Con un paquete normativo compuesto por un decreto y un proyecto de ley, el Ejecutivo busca incentivar la formalización de los dólares fuera del sistema bancario, reducir la burocracia impositiva y limitar la fiscalización sobre los consumos personales.

En un nuevo movimiento destinado a reformar el sistema tributario y descomprimir la relación entre los ciudadanos y el fisco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles un ambicioso paquete de medidas bajo el nombre de “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. La iniciativa apunta a modificar el esquema de control sobre los movimientos financieros, con el objetivo de incentivar la reintroducción de ahorros informales —en especial los conocidos como “dólares del colchón”— al circuito bancario formal.

La propuesta del Gobierno consta de un decreto reglamentario y un proyecto de ley que será remitido al Congreso Nacional. Ambos buscan establecer un nuevo marco para el control fiscal, revirtiendo políticas consideradas “invasivas” por la actual administración, y fomentando una mayor libertad financiera para los contribuyentes.

Eliminación de regímenes informativos

Uno de los ejes principales del plan es la derogación de múltiples regímenes informativos que exigían a distintas entidades —como bancos, notarías, inmobiliarias y servicios públicos— reportar movimientos de los ciudadanos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Entre las medidas derogadas se incluyen:

• El registro de compras con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales.
• El denominado “CITI de los escribanos”, que obligaba a los profesionales del notariado a reportar todas las operaciones realizadas en sus registros.
• Informes por operaciones de compraventa de vehículos usados.
• Reportes sobre pagos de expensas desde los $32.000.
• Monitoreo de publicaciones en portales de venta de inmuebles.
• Cruce de datos con empresas de servicios públicos como Edenor, Metrogas, Aysa y Telecom.

“El Estado ya no va a perseguir a los argentinos por consumir o ahorrar. La vigilancia fiscal indiscriminada es cosa del pasado”, aseguró Adorni, quien calificó el paquete como una “liberación” del ciudadano común frente al aparato impositivo.

Nuevo régimen simplificado para ganancias

Otra novedad importante es la presentación de un nuevo sistema de liquidación del Impuesto a las Ganancias, basado exclusivamente en la facturación y gastos deducibles, sin tener en cuenta consumos personales ni variación patrimonial.

A partir de junio, los contribuyentes podrán adherirse a este nuevo régimen a través del sistema ARCA (Administración de Recursos Contributivos Argentinos). Al cierre del ejercicio fiscal, ARCA propondrá un monto de pago estimado, que el usuario podrá aceptar o modificar si considera que hubo errores.

“El modelo actual estaba diseñado para generar miedo y dificultar el cumplimiento voluntario. Este nuevo esquema es transparente, digital, sin sorpresas ni persecuciones”, indicó una fuente de la Secretaría de Ingresos Públicos.

Fin de la obligación de presentar DDJJ ante bancos

Dentro del paquete también se encuentra una resolución administrativa que prohíbe a las entidades bancarias exigir declaraciones juradas impositivas como condición para operar.

De esta forma, se pretende terminar con una práctica que, según el Gobierno, “se transformaba en una barrera para quienes deseaban acceder al sistema financiero sin estar completamente formalizados”.

Las personas que enfrenten este tipo de requerimientos por parte de bancos o billeteras virtuales podrán negarse y recurrir a la Secretaría de Comercio o Defensa del Consumidor para denunciar la irregularidad.

Blindaje legal para los ahorros

El proyecto de ley que será enviado al Congreso incluye una cláusula de protección legal para los ahorristas, destinada a evitar que futuras administraciones utilicen datos de esta etapa para iniciar procesos de fiscalización o persecución tributaria.

“El miedo a las represalias futuras es lo que ha mantenido a millones de argentinos fuera del sistema bancario. Queremos dar una señal concreta de que quien confía hoy en el sistema, no será castigado mañana”, explicó Adorni.

Una apuesta por la formalización

Desde el Gobierno sostienen que este conjunto de medidas busca reorientar los esfuerzos fiscales hacia los grandes contribuyentes y descomprimir la presión sobre los pequeños y medianos ahorristas. En este sentido, se considera que la reducción de la burocracia y la eliminación de controles redundantes puede incentivar la reinversión, el ahorro bancarizado y la solicitud de créditos personales o hipotecarios.

“Estamos construyendo un nuevo paradigma: el Estado como facilitador y no como fiscalizador compulsivo”, concluyó el vocero presidencial.

Reacciones

Aunque el anuncio fue bien recibido por sectores empresariales y cámaras de comercio, algunas voces de la oposición expresaron su preocupación por la eventual desfinanciación del Estado y la dificultad de detectar maniobras de evasión o lavado de dinero en un contexto de menor fiscalización.

Organizaciones vinculadas a la recaudación tributaria también advirtieron que la reducción de controles podría debilitar la capacidad del Estado para realizar políticas redistributivas o garantizar servicios públicos esenciales.

El proyecto comenzará su debate parlamentario en los próximos días y promete abrir una intensa discusión sobre el papel del Estado en el control de la economía informal y el equilibrio entre libertad financiera y justicia fiscal.