El oficialismo avanza a paso firme en la Cámara de Diputados con la reforma del Régimen Penal Juvenil, con el objetivo de lograr la media sanción la próxima semana. La iniciativa, que concentra el debate en la reducción de la edad de imputabilidad, se plantea como una de las modificaciones más relevantes en la política de justicia juvenil de los últimos años. Además, se incluirá un apartado presupuestario para asegurar la implementación de la norma en todo el país.

En los últimos días, la Casa Rosada y los distintos bloques parlamentarios oficialistas delinearon un cronograma de trabajo en comisiones, que contempla dictámenes rápidos y una estrategia de consenso con los aliados. La intención del Gobierno es presentar el proyecto de manera simultánea en el plenario, evitando que se filtre antes de la discusión, con el objetivo de acelerar su tratamiento y garantizar el quórum necesario para la media sanción.

Según fuentes del oficialismo, la iniciativa contempla establecer 14 años como edad mínima de imputabilidad, respetando los acuerdos alcanzados con los socios del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. También se mantiene la reducción de la pena máxima efectiva para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, que pasaría de 20 a 15 años, siguiendo los consensos previos.

Avances en comisiones y estrategia parlamentaria

El Congreso comenzó a organizar las comisiones que trabajarán sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil. Durante una reunión convocada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Martín Menem indicó que los bloques tienen plazo hasta mañana para presentar los integrantes que participarán de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes, y Relaciones Exteriores y Mercosur. El primer tema a tratar será justamente la reforma de la ley penal juvenil.

Mientras el oficialismo prepara el armado de las comisiones, la oposición insiste en que el Ejecutivo envíe el proyecto con antelación. Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que el texto será presentado el mismo día del plenario, previsto para el miércoles próximo. “Ese día, un miembro del oficialismo actuará como representante del proyecto, que se sumará a los dictámenes existentes”, explicaron fuentes parlamentarias.

La estrategia apunta a replicar la iniciativa que obtuvo dictamen el año pasado pero perdió estado parlamentario por falta de tratamiento en sesión. Originalmente, el proyecto proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero tras negociaciones con los aliados se acordó establecer un piso de 14 años. La intención es mantener este consenso y avanzar con apoyo de los bloques aliados, sumando las firmas necesarias para lograr el dictamen de mayoría en el plenario de Presupuesto, Justicia y Familia.

El oficialismo cuenta con 20 diputados propios en la comisión, y junto a los aliados suma 10 más, alcanzando las 30 firmas necesarias para obtener el dictamen de mayoría. Con estos números, se espera que el proyecto sea dictaminado el miércoles 11 de febrero y pase al recinto el jueves 12, en paralelo con el debate de la reforma laboral en el Senado.

Financiamiento y objetivos del nuevo Régimen Penal Juvenil

Uno de los puntos más discutidos durante las reuniones fue el financiamiento de la norma. En el proyecto original enviado por el Ejecutivo no se detallaban los costos ni cómo se financiaría la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Ante los reclamos de las provincias, el Gobierno habilitó la inclusión de un apartado presupuestario que permitirá que la Nación costee la diferencia entre el sistema actual y el nuevo. Los gobernadores podrán, además, firmar convenios con la Nación para garantizar los recursos necesarios.

El nuevo régimen establece que la privación de libertad será utilizada únicamente como último recurso, priorizando medidas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas o programas de reparación del daño causado. La pena máxima se limitará a 15 años para delitos graves, y se priorizará la creación de institutos especiales para menores condenados, garantizando educación, atención médica y tratamiento en casos de adicciones.

El personal de estos centros deberá contar con formación especializada en infancia y adolescencia, y se prohíbe cualquier tipo de convivencia con adultos detenidos. Entre las penas alternativas se incluyen amonestaciones, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibiciones de concurrir a determinados lugares y restricción para conducir vehículos. Estas medidas podrán aplicarse en delitos cuya pena máxima sea de hasta 3 años, o de hasta 10 años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras la intervención de la víctima.

Además, se prevé la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con participación obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima. Complementariamente, el régimen incluirá programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y drogas. La implementación y cumplimiento de estas medidas estará a cargo de un supervisor especializado designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Intervenciones especializadas y enfoque integral

El proyecto incorpora también intervenciones dirigidas a abordar problemáticas complejas como salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares conflictivos. En caso de que un menor requiera internación, se notificará al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado y el respeto de los derechos del niño. El objetivo es garantizar un abordaje integral que combine justicia, educación y acompañamiento social.

La reforma busca además generar un sistema homogéneo en todo el país, con criterios claros para la aplicación de penas alternativas, seguimiento de programas y evaluación de resultados. Se prioriza la reincorporación social de los menores, evitando la criminalización temprana y la exposición a contextos de violencia institucional o convivencia con adultos.

Los diputados del oficialismo consideran que, con el dictamen de mayoría y la estrategia de consenso con los aliados, la media sanción es alcanzable la próxima semana. El cronograma previsto contempla un debate ágil, con presentación simultánea de proyectos y discusión en plenario, para garantizar que la ley llegue al recinto sin mayores obstáculos y con respaldo parlamentario suficiente.

Con este enfoque, el Gobierno espera consolidar un modelo de justicia juvenil más moderno y equilibrado, que combine responsabilidad penal con protección de derechos, atención a la salud mental y educación, y alternativas a la privación de libertad que favorezcan la reintegración social. La combinación de consenso político, financiamiento asegurado y lineamientos claros para la aplicación de medidas alternativas marca un hito en la política de justicia juvenil del país.