El oficialismo modificará el artículo más cuestionado del proyecto y activó un operativo legislativo exprés para sancionar la reforma laboral antes del cierre de las sesiones extraordinarias. El respaldo de los aliados y la definición del Senado serán decisivos.

Tras reconocer errores en la redacción sobre licencias médicas, la Casa Rosada negocia cambios en Diputados para evitar que se caiga el proyecto completo. Qué establece hoy la ley, cuánto podría cobrar un trabajador en caso de enfermedad y qué escenario político se abre.

La discusión por las licencias médicas dejó de ser un detalle técnico para convertirse en el eje que puede definir el destino de la reforma laboral. Con las sesiones extraordinarias en su tramo final, el Gobierno de Javier Milei puso en marcha una carrera contra reloj para corregir el artículo 44, ordenar a sus aliados parlamentarios y conseguir la aprobación definitiva antes del 1° de marzo.

El objetivo político es claro: que el Presidente inaugure el período ordinario de sesiones con una de las reformas estructurales ya convertida en ley. Sin embargo, la controversia generada por el nuevo esquema de pago de salarios durante enfermedades inculpables obligó al oficialismo a recalcular su estrategia y aceptar modificaciones para evitar que el proyecto se estanque en el Congreso.

En menos de diez días, el Ejecutivo deberá obtener dictamen en comisión, aprobar el texto en Diputados y lograr que el Senado lo trate sin dilaciones. El margen es mínimo y el número propio no alcanza: con 95 diputados y 21 senadores, La Libertad Avanza depende del acompañamiento de bloques dialoguistas para alcanzar el quórum y las mayorías necesarias.

Qué cambia en las licencias médicas y cuánto se cobraría

El punto más sensible del proyecto es la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. El texto aprobado originalmente establecía que, ante una enfermedad o accidente no vinculados al trabajo, el empleado percibiría el 50% o el 75% de su salario, según las circunstancias que rodearan el hecho.

La distinción generó ruido inmediato. Si la dolencia fuera consecuencia de una actividad “voluntaria y consciente” que implicara riesgo para la salud, el trabajador cobraría el 50% durante tres o seis meses, según tuviera o no personas a cargo. En los demás casos, el ingreso sería del 75%.

Para dimensionar el impacto, un ejemplo concreto ayuda a entender la magnitud del cambio. Un empleado con un salario mensual de $800.000 que sufra una enfermedad no laboral podría percibir $400.000 o $600.000 durante el período de licencia, dependiendo de la interpretación del caso. La diferencia no es menor en un contexto de inflación todavía alta y salarios en recuperación desigual.

Ante las críticas de la UCR, el PRO y bloques provinciales, el oficialismo reconoció fallas en la redacción. La titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, admitió públicamente que hubo un “error”. La corrección en estudio incorporaría un párrafo que garantice el 100% del salario en enfermedades graves, irreversibles y debidamente certificadas.

Esa aclaración busca despejar el temor a una reducción generalizada de ingresos en situaciones críticas. Sin embargo, el debate de fondo sigue abierto: para el Gobierno, la modificación apunta a equilibrar responsabilidades y desalentar abusos; para sectores sindicales y opositores, introduce un esquema que podría judicializarse.

El operativo legislativo y los números que necesita el oficialismo

El cronograma diseñado por la Casa Rosada es exigente. El plenario de comisiones en Diputados deberá aceptar las modificaciones y emitir dictamen de inmediato. Luego, el proyecto se tratará en el recinto con la intención de enviarlo al Senado en cuestión de horas.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, tendrá la responsabilidad de ordenar el debate y garantizar que la sesión no derive en una sucesión de impugnaciones reglamentarias que dilaten la votación.

En Diputados, el número clave es 129. Sin el respaldo del PRO, la UCR y representantes de gobernadores, el proyecto no avanza. En el Senado, el desafío es aún mayor: se requieren 37 votos para el quórum y el oficialismo tiene poco más de la mitad. Allí será determinante la coordinación política y administrativa de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La ampliación de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero evidenció que el margen temporal es ajustado. Cada día cuenta. Un dictamen demorado o una modificación adicional obligaría a devolver el texto a la cámara de origen, frustrando el plan original.

Además del artículo 44, la reforma incluye más de 200 disposiciones que abarcan modalidades de contratación, períodos de prueba, sistemas de indemnización y mecanismos de resolución de conflictos. El oficialismo teme que, si la polémica por las licencias médicas escala, arrastre consigo el resto del paquete.

Impacto económico, reacción sindical y escenario político

Más allá de la disputa parlamentaria, la discusión tiene implicancias económicas concretas. Para el Gobierno, la reforma laboral busca reducir la litigiosidad, dar previsibilidad a las empresas y fomentar la creación de empleo formal. El argumento oficial sostiene que un marco más flexible incentivará inversiones y reducirá la informalidad.

Desde el sector empresarial, hay expectativa por los cambios que simplifican esquemas de contratación y reducen riesgos judiciales. Sin embargo, también existe cautela: la incertidumbre política y la posibilidad de judicialización podrían demorar decisiones de inversión hasta que el nuevo marco esté plenamente vigente.

En el plano sindical, la reacción fue inmediata. Dirigentes gremiales advirtieron que cualquier reducción de ingresos durante licencias médicas constituye un retroceso en derechos consolidados. No se descarta que, de aprobarse el texto con cambios considerados regresivos, se impulsen presentaciones judiciales o medidas de fuerza.

Históricamente, las reformas laborales en democracia han enfrentado resistencias similares. Ninguna logró avanzar sin negociación y concesiones. La diferencia en esta ocasión es la velocidad del trámite: el oficialismo intenta concentrar en pocos días una discusión que, en otros contextos, habría demandado semanas de debate.

En términos políticos, la votación será una prueba de cohesión para la red de acuerdos que el Gobierno tejió tras las elecciones de medio término. Si consigue sancionar la ley antes del 1° de marzo, la Casa Rosada consolidará la imagen de capacidad de gestión y cumplimiento de agenda. Si fracasa, quedará expuesta la fragilidad de sus mayorías.

La reforma laboral, concebida como una pieza central del programa económico, depende ahora de la precisión legislativa y del respaldo de aliados que ya demostraron que no acompañarán textos a libro cerrado. La corrección del artículo 44 busca desactivar el conflicto, pero también revela que la gobernabilidad en minoría exige negociación constante.

En los próximos días, el Congreso definirá no solo el alcance de las licencias médicas y el salario durante una enfermedad, sino también el equilibrio de poder que marcará el resto del año parlamentario. La carrera contra reloj ya está en marcha y cada voto contará.