Un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados solicita la exclusión de la legisladora por “desorden de conducta” con base en el artículo 66 de la Constitución Nacional. También plantea una denuncia penal y la suspensión preventiva.

El documento, firmado por diputados de La Libertad Avanza, sostiene que la desconexión de micrófonos y equipos taquigráficos durante una sesión extraordinaria afectó el normal funcionamiento institucional. El debate ahora se traslada al recinto, donde se necesitará una mayoría especial para avanzar con la medida.

La Cámara de Diputados volvió a quedar en el centro de la escena política tras la presentación de un proyecto de resolución que solicita la expulsión de la diputada nacional Florencia Carignano. La iniciativa, impulsada por legisladores de La Libertad Avanza, argumenta que la legisladora incurrió en “desorden de conducta” al desconectar micrófonos y dispositivos de audio utilizados para el registro taquigráfico durante una sesión extraordinaria celebrada el 19 de febrero de 2026.

El documento oficial sostiene que la acción afectó el normal desarrollo de la función legislativa y el ejercicio de representación de uno de los poderes del Estado. En ese marco, el proyecto invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional como fundamento jurídico para excluir a la diputada del cuerpo, una de las sanciones más severas previstas dentro del reglamento parlamentario.

La presentación no solo plantea la expulsión, sino que también faculta a la Presidencia de la Cámara a promover una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Además, solicita la suspensión preventiva de la legisladora hasta tanto se resuelvan las actuaciones correspondientes. El conflicto, así, trasciende el plano político y podría escalar al ámbito judicial.

Qué dice el proyecto presentado en Diputados

El texto del proyecto de resolución establece, en su primer artículo, la exclusión de Florencia Carignano por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. El fundamento central es el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada Cámara del Congreso a corregir y excluir a sus miembros con el voto de dos tercios.

En la argumentación se detalla que, durante la 22° Reunión – 3° Sesión Extraordinaria (Especial), la diputada habría procedido a desconectar micrófonos y dispositivos destinados a la toma de versiones taquigráficas y a la conexión de audio del recinto. Según los autores del proyecto, esa conducta buscó impedir el normal desempeño de la función legislativa.

El segundo artículo faculta a la Presidencia de la Cámara a efectuar la denuncia penal correspondiente por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos. Este punto introduce un componente de gravedad adicional, ya que podría derivar en la intervención de la Justicia.

El tercer artículo propone la suspensión preventiva de la diputada mientras se sustancian las actuaciones, tomando como antecedente el expediente 5022-D-2020, conocido como el “caso Ameri”. En aquel episodio, la Cámara adoptó medidas disciplinarias tras un hecho ocurrido en plena sesión remota, lo que sirve como referencia reglamentaria para justificar una suspensión mientras se analiza la exclusión definitiva.

El proyecto lleva las firmas de Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja y Silvana Giudici, quienes impulsan formalmente la iniciativa dentro del bloque oficialista.

Artículo 66: qué implica y cuándo puede aplicarse

El artículo 66 de la Constitución Nacional establece que cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta y, con el voto de dos tercios, excluirlo de su seno. Se trata de una herramienta excepcional, pensada para situaciones de extrema gravedad institucional.

La exclusión no es una decisión automática. Requiere una mayoría especial que suele ser difícil de alcanzar en un Congreso fragmentado. Esto implica que, más allá del impulso del oficialismo, la medida necesitará acuerdos amplios con otros bloques para prosperar.

La diferencia entre suspensión y expulsión también es relevante. La suspensión preventiva es una medida transitoria que limita el ejercicio de funciones mientras se analiza la situación. La expulsión, en cambio, implica la pérdida definitiva de la banca, lo que altera la representación surgida del voto popular.

En la práctica parlamentaria argentina, los antecedentes de exclusión son escasos y responden a episodios considerados de fuerte impacto institucional. Por eso, cada intento de aplicar esta herramienta genera un debate profundo sobre sus alcances y límites.

Qué puede pasar ahora en el Congreso

El tratamiento del proyecto abrirá un debate político intenso en la Cámara de Diputados. Para avanzar con la exclusión será necesario reunir los dos tercios de los votos, una cifra que exige consensos transversales en un escenario político caracterizado por la polarización.

Desde La Libertad Avanza sostienen que la desconexión de los equipos de audio afectó un mecanismo esencial del funcionamiento legislativo: el registro oficial de las intervenciones. Los taquígrafos cumplen un rol central al dejar constancia textual de lo debatido, lo que garantiza transparencia y respaldo documental de cada sesión.

Sectores de la oposición, en tanto, anticipan que analizarán el proyecto en detalle antes de fijar postura. Argumentan que cualquier medida disciplinaria de este alcance debe evaluarse con prudencia, respetando los procedimientos internos y el principio de representación democrática.

También deberá definirse si prospera la denuncia penal planteada en el proyecto. En ese caso, el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial, ampliando el impacto político del episodio.

Más allá del desenlace, el caso se inscribe en un contexto de alta tensión parlamentaria. Las sesiones recientes han estado atravesadas por debates intensos y acusaciones cruzadas que reflejan el nivel de confrontación política actual. En ese escenario, cada incidente adquiere una dimensión mayor y puede convertirse en un punto de inflexión institucional.

La decisión final dependerá de la correlación de fuerzas dentro de la Cámara y de la voluntad de los distintos bloques de acompañar o rechazar la iniciativa. Lo que está en juego no es solo la situación particular de una legisladora, sino también el precedente que pueda sentarse sobre el uso del artículo 66 y los límites de la disciplina parlamentaria.

En un Congreso donde cada votación es estratégica y cada movimiento tiene impacto político, el debate sobre la posible expulsión de Florencia Carignano será una prueba de la capacidad del sistema legislativo para resolver conflictos internos dentro del marco constitucional. La resolución que adopte la Cámara marcará el tono de las próximas discusiones y podría redefinir el equilibrio político en el recinto.