Con 40 votos a favor y 31 en contra, el Senado dio luz verde a la modificación de la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de recursos hídricos. La reforma ahora pasará a Diputados y genera un intenso debate sobre inversión minera, desarrollo económico y conservación ambiental.

El Senado de la Nación vivió este jueves una jornada decisiva: en medio de la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador, la modificación de la Ley de Glaciares acaparó la atención por sus implicancias políticas, económicas y ambientales. El oficialismo sostiene que la reforma permitirá atraer inversiones mineras, generar empleo y dar mayor autonomía a las provincias en la gestión de sus recursos, mientras que la oposición advierte riesgos para la protección de glaciares y el acceso al agua.

La sesión estuvo marcada por tensiones internas, críticas a la forma de introducir cambios al dictamen y manifestaciones externas de grupos ambientalistas. El resultado refleja la polarización sobre cómo equilibrar el desarrollo económico con la conservación de los recursos estratégicos de Argentina.

Por qué el oficialismo defiende la reforma

La senadora Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, defendió con fuerza la modificación. Destacó que la actividad minera cuenta con controles estrictos y que la ley permitirá que las provincias gestionen sus recursos de manera responsable. Según Bullrich, la iniciativa no solo abrirá oportunidades de inversión, sino que generará empleos y dinamizará economías regionales, contribuyendo a lo que ella llamó “un capitalismo productivo que nos beneficie a todos”.

Flavia Royón, senadora por Salta, reforzó la idea de que la reforma no entrega recursos ni habilita actividades prohibidas en zonas protegidas. “Se trata de perfeccionar la ley con métodos científicos y técnicos, asegurando que los glaciares sigan protegidos”, explicó. Royón también destacó que el agua se mantiene como prioridad y que los estudios de impacto ambiental y el seguimiento provincial garantizan un control riguroso, desmintiendo afirmaciones sobre un supuesto “terrorismo ambiental”.

El senador Luis Juez, por su parte, recordó que las circunstancias legales han cambiado desde la sanción original de 2010. Argumentó que la reforma fortalece la autonomía provincial y permitirá crear entre 12.000 y 15.000 empleos si se dinamizan las inversiones locales. Juez consideró que las críticas más rígidas responden a un discurso que limita el desarrollo económico y llamó a superarlo con políticas inteligentes de gestión minera.

Según los oficialistas, la reforma mantiene la protección de glaciares, pero permite que las provincias administren sus recursos con reglas claras, fomentando inversiones estratégicas y empleo local.

Críticas de la oposición: riesgos y falta de debate

La oposición cuestionó la forma en que se introdujeron cambios al dictamen en el Senado. El senador Daniel Bensusán denunció que la versión final del proyecto llegó apenas minutos antes de la votación, lo que limitó la discusión y análisis de los legisladores. “Esto podría poner en juego la protección ambiental y el agua si se priorizan intereses económicos”, advirtió.

Alicia Kirchner, senadora por Santa Cruz, señaló que la ley vigente ofrece seguridad jurídica y protección efectiva de los glaciares, y alertó sobre un posible retroceso institucional. Destacó que Argentina posee la tercera mayor reserva mundial de agua y que cambios apresurados podrían debilitar la normativa sin los controles necesarios. Kirchner solicitó que el proyecto vuelva a comisión para un análisis exhaustivo, advirtiendo que modificarlo “entre gallos y medianoche” sería un error.

Fernando Rejal, de La Rioja, también criticó la reforma por considerarla regresiva, especialmente para provincias áridas. Argumentó que altera los presupuestos mínimos de protección y podría afectar la distribución del agua, un recurso vital para la agricultura, la industria y la vida cotidiana. Otros senadores coincidieron en que la discusión debería centrarse en la eficiencia del uso del agua y no solo en la explotación minera.

La oposición alerta que la reforma podría debilitar la protección de glaciares y recursos hídricos si se aprueba sin un debate completo y mecanismos de control efectivos.

Protestas y tensión en el Senado

La sesión estuvo marcada por manifestaciones externas: activistas de Greenpeace y un camarógrafo de televisión fueron detenidos tras intentar ingresar al Congreso con pancartas en rechazo al proyecto. Esto reflejó la fuerte movilización social frente a cambios que involucran la protección ambiental.

Dentro del recinto, el debate sobre el acuerdo Mercosur-UE también generó cruces entre bloques. El senador José Mayans denunció intentos del oficialismo de adelantar la votación sin respetar el orden de oradores. La jefa del bloque LLA, Patricia Bullrich, coordinó con otros legisladores para reducir los tiempos de exposición y garantizar la sanción del acuerdo, mientras la reforma de la Ley de Glaciares continuó dividiendo opiniones incluso dentro de los aliados al Gobierno.

El resultado final evidencia la polarización política: el oficialismo apuesta a un esquema de desarrollo productivo con control provincial, mientras la oposición advierte sobre riesgos ambientales y la necesidad de debate. Ahora, la ley deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde se espera que continúe la discusión sobre cómo equilibrar inversiones mineras, protección de glaciares y gestión sostenible del agua.

La modificación de la Ley de Glaciares marca un punto de inflexión en la política ambiental y minera de Argentina, con implicancias económicas, sociales y territoriales que seguirán siendo analizadas en Diputados.