El Gobierno de Javier Milei atraviesa dos semanas decisivas para intentar impedir que el Congreso avance con la derogación del DNU 70/2023. La oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión para discutir el futuro del megadecreto, en un escenario que también podría acelerar las negociaciones del oficialismo con gobernadores y bloques aliados.

La situación adquirió una nueva dimensión después del fallo de la Corte Suprema relacionado con la Ley de Tierras. La oposición busca aprovechar el escenario parlamentario para avanzar contra una norma que el Gobierno considera fundamental para sostener buena parte de las desregulaciones implementadas desde el inicio de la actual gestión.

El debate quedó además conectado con otros proyectos que generan tensión política, entre ellos las iniciativas vinculadas con el endeudamiento y la discapacidad. Los principales impulsores de la sesión pretenden conservar el respaldo de los legisladores que ya acompañaron esas propuestas y trasladar ese consenso al intento de derogar el DNU.

Para la Casa Rosada, el desafío es especialmente relevante porque una eventual derogación tendría efectos sobre un conjunto amplio de modificaciones regulatorias. Entre ellas aparecen cambios relacionados con alquileres, góndolas, medicina prepaga, servicios de internet satelital, cielos abiertos y Aerolíneas Argentinas.

El oficialismo busca, por ese motivo, evitar que la oposición consiga reunir los votos necesarios y concentra sus esfuerzos en las conversaciones con sectores aliados y gobiernos provinciales.

DNU 70/2023: qué reformas quedarían comprometidas si avanza la derogación

El DNU 70/2023 fue uno de los instrumentos centrales utilizados por Milei durante los primeros meses de su administración. Su contenido modificó distintas regulaciones y sirvió como base para posteriores medidas de desregulación económica impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Una derogación integral del decreto tendría un alcance considerable. Al tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, la discusión parlamentaria no se limita a un único artículo o una medida determinada, sino que pone en cuestión el conjunto de disposiciones incorporadas mediante esa norma.

Entre las consecuencias mencionadas dentro del oficialismo aparece el eventual regreso de regulaciones que habían sido eliminadas al comienzo de la gestión. Entre ellas se encuentran disposiciones vinculadas con la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas.

También quedarían bajo discusión las modificaciones relacionadas con los servicios de medicina prepaga, la eliminación de determinadas restricciones de precios, la desregulación de internet satelital y la implementación del esquema de cielos abiertos.

Otro de los puntos alcanzados por el decreto es la autorización para la cesión total o parcial del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas.

La cuestión de las tierras rurales ocupa un lugar particular dentro del conflicto. El artículo 154 del DNU eliminó restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, una decisión que volvió a quedar en el centro de la discusión política después del reciente fallo de la Corte Suprema.

Por ese motivo, dentro del Gobierno consideran que la discusión excede ampliamente el debate sobre la propiedad rural. Una eventual derogación afectaría una arquitectura normativa más extensa y obligaría a revisar el impacto de la caída de las distintas disposiciones.

En la Casa Rosada sostienen que no existe margen para permitir que el DNU pierda vigencia y entienden que la única posibilidad de frenar la ofensiva opositora consiste en reunir el respaldo suficiente de aliados y legisladores que no integran el núcleo más cercano del oficialismo.

Gobernadores: el Gobierno acelera negociaciones mientras se acerca la sesión

La convocatoria parlamentaria también puede modificar los tiempos de las negociaciones políticas que La Libertad Avanza mantiene con distintos gobernadores.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya había transmitido en conversaciones privadas que durante las próximas dos o tres semanas deberían comenzar a cerrarse y hacerse públicos algunos acuerdos con gobiernos provinciales. El objetivo es generar consensos que permitan avanzar con la reforma política y otras iniciativas en el Congreso.

La discusión por el DNU 70 podría acelerar esas conversaciones.

En ese contexto, Santilli mantuvo en París una reunión con 12 gobernadores que participaron de la delegación argentina durante la Argentina Week. El encuentro se produjo mientras el Gobierno intenta fortalecer los vínculos con mandatarios provinciales y avanzar en acuerdos que también tienen una dimensión electoral de cara a 2027.

Según trascendió desde una de las provincias que ya había alcanzado un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, Santilli planteó la necesidad de acelerar las negociaciones, especialmente en materia electoral.

La respuesta de algunos mandatarios habría sido directa: antes de definir su acompañamiento quieren conocer qué propone concretamente el Gobierno para las provincias.

Las declaraciones públicas de distintos gobernadores muestran que existe un espacio de diálogo con la Casa Rosada, aunque cada administración provincial mantiene intereses propios que pueden influir en las negociaciones legislativas.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo en declaraciones a Bloomberg Línea que el Gobierno podría conseguir una validación electoral en 2027 si logra construir alianzas con entre 10 y 12 gobernadores. También destacó la importancia de contar con un respaldo territorial amplio.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, expresó una mirada coincidente respecto de la necesidad de sostener el rumbo general de la administración nacional. En declaraciones a Radio Mitre, consideró que los gobernadores que participaron de la Argentina Week comparten la idea de no regresar a políticas aplicadas anteriormente.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri también planteó la necesidad de evitar cambios bruscos de orientación política cada cuatro años. En declaraciones a El Cronista, señaló que, más allá del esfuerzo realizado por La Libertad Avanza, existe interés en evitar un nuevo movimiento pendular.

Para el oficialismo, esas posiciones representan una oportunidad para profundizar los acuerdos. Sin embargo, las negociaciones no serán sencillas porque los gobernadores también tienen reclamos particulares que pueden condicionar su posición frente al DNU 70.

Misiones aparece como uno de los casos que podría generar mayores dificultades. El decreto establece la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate, una medida con impacto directo sobre una actividad de importancia para esa provincia.

En ese escenario, los representantes misioneros cuentan con un incentivo específico para negociar modificaciones o revisar su posición frente al decreto. El Gobierno deberá contemplar esos intereses si pretende construir una mayoría parlamentaria que permita sostener la norma.

Ley de Tierras y Ley de Soberanía: la alternativa que analiza el oficialismo

Mientras avanzan las conversaciones políticas, dentro del oficialismo de la Cámara de Diputados comenzó a tomar fuerza una alternativa para intentar desactivar la ofensiva contra el DNU.

La posibilidad consiste en incorporar las disposiciones vinculadas con la Ley de Tierras dentro del proyecto de Ley de Soberanía Nacional anunciado por Milei en cadena nacional y relacionado con la cuestión Malvinas.

La estrategia apunta especialmente a los legisladores que no quieren acompañar una derogación completa del DNU, pero que tampoco están de acuerdo con mantener sin cambios la eliminación de restricciones sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Dentro del oficialismo existe confianza en que la oposición podría tener dificultades para reunir el quórum necesario para iniciar la sesión. Una fuente de la mesa política afirmó que consideran posible que los bloques opositores no consigan reunir los legisladores suficientes.

Sin embargo, otros dirigentes oficialistas mantienen una mirada más cautelosa y advierten que las negociaciones con los gobernadores serán complejas.

El antecedente de la Ley de Tierras demuestra las dificultades que enfrenta el Gobierno para encontrar un punto de equilibrio entre sus objetivos originales y las posiciones de los aliados.

La administración de Milei había impulsado inicialmente una apertura mucho más amplia para la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros. Durante las negociaciones en el Senado, esa propuesta fue reducida hasta establecer un límite cercano al 20%.

El contexto político y social terminó dificultando aún más el avance de esa iniciativa. El clima nacionalista generado después del Mundial redujo los incentivos de distintos sectores aliados para acompañar una flexibilización considerada demasiado amplia.

Finalmente, La Libertad Avanza decidió retirar ese capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción.

Los estrategas oficialistas evaluaron posteriormente recuperar la discusión a través de esa iniciativa, buscando llevar nuevamente el tema a las comisiones y ofrecer una alternativa a los sectores que no quieren acompañar una derogación integral del DNU.

La propuesta de incorporar la cuestión en la Ley de Soberanía Nacional surgió a partir de una alternativa planteada por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

El legislador sostuvo públicamente que no resulta compatible hablar de soberanía mientras permanezca abierta la posibilidad de vender tierras a extranjeros sin límites. Al mismo tiempo, Pichetto figura entre quienes firmaron la convocatoria para la sesión prevista para el 15 de octubre, lo que agrega un elemento particular al escenario parlamentario.

Durante los próximos días, el oficialismo deberá concentrar sus esfuerzos en reunir apoyos suficientes para impedir que avance la derogación del DNU 70/2023.

La discusión tendrá consecuencias que exceden el futuro inmediato del decreto. También pondrá a prueba la capacidad de La Libertad Avanza para construir acuerdos con gobernadores, bloques aliados y sectores de la oposición dialoguista.

La sesión del 15 de octubre será uno de los principales puntos de atención. Hasta entonces, el Gobierno buscará acelerar las negociaciones políticas y electorales, mientras la oposición intentará mantener la mayoría que permitió impulsar la convocatoria.

El resultado de esas conversaciones determinará si el oficialismo logra sostener una de las principales herramientas regulatorias utilizadas desde el comienzo de la gestión de Milei o si el Congreso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno.