A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, miles de personas volvieron a ocupar las calles argentinas para exigir respuestas frente a una problemática que continúa dejando víctimas. Según datos recientes, entre enero y mayo se registraron 105 femicidios, una cifra que equivale a una mujer asesinada cada 35 horas.

La Plata, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y numerosas localidades del país fueron escenario de marchas y actos para visibilizar la violencia machista. Mientras crece la preocupación por las estadísticas, casos recientes como el de Agostina Vega reavivan el reclamo por políticas de prevención y protección más efectivas.

Once años después de aquella multitudinaria movilización que marcó un punto de inflexión en la discusión pública sobre la violencia contra las mujeres, la consigna Ni Una Menos volvió a reunir a miles de personas en distintos puntos de Argentina. El reclamo mantiene la misma vigencia que en 2015: poner fin a una problemática que sigue dejando víctimas y que continúa impactando profundamente en la sociedad.

La jornada tuvo una importante convocatoria en La Plata, donde organizaciones feministas, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos marcharon hacia Plaza Moreno para participar del acto central. La movilización estuvo atravesada por una mezcla de memoria, dolor y exigencias dirigidas a las instituciones responsables de garantizar la protección de quienes atraviesan situaciones de violencia.

La fecha estuvo acompañada por cifras que reflejan la magnitud del problema. El Observatorio Mumalá informó que entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2026 se registraron 105 femicidios en Argentina. Detrás de cada número existe una historia interrumpida, una familia afectada y una comunidad que enfrenta las consecuencias de una violencia que sigue siendo una de las principales deudas pendientes del país.

Las movilizaciones también coincidieron con la conmoción generada por el asesinato de Agostina Vega en Córdoba, un caso que concentra la atención pública y que continúa siendo investigado por la Justicia. Su muerte se convirtió en uno de los símbolos más recientes de una problemática que atraviesa fronteras geográficas y sociales.

Once años de Ni Una Menos y una problemática que no desaparece

El movimiento Ni Una Menos nació en 2015 como respuesta a una serie de femicidios que provocaron una fuerte reacción social. Aquella primera convocatoria logró reunir a cientos de miles de personas en plazas y calles de todo el país y abrió una nueva etapa en la discusión sobre la violencia de género.

Desde entonces, el reclamo se transformó en una referencia ineludible para organizaciones sociales, colectivos feministas y organismos vinculados a los derechos humanos. La visibilización del problema permitió instalar debates que durante años permanecieron relegados, impulsando cambios normativos, programas de asistencia y mecanismos de protección.

Sin embargo, las estadísticas continúan mostrando que la violencia extrema contra las mujeres sigue siendo una realidad cotidiana. Los datos difundidos este año vuelven a poner en evidencia que el fenómeno persiste y que aún existen desafíos significativos en materia de prevención.

De los 105 casos registrados durante los primeros cinco meses de 2026, 80 fueron clasificados como femicidios directos. A ellos se suman femicidios vinculados, travesticidios, transfemicidios y otros hechos violentos asociados a razones de género.

Las cifras adquieren una dimensión aún más preocupante cuando se analizan los intentos de femicidio. El relevamiento contabilizó 420 casos en los que la agresión no llegó a consumarse. Para especialistas y organizaciones que trabajan en el acompañamiento de víctimas, este dato representa una señal de alerta sobre la cantidad de situaciones de riesgo que existen en todo el territorio nacional.

La violencia de género no aparece de manera repentina. En muchos casos existe un historial previo de amenazas, agresiones físicas, violencia psicológica, aislamiento o control económico. Por eso, cada intento de femicidio también refleja oportunidades de intervención que podrían evitar consecuencias irreparables.

Las marchas realizadas este año retomaron precisamente ese planteo: la necesidad de actuar antes de que la violencia alcance sus niveles más extremos. El reclamo apunta a fortalecer las redes de asistencia, garantizar recursos suficientes y mejorar la coordinación entre organismos judiciales, policiales y sociales.

Qué revelan los datos sobre los femicidios ocurridos durante 2026

El informe difundido por Mumalá permite identificar características que se repiten en una gran cantidad de los casos registrados.

Uno de los aspectos más significativos es la relación existente entre víctimas y agresores. El 60 por ciento de los femicidios fue cometido por parejas, exparejas o familiares. Esta situación confirma que gran parte de los riesgos se encuentran dentro del círculo más cercano de las víctimas.

La vivienda también continúa siendo el escenario predominante de estos crímenes. Según el relevamiento, el 67 por ciento de los casos ocurrió en el hogar de la víctima o en espacios compartidos con el agresor. Lejos de ser un lugar seguro, el ámbito doméstico sigue apareciendo como uno de los espacios donde la violencia se desarrolla con mayor intensidad.

Otro dato relevante señala que aproximadamente un tercio de los agresores convivía con la víctima al momento del crimen. Este elemento suele dificultar las posibilidades de denuncia y aumenta los niveles de vulnerabilidad.

Las modalidades utilizadas para cometer los asesinatos también permiten comprender la gravedad de la problemática. Las armas de fuego encabezaron las estadísticas, seguidas por armas blancas, episodios de asfixia y ataques mediante golpes. Cada uno de estos mecanismos refleja distintos niveles de planificación, acceso a recursos y violencia ejercida contra las víctimas.

Las edades de las mujeres asesinadas muestran que el fenómeno atraviesa generaciones. Entre las víctimas se encuentran niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas mayores. También se registró al menos un caso de una mujer embarazada.

Las consecuencias no terminan con el crimen. Detrás de cada femicidio existe un impacto familiar y social que suele extenderse durante años. El informe destaca que el 40 por ciento de las víctimas eran madres.

Como consecuencia directa de estos hechos, 73 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres durante los primeros meses del año. Muchos de ellos deben enfrentar cambios drásticos en sus vidas, procesos judiciales prolongados y situaciones económicas complejas derivadas de la pérdida de quien cumplía funciones centrales dentro del núcleo familiar.

Las organizaciones especializadas advierten que estos efectos suelen tener consecuencias emocionales profundas y de larga duración. Por eso, los reclamos no se limitan únicamente a la prevención de los crímenes, sino también a la asistencia integral para las familias afectadas.

Otro aspecto que genera preocupación es la eficacia de las medidas de protección. En numerosos casos existían restricciones judiciales, denuncias previas o mecanismos destinados a prevenir nuevas agresiones. Sin embargo, esos recursos no alcanzaron para evitar el desenlace fatal.

Esta realidad alimenta el debate sobre la necesidad de revisar protocolos, fortalecer controles y garantizar una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo elevado.

El caso Agostina Vega y una investigación que mantiene en vilo a Córdoba

Mientras las movilizaciones se desarrollaban en distintas ciudades argentinas, Córdoba continuaba atravesada por el impacto generado por el asesinato de Agostina Vega.

La causa judicial avanzó durante los últimos días con nuevas medidas impulsadas por la fiscalía encargada de la investigación. El caso adquirió una enorme repercusión pública debido a las circunstancias que rodean el hecho y a las distintas hipótesis que todavía se encuentran bajo análisis.

Entre las diligencias realizadas se incluyen inspecciones y peritajes en propiedades vinculadas al principal acusado, Claudio Barrelier. Los investigadores buscan determinar si existen elementos adicionales que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido.

La Justicia también resolvió mantener bajo reserva parte de las actuaciones para preservar el desarrollo de las medidas investigativas. Paralelamente, especialistas en violencia de género fueron incorporados al trabajo de análisis del expediente.

Los procedimientos realizados durante los últimos días apuntan a esclarecer cada uno de los movimientos realizados antes y después del crimen. Las autoridades no descartan nuevas medidas procesales en función de los resultados que arrojen los peritajes en curso.

La conmoción social generada por el caso se vio amplificada por los testimonios de familiares y allegados de la joven. Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentra documentación personal hallada entre sus pertenencias, que podría aportar información relevante para comprender el contexto que atravesaba.

Mientras la causa continúa avanzando, el caso se transformó en uno de los principales ejes de las movilizaciones realizadas durante esta nueva jornada de Ni Una Menos. Para muchas personas, representa una muestra más de la necesidad de reforzar las herramientas de prevención y protección frente a situaciones de violencia.

A once años del primer grito colectivo que sacudió a la sociedad argentina, las calles volvieron a llenarse de voces que exigen respuestas. Las cifras registradas en 2026, los cientos de intentos de femicidio y los casos que conmueven a la opinión pública reflejan que la violencia de género sigue siendo un desafío urgente. El reclamo que nació hace más de una década permanece vigente porque detrás de cada estadística existen vidas, familias y comunidades que siguen esperando soluciones efectivas.