El Gobierno nacional afrontará este viernes 9 de enero uno de los vencimientos de deuda externa más relevantes del inicio de 2026, con pagos que superan los USD 4.200 millones. En un contexto de fuerte atención sobre las reservas y la sostenibilidad financiera, el Ministerio de Economía confirmó el esquema con el que se cumplirán los compromisos: el Tesoro utilizará dólares propios depositados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y comprará el resto de las divisas necesarias a la autoridad monetaria.

La decisión apunta a garantizar el pago en tiempo y forma sin generar tensiones adicionales en el mercado cambiario ni alterar el sendero de estabilidad que el Ejecutivo busca consolidar. Según precisaron fuentes oficiales, el Tesoro dispone de aproximadamente USD 2.300 millones en depósitos en moneda extranjera y recurrirá a la compra de dólares al BCRA para completar el monto requerido. De esta manera, el Gobierno evita una salida abrupta de reservas o la necesidad de acudir a nuevas emisiones de deuda en el mercado.

El esquema se apoya, en buena medida, en el reciente refuerzo financiero obtenido por el Banco Central a través de un préstamo Repo con bancos internacionales. Esta operación le otorgó a la entidad monetaria un margen adicional de liquidez en dólares, permitiéndole abastecer al Tesoro sin comprometer de forma permanente activos estratégicos ni modificar sustancialmente su posición de reservas netas.

El préstamo Repo acordado por el BCRA asciende a USD 3.000 millones, tiene un plazo cercano al año y devenga una tasa anual del 7,4%. La línea fue otorgada por un consorcio de seis bancos internacionales y se estructuró sobre la base de la tasa SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos. Aunque el interés de las entidades superó ese monto, la autoridad monetaria optó por tomar el total inicialmente previsto, en una señal de cautela financiera.

Este tipo de acuerdos funciona como un mecanismo de financiamiento de corto plazo mediante el cual el Banco Central entrega determinados bonos soberanos como garantía a cambio de recibir dólares en efectivo, con el compromiso de recomprar esos títulos en una fecha futura a un precio previamente pactado. En esta ocasión, se utilizaron bonos Bonares con vencimiento en 2035 y 2038, ambos bajo legislación argentina, lo que permitió cerrar la operación sin exponer títulos regidos por normativa extranjera.

Al comenzar enero, los depósitos del Tesoro en el BCRA en moneda extranjera rondaban los USD 1.676 millones, según el último dato oficial disponible. Ese stock estaba compuesto por distintas operaciones financieras realizadas fuera del mercado cambiario y por la emisión del BONAR 2029N, que aportó alrededor de USD 910 millones. A ese nivel se sumaron ingresos extraordinarios que reforzaron la posición de caja del Estado, como el pago correspondiente a la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, por unos USD 700 millones, lo que elevó el total por encima de los USD 2.300 millones.

Además de la disponibilidad de dólares, el Tesoro cuenta con una posición sólida en pesos. Al inicio de la semana, los depósitos en moneda local superaban los 4,12 billones de pesos, un monto equivalente a unos USD 2.800 millones al tipo de cambio de referencia. Incluso después de la compra de divisas al Banco Central para afrontar los vencimientos, el Ministerio de Economía mantendría un excedente cercano a 1,18 billones de pesos, o unos USD 800 millones, lo que refuerza la señal de solvencia de corto plazo.

El total de vencimientos previstos para este viernes asciende a USD 4.216 millones y se divide entre títulos emitidos bajo legislación extranjera y bonos regidos por ley local. Esta distinción es relevante desde el punto de vista operativo, ya que los pagos de los títulos Globales requieren que los dólares estén disponibles con al menos un día hábil de anticipación, debido a los procedimientos del sistema financiero internacional.

Del monto total, aproximadamente USD 2.567 millones corresponden a bonos Globales. Dentro de ese grupo, unos USD 1.524 millones están vinculados al pago de capital y otros USD 1.043 millones al pago de intereses. En tanto, los vencimientos de Bonares suman alrededor de USD 1.649 millones, con USD 1.187 millones en concepto de amortización de capital y USD 462 millones correspondientes a intereses.

Un dato clave es que no todo el pago implica una salida neta de divisas del sector público. Se estima que alrededor de USD 500 millones de los bonos que vencen están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Al tratarse de un organismo estatal, el pago de esos títulos no representa una presión directa sobre las reservas del Banco Central, ya que los fondos permanecen dentro del propio sector público.

Desde el Gobierno destacan que el cumplimiento de estos compromisos forma parte de una estrategia más amplia orientada a normalizar el perfil financiero del país y recuperar previsibilidad. En ese sentido, el pago puntual busca enviar una señal a los mercados y a los organismos internacionales sobre la voluntad oficial de honrar la deuda, en un contexto en el que la credibilidad financiera es considerada un activo central para sostener la estabilidad macroeconómica.

El vencimiento llega en un momento sensible para la política económica, con la atención puesta en la evolución de las reservas, la dinámica de la inflación y la capacidad del Estado para sostener el equilibrio fiscal. La combinación de dólares propios y financiamiento de corto plazo permite atravesar este hito sin recurrir a medidas de emergencia ni generar sobresaltos en el mercado cambiario, aunque el foco seguirá puesto en cómo se recompone la posición del Banco Central en los próximos meses.

Para el equipo económico, la clave estará en sostener el flujo de ingresos y la disciplina fiscal que permita afrontar futuros vencimientos sin comprometer la estabilidad lograda. En ese marco, el pago de más de USD 4.200 millones no solo representa un desafío financiero puntual, sino también una prueba de la estrategia de administración de pasivos y de la capacidad del Gobierno para sostener un esquema de pagos ordenado en un escenario económico todavía frágil.

Con este esquema, el Ejecutivo busca cerrar uno de los principales compromisos financieros del mes sin alterar los equilibrios macroeconómicos y reforzar la idea de que, al menos en el corto plazo, cuenta con las herramientas necesarias para cumplir con sus obligaciones y sostener la estabilidad financiera.