En un fallo sin precedentes por su magnitud económica y política, Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad deberán resarcir al Estado Nacional con una suma actualizada que asciende a 684.990.350.139,86 pesos. Así lo determinó un informe pericial contable elaborado por técnicos designados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualizó el monto originalmente fijado por el Tribunal Oral Federal N°2.

La cifra surge de la aplicación de criterios contables y económicos para la actualización de la indemnización ordenada en el fallo condenatorio de 2022. En aquella oportunidad, el TOF 2 había establecido que los nueve condenados debían reintegrar solidariamente al erario público un total de 85.000 millones de pesos. Sin embargo, debido a la inflación acumulada desde entonces, los peritos utilizaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y lineamientos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas para recalcular el monto, que finalmente se incrementó más de ocho veces.

La causa Vialidad, iniciada en 2008 y elevada a juicio en 2018, investigó el direccionamiento de 51 obras públicas viales a favor de las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. En diciembre de 2022, el TOF 2 condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. También fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, y varios exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y de la provincia de Santa Cruz.

Según el informe pericial, todos los condenados deberán devolver el total del monto actualizado de manera solidaria, es decir, cada uno de ellos responde por la totalidad de la suma y el Estado podrá ejecutar a cualquiera por el total hasta que se salde la deuda. Este criterio busca asegurar el recupero efectivo de los fondos desviados.

Entre los bienes alcanzados por los embargos preventivos figuran propiedades, cuentas bancarias, participaciones societarias, vehículos y acciones de empresas. En el caso particular de Cristina Fernández de Kirchner, también se encuentran embargados activos de las firmas familiares Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que ya fueron intervenidas judicialmente. Además, se ha dispuesto la afectación de bienes registrados a nombre de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, por considerar que habrían sido parte de maniobras de ocultamiento patrimonial.

El próximo paso judicial será la evaluación del informe contable por parte del Tribunal Oral Federal N°2. Una vez aceptado, se notificará formalmente a los condenados, quienes tendrán un plazo de diez días hábiles para depositar la suma indicada o presentar bienes de igual valor como garantía. En caso de incumplimiento, la justicia procederá con la ejecución de los embargos y podría avanzar en subastas públicas.

Desde el entorno de la expresidenta no se emitieron declaraciones formales, aunque su defensa anticipó que continuará apelando las decisiones judiciales ante instancias superiores. Cabe recordar que la condena aún no está firme, ya que se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema, luego de haber sido confirmada por la Cámara de Casación Penal.

Este episodio judicial representa un nuevo capítulo en las causas por corrupción que marcaron el final del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La magnitud del monto a devolver y el avance del expediente en términos patrimoniales constituyen una señal clara de que la justicia busca avanzar no solo en la sanción penal, sino también en la reparación económica de los daños al Estado.

El impacto político del fallo no es menor. A meses de las elecciones legislativas y en un contexto de fuerte polarización, el avance del caso Vialidad promete ser un elemento central en la discusión pública, tanto para el oficialismo como para la oposición. Mientras tanto, el Estado nacional espera poder recuperar una suma histórica que, de confirmarse, representará uno de los resarcimientos más importantes obtenidos en causas de corrupción en democracia.