El Tribunal Oral Federal N°2 ordenó este lunes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los demás condenados en la causa Vialidad a pagar una suma superior a los $600.000 millones como compensación por el perjuicio económico causado al Estado. La intimación establece un plazo de 10 días hábiles para cumplir con la medida, bajo apercibimiento de avanzar con el embargo de bienes.

La resolución judicial alcanza a todos los involucrados en el caso, entre ellos el empresario Lázaro Báez y ex funcionarios de la administración pública que fueron condenados en diciembre de 2022 por el direccionamiento sistemático de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. En ese fallo, el tribunal había determinado que existió una maniobra de corrupción que benefició a empresas vinculadas a Báez, como Austral Construcciones.

Según los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el monto a resarcir corresponde al “daño producido al erario público” en el marco de una estructura de administración fraudulenta. El cálculo fue realizado por peritos oficiales y luego convalidado por la Corte Suprema. La defensa de la ex mandataria intentó desacreditar la cifra mediante una pericia de parte, pero el tribunal resolvió no hacer lugar a ese planteo y ratificó la estimación original.

La medida incluye la advertencia de que, en caso de no concretarse el pago dentro del plazo fijado, el Estado estará habilitado para iniciar acciones de ejecución forzosa: embargos, inhibiciones generales de bienes y decomiso de propiedades, vehículos u otros activos. De este modo, se busca avanzar en el recupero del dinero público presuntamente malversado durante los gobiernos kirchneristas.

Desde el entorno de Cristina Kirchner no se emitieron declaraciones al respecto. La vicepresidenta en ejercicio hasta diciembre de 2023 había denunciado en distintas oportunidades que la causa estaba motivada políticamente. Sin embargo, tanto el juicio como los fallos posteriores fueron convalidados en distintas instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema.

La causa Vialidad, que comenzó en 2019 y concluyó su etapa oral a fines de 2022, constituye uno de los procesos judiciales más relevantes en torno a la corrupción en la obra pública. El juicio estableció que, entre 2003 y 2015, el Estado favoreció a Báez con 51 contratos por más de $46 mil millones (a valores históricos) sin los controles ni la competencia exigida por ley.

Con esta nueva disposición, la Justicia avanza sobre la etapa patrimonial del caso, con la intención de recuperar parte de los fondos públicos desviados. La decisión podría sentar un precedente sobre cómo proceder ante condenas por corrupción con daños económicos comprobados al Estado.