El Gobierno nacional logró este viernes uno de los objetivos políticos y económicos más relevantes de su primer tramo de gestión: la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado, tras una extensa sesión que se prolongó por más de ocho horas y que dejó al oficialismo con una victoria estratégica en el Congreso. Con la aprobación de la ley de gastos e ingresos, la administración de Javier Milei podrá iniciar el próximo año con un programa económico avalado por el Parlamento, un dato central tanto para el frente interno como para los mercados y los organismos internacionales.

La votación en general del proyecto arrojó 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, quedando apenas a dos adhesiones de alcanzar los dos tercios de la Cámara, con asistencia perfecta en el recinto. Más allá de ese dato numérico, el punto decisivo fue la aprobación en particular de todos los artículos del Presupuesto, lo que permitió que la iniciativa quedara sancionada en su totalidad y lista para ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Incluso los capítulos más controvertidos, como el que incluye el artículo 30 —cuestionado por sectores de la oposición por habilitar eventuales recortes en educación— lograron avanzar con una mayoría suficiente.

De esta manera, el oficialismo cerró el año legislativo con una señal política contundente: no solo logró aprobar la ley más importante del calendario parlamentario, sino que lo hizo construyendo mayorías transversales en un Senado donde La Libertad Avanza se encuentra lejos de tener números propios. La sesión estuvo presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue reemplazada en varios tramos por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, y tuvo como figura central del bloque oficialista a Patricia Bullrich, en su nuevo rol de conducción parlamentaria.

El respaldo al Presupuesto no se limitó a los 21 senadores de La Libertad Avanza. A esos votos se sumaron los diez de la Unión Cívica Radical, tres del PRO y un grupo clave de legisladores provinciales, cuyo acompañamiento resultó determinante para garantizar la aprobación. A ese esquema se agregó un dato político de alto impacto: tres senadores peronistas —Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy)— decidieron votar a favor del proyecto, rompiendo con la postura mayoritaria del interbloque kirchnerista y desoyendo la línea fijada por Cristina Fernández de Kirchner. Esa misma lógica se replicó en la votación en particular, donde el oficialismo volvió a imponerse en cada uno de los capítulos.

La única abstención sostenida a lo largo de toda la sesión fue la de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, mientras que otros legisladores optaron por acompañar en general y abstenerse o votar en contra en artículos específicos, como fue el caso de Julieta Corroza, de La Neuquinidad. Aun así, el Gobierno consiguió avanzar sin sobresaltos y consolidar una mayoría que sorprendió incluso a sectores del oficialismo.

El Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial que, según las proyecciones del Ejecutivo, rondará los $1.423 en diciembre del próximo año. Además, el texto establece un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, pilares centrales del programa económico libertario. En materia de comercio exterior, se proyecta un incremento de las exportaciones del 10,6%, un dato que el Gobierno considera clave para sostener el equilibrio macroeconómico.

Durante el debate en el recinto, el miembro informante de La Libertad Avanza y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, defendió con énfasis el proyecto y lo presentó como una ruptura con más de una década de desorden fiscal. Señaló que en los últimos 13 años la Argentina no había logrado cumplir un Presupuesto con déficit cero y sostuvo que el objetivo central del Gobierno es generar confianza tanto en el plano interno como en el externo. En ese marco, recordó el escenario heredado por la gestión de Milei, con un riesgo país cercano a los 1.900 puntos y una deuda pública con vencimientos inmediatos que calificó como “una bola de intereses”.

Atauche también se refirió a los indicadores sociales y afirmó que, según datos oficiales, más de 10 millones de personas lograron salir de la pobreza y la indigencia durante el primer año de gestión libertaria. Frente a las críticas por el artículo 12, que otorga al Estado la potestad de requerir información a las universidades para evaluar determinados gastos y transferencias, el senador jujeño fue categórico: sostuvo que ese mecanismo ya había sido incorporado en presupuestos anteriores, tanto durante gobiernos kirchneristas como macristas, y rechazó que se trate de una herramienta novedosa o persecutoria.

Desde el kirchnerismo, el primer discurso de peso estuvo a cargo del exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, quien centró su intervención en cuestionamientos políticos y técnicos, aunque su exposición se extendió hacia referencias literarias y reflexiones generales que no lograron captar la atención del recinto. Capitanich habló de “coacción y coerción” hacia las provincias y municipios a través del manejo discrecional de los recursos, una crítica que se repitió en varias intervenciones del bloque opositor.

Más concreto fue el planteo del senador pampeano Pablo Bensusán, quien advirtió sobre la situación de las cajas previsionales provinciales. Señaló que el Presupuesto asigna montos similares a los de 2023 y remarcó que los anticipos a cuenta solo beneficiarían a las provincias con déficits previsionales reconocidos a partir de 2021, lo que, según explicó, dejaría a la mayoría de las jurisdicciones sin asistencia efectiva.

Desde la Unión Cívica Radical, el bonaerense Maximiliano Abad sostuvo que la aprobación de un Presupuesto es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar la credibilidad institucional. Sin embargo, fue crítico del artículo 30, al que definió como una “escoba” que barre los pisos de inversión en educación y ciencia establecidos por ley. Para Abad, aunque esos pisos no siempre se cumplan, siguen siendo una referencia y un rumbo que el Estado no debería abandonar.

Las críticas más duras desde el peronismo llegaron de la mano de la senadora riojana Florencia López, quien puso en duda los supuestos macroeconómicos del proyecto. Cuestionó la proyección de inflación del 10,1% anual y la contrastó con los registros de los últimos meses, que superaron el 2% mensual. Según López, esa subestimación permitiría una mayor recaudación y habilitaría un manejo discrecional de las partidas no asignadas. También advirtió que el Ejecutivo modificó el esquema de bandas cambiarias “sobre la marcha”, mediante resoluciones posteriores al envío del proyecto al Congreso.

En el tramo final del debate, senadores provinciales como Flavia Royón y representantes del PRO destacaron la importancia de contar con reglas claras y previsibilidad para las provincias. Royón sostuvo que sin Presupuesto no hay planificación ni inversión, aunque también señaló que acompañar no implica callar y alertó sobre supuestos macroeconómicos “frágiles y excesivamente optimistas”. En la misma línea, el jefe del bloque PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que el Estado no genera riqueza, sino que administra la que producen los argentinos, y subrayó la necesidad de gobernar con responsabilidad y respetar los acuerdos federales.

El cierre político de la sesión estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien aprovechó su intervención para darle un marco simbólico a la sanción del Presupuesto. Planteó que la votación definía si la Argentina volvía a creer en sí misma y habló de la necesidad de romper con ciclos de desconfianza y resignación. Defendió el cambio de método impulsado por el Gobierno, cuestionó las prácticas asociadas a la obra pública tradicional y sostuvo que gobernar no es prometer, sino decidir incluso cuando las decisiones resultan dolorosas.

Para Bullrich, el Presupuesto 2026 no improvisa ni engaña y establece al superávit fiscal como una regla estructural, no como una meta circunstancial. Con esa definición, el oficialismo cerró una sesión que no solo le permitió aprobar la ley más importante del año, sino también consolidar una victoria política que refuerza su posición de cara a los debates que se avecinan en el Senado, entre ellos la reforma laboral, que asoma como el próximo gran desafío legislativo.