Por estos días, las universidades públicas argentinas atraviesan un momento crítico. Con presupuestos congelados, salarios docentes por debajo de la línea de pobreza y una creciente precarización de las condiciones para enseñar e investigar, las casas de estudio han dicho basta. Lo que comenzó como una preocupación administrativa se ha convertido en un plan de lucha nacional que trasciende lo gremial para convertirse en una causa colectiva: la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.

Este conflicto no es nuevo, pero se agrava en un contexto donde desde el poder ejecutivo se cuestiona abiertamente el rol de la universidad pública. Se la acusa de “adoctrinamiento”, se pone en duda su eficiencia y hasta se relativiza su existencia, en una ofensiva ideológica que busca debilitar uno de los pilares más valiosos de la democracia argentina.

Las universidades no son “gastos”. Son inversión social, producción de conocimiento, movilidad social, territorio de libertad y pensamiento crítico. Son el lugar donde miles de jóvenes muchos de ellos primera generación de estudiantes universitarios en sus familias encuentran un proyecto de vida. Son también el espacio donde se investiga sobre salud pública, derechos humanos, tecnología, ambiente, historia y sociedad, muchas veces sin fines de lucro ni intereses corporativos.

El plan de lucha que hoy impulsan rectores, docentes, no docentes y estudiantes no es una simple reacción sectorial. Es una respuesta política y ética a una ofensiva que busca reducir al mínimo el rol del Estado en la vida pública. Las clases abiertas, movilizaciones, paros y asambleas no sólo expresan malestar, también son ejercicios pedagógicos de ciudadanía activa.

Las universidades están de pie. Y si hoy luchan, es porque no están dispuestas a resignarse. Lo que está en juego no es sólo su funcionamiento: es el futuro de una sociedad que tiene derecho a soñar con un país donde el saber no sea un privilegio, sino un derecho.