El Senado de la Nación asestó un golpe significativo al oficialismo al rechazar este jueves una serie de decretos emitidos por la Casa Rosada que buscaban desregular o modificar de manera profunda el funcionamiento de distintos organismos estatales. La votación dejó sin efecto las iniciativas que pretendían intervenir en instituciones emblemáticas como el Banco Nacional de Datos Genéticos, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Marina Mercante y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo.

La sesión, extensa y cargada de tensión política, consolidó la derrota que el Gobierno ya había sufrido la semana pasada en la Cámara de Diputados, y se convirtió en uno de los primeros frenos institucionales de peso a las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases.

Qué estaba en juego

El oficialismo buscaba avanzar con decretos que modificaban estructuras clave del Estado bajo el argumento de “reorganización y eficiencia administrativa”. Entre ellos se incluía la disolución de Vialidad Nacional, cambios en la administración del Banco Nacional de Datos Genéticos —fundamental en la identificación de nietos apropiados durante la dictadura—, la eliminación de la agencia encargada de regular la industria del cáñamo y recortes profundos en organismos de ciencia y tecnología como el INTA y el INTI.

También estaba en discusión un DNU sobre la Marina Mercante, cuestionado por su impacto sobre derechos laborales, en particular por la redefinición del derecho a huelga y la consideración de la actividad como servicio esencial.

Debate en el recinto

Las posturas expuestas en el Senado mostraron un amplio consenso opositor en defensa de los organismos.

El pampeano Pablo Bensusán (UxP) advirtió que “el INTA y el INTI no son estructuras abstractas, sino pilares del desarrollo científico y tecnológico. Si se destruyen, se destruye el trabajo de décadas”. Y alertó que, de prosperar los cambios, los productores agropecuarios “tendrían que depender de multinacionales para acceder a semillas y tecnología, con el riesgo de que desaparezca la mitad de las economías regionales”.

El radical Pablo Blanco (UCR) acusó al Gobierno de esconder su verdadero propósito: “Reasignan funciones, vacían de contenido los organismos y les quitan autonomía presupuestaria. Como hubo corrupción en Vialidad, la respuesta fue disolverla. Es como matar al enfermo en lugar de curarlo”.

Desde un sector del peronismo disidente, Juan Carlos Romero (Salta) introdujo matices: reconoció la importancia del INTA, pero cuestionó el crecimiento de su planta de personal en los últimos años, “sin una proporcionalidad clara en los resultados”.

En tanto, el jefe del PRO, Alfredo De Ángeli, sorprendió al desmarcarse del oficialismo: “Voy a votar contra la disolución de Vialidad y contra los cambios en el INTA. El Gobierno debe rever esta situación”, señaló.

Del lado de La Libertad Avanza, el jefe de bloque Ezequiel Atauche defendió los decretos y aseguró que “no se trata de cierres, sino de reorganizaciones”. Según explicó, el objetivo es “conservar las funciones y desplazar a los militantes políticos que no trabajan”.

Los resultados de la votación

La contundencia del rechazo dejó en evidencia la debilidad parlamentaria del oficialismo:

• INTA e INTI: 60 rechazos, 9 votos a favor y 1 abstención.
• Organismos de cultura: 57 rechazos, 13 afirmativos y 1 abstención.
• Banco Nacional de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos y 1 abstención.
• Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos y 3 abstenciones.
• Vialidad Nacional: 50 rechazos, 10 afirmativos y 1 abstención.

Un freno con impacto político

Con esta decisión, la oposición no solo defendió a los organismos cuestionados sino que también marcó límites al uso discrecional de los decretos delegados y de necesidad y urgencia. El mensaje político fue claro: el Senado no acompañará reformas que impliquen desmantelar instituciones con fuerte respaldo social e histórico.

El resultado se suma a la agenda de debate que continuará en los próximos días con la aprobación de la emergencia pediátrica y la mejora en el financiamiento de las universidades públicas, donde también se espera un fuerte posicionamiento opositor.

Para el Gobierno, el traspié implica un llamado de atención: la estrategia de avanzar con cambios estructurales por la vía de los decretos encuentra cada vez más resistencia en un Congreso que, por ahora, le muestra los límites al poder delegado.