El Senado aprobó la emergencia pediátrica: el Garrahan como emblema y la amenaza de un veto presidencial

El Senado sancionó por amplia mayoría una ley que declara la emergencia pediátrica en la Argentina durante un año, con el Hospital Garrahan como institución de referencia nacional. La iniciativa, aprobada con 62 votos a favor y 8 en contra, incluye recomposición salarial inmediata para trabajadores de la salud pediátrica, exención del pago de Ganancias para guardias y horas extras, y refuerzo presupuestario para medicamentos, insumos críticos e infraestructura (Congreso de la Nación, 22/08/2025).

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el impacto fiscal de la norma rondaría los $65.573 millones entre julio y diciembre (OPC, 2025).

Durante el debate, la senadora Lucía Corpacci (UxP) advirtió que “ningún gasto estatal puede compararse con el valor de la salud de los 28.000 niños que se atienden cada año en el Garrahan” (Diario de Sesiones, Senado, 22/08/2025).

El momento más emotivo fue el testimonio de Luis Juez (Córdoba), quien recordó la internación de su hija en el Garrahan: “Ese hospital merece ser protegido porque es la última esperanza que tienen miles de familias” (Infobae, 22/08/2025).

Por su parte, el senador Guillermo Andrada (Catamarca) subrayó que el Garrahan “atiende el 40% de los cánceres infantiles del país, concentra las cirugías pediátricas más complejas y forma a especialistas de todo el territorio nacional” (Página/12, 21/08/2025).

Desde el oficialismo, en cambio, ya adelantaron que el presidente vetará la norma, al considerar que es “incompatible con las metas fiscales” y que la exención de Ganancias genera “inequidades tributarias” (Casa Rosada, comunicado oficial, 22/08/2025).

El Hospital Garrahan, inaugurado en 1987, recibe cada año a más de 500.000 pacientes ambulatorios y 28.000 internados, siendo el principal centro pediátrico de alta complejidad del país (Hospital Garrahan, Informe de Gestión 2024).

El futuro de la ley ahora depende de la decisión presidencial. La pregunta que queda abierta es si el Gobierno asumirá el costo político de vetar una medida que obtuvo consenso legislativo y que toca la fibra más sensible de la sociedad: la salud de los niños.

Foto: Infobae

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