determinante para su viabilidad. La experiencia de diciembre dejó una enseñanza clara en el Congreso: cuando el Ejecutivo prioriza una agenda acotada y cumple los acuerdos, los votos aparecen; cuando acumula frentes de conflicto, incluso los respaldos más firmes se vuelven inestables.

También aparece un factor temporal que preocupa a los dialoguistas. Cada semana sin definiciones claras es leída como una oportunidad perdida para el oficialismo y como un margen que la oposición utiliza para reorganizarse. En un Congreso fragmentado, el manejo del tiempo es tan relevante como el contenido de los proyectos, y acelerar sin consenso puede resultar tan costoso como demorar en exceso.

La reforma laboral, así, queda en el centro de una paradoja que atraviesa el primer tramo de la gestión libertaria: la voluntad de transformación estructural choca con los límites de la aritmética parlamentaria. Los aliados no piden renunciar al rumbo, pero sí ajustar la estrategia para evitar errores que ya demostraron tener un alto costo político. El desafío del Gobierno será encontrar ese equilibrio en un escenario donde cada movimiento se amplifica y donde, como quedó demostrado, una mala decisión puede frenar una ley clave para el empleo y la inversión.