La Casa Rosada apuesta a una reforma que podría cambiar las reglas electorales de 2027

Mientras la situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa generando tensión en el Congreso y alimentando la ofensiva de la oposición, el Gobierno nacional decidió avanzar con una de las reformas institucionales más importantes de su gestión: la modificación del sistema electoral argentino. El objetivo es evitar que la controversia judicial que rodea al funcionario termine condicionando una iniciativa que el presidente Javier Milei considera estratégica para los próximos años.

La Casa Rosada busca acelerar acuerdos con gobernadores de distintas provincias para reunir los respaldos necesarios que permitan aprobar cambios en el esquema electoral antes de que comience la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027. La propuesta incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia como requisito para competir por cargos electivos.

En el oficialismo sostienen que la discusión debe centrarse en las reformas que consideran necesarias para modernizar el sistema político y reducir costos para el Estado. Sin embargo, el escenario legislativo aparece atravesado por la situación de Adorni, investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, un expediente que la oposición pretende instalar como prioridad dentro de la agenda parlamentaria.

La combinación entre reforma electoral y conflicto político convierte a las próximas semanas en un período decisivo para el Gobierno. El éxito o fracaso de las negociaciones con las provincias podría definir no sólo el futuro de las PASO, sino también la capacidad del oficialismo para construir consensos de cara a los próximos desafíos legislativos.

Las reuniones con gobernadores y la búsqueda de votos para reformar el sistema electoral

Con la misión de ampliar apoyos, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomará una intensa ronda de encuentros con gobernadores provinciales. La estrategia oficial consiste en dialogar tanto con mandatarios cercanos como con aquellos que mantienen diferencias políticas con el Gobierno, en un intento por construir una mayoría capaz de aprobar la reforma.

Entre los encuentros previstos figuran reuniones con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero; el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego; y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Cada reunión tiene una importancia particular porque el oficialismo necesita sumar respaldos más allá de sus propios bloques parlamentarios.

Las expectativas son positivas respecto de Zdero y Orrego. Ambos gobernadores han expresado en diferentes oportunidades opiniones favorables a revisar el sistema de primarias. En Chaco incluso se impulsaron iniciativas locales para suspender este mecanismo, mientras que en San Juan se planteó públicamente que las PASO podrían haber perdido utilidad en el contexto político actual.

La situación es diferente con Melella, uno de los gobernadores que mantiene una relación más distante con la administración nacional. Aun así, desde la Casa Rosada consideran indispensable sostener canales de diálogo abiertos con todas las provincias, especialmente cuando se trata de una reforma que podría modificar aspectos centrales de la competencia electoral.

La búsqueda de consensos no comenzó ahora. Durante las últimas semanas, Santilli mantuvo reuniones con mandatarios de Catamarca, Río Negro, Neuquén, Salta, Entre Ríos y Tucumán. En varios casos encontró coincidencias respecto de la necesidad de discutir el futuro de las PASO, aunque todavía persisten diferencias sobre la profundidad de los cambios.

Para el Gobierno, la principal justificación de la reforma está vinculada al costo económico del sistema. Desde el oficialismo sostienen que la realización de elecciones primarias implica una inversión millonaria para el Estado y que esos recursos podrían destinarse a otras áreas prioritarias.

Sin embargo, quienes defienden la continuidad de las PASO argumentan que se trata de una herramienta que permite democratizar la selección de candidatos, ordenar las disputas internas de los partidos y ofrecer a los ciudadanos una mayor participación en la definición de las ofertas electorales.

La discusión, por lo tanto, excede la cuestión presupuestaria. Se trata de un debate sobre la forma en que se organiza la competencia política y sobre el equilibrio entre ahorro de recursos y participación democrática.

Qué cambiaría para los votantes si se eliminan las PASO y por qué el Congreso será clave

Más allá de la disputa política, una de las preguntas que surge entre los ciudadanos es qué consecuencias concretas tendría la eliminación de las PASO. La respuesta depende del modelo que finalmente logre aprobar el Congreso.

Actualmente, las elecciones primarias permiten que los partidos definan sus candidatos mediante una votación abierta a toda la ciudadanía. Si desaparecieran, las agrupaciones políticas deberían elegir otros mecanismos internos para seleccionar a quienes competirán en las elecciones generales.

Esto podría traducirse en campañas más cortas, menos jornadas electorales y una reducción de los gastos asociados a la organización de los comicios. También implicaría que muchas definiciones partidarias se trasladen nuevamente a estructuras internas, algo que genera posiciones encontradas entre especialistas y dirigentes políticos.

El oficialismo considera que la eliminación de las PASO simplificaría el calendario electoral y permitiría reducir significativamente los costos. No obstante, algunos sectores de la oposición advierten que podría disminuir las oportunidades de participación ciudadana en la etapa previa a las elecciones generales.

En paralelo a esta discusión, el Congreso enfrenta otra batalla política: la intención de distintos bloques opositores de impulsar mecanismos de control sobre Manuel Adorni. Entre las alternativas que se analizan figura una posible interpelación y otros instrumentos parlamentarios destinados a exigir explicaciones sobre la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete.

En el Gobierno aseguran que cuentan con los números necesarios para evitar que prosperen las iniciativas más severas. Sin embargo, reconocen que la controversia podría afectar las negociaciones parlamentarias y complicar la construcción de acuerdos en torno a la reforma electoral.

Algunos sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical observan el escenario con cautela. Aunque continúan dialogando con el oficialismo en distintos temas, no descartan acompañar determinadas instancias de debate legislativo relacionadas con la situación de Adorni si la oposición logra avanzar con los procedimientos correspondientes.

Frente a este panorama, la Casa Rosada mantiene una estrategia de doble vía. Por un lado, intenta desactivar el impacto político del caso que involucra al jefe de Gabinete. Por otro, acelera conversaciones con gobernadores y referentes provinciales para evitar que la discusión electoral quede paralizada.

La prioridad sigue siendo aprobar la eliminación definitiva de las PASO. Sin embargo, en los despachos oficiales también analizan alternativas en caso de que no alcancen los votos necesarios. Entre las opciones aparece una nueva suspensión temporal del sistema o la posibilidad de modificar su carácter obligatorio.

Las próximas semanas serán determinantes para conocer cuál de estos caminos logra reunir mayor consenso. Lo que está en juego no es solamente una reforma legislativa, sino la definición de las reglas bajo las cuales se desarrollará la competencia política rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. En un contexto marcado por tensiones, negociaciones y disputas de poder, el futuro de las PASO se convirtió en uno de los debates más relevantes de la agenda nacional.