El Senado convirtió en ley el proyecto que asegura una actualización automática de los presupuestos universitarios, con un amplio respaldo político que superó los dos tercios de la Cámara. La iniciativa, que también contempla mejoras salariales y paritarias obligatorias para docentes y no docentes, representa un fuerte revés para el oficialismo, que ya anunció que recurrirá al veto presidencial.

Una votación contundente

La sesión de este jueves mostró un escenario anticipado: la oposición consiguió 58 votos afirmativos, frente a 10 rechazos y 3 abstenciones. Incluso dirigentes del PRO y de bloques provinciales se sumaron a la aprobación, lo que dejó en evidencia la dificultad que tendrá la Casa Rosada para sostener su postura.

La sanción llega en medio de un clima de tensión por los recortes en educación y con la advertencia del Gobierno libertario de que la ley será objetada. En ese caso, el Congreso podría insistir con la norma, pero necesitará nuevamente alcanzar el respaldo de dos tercios en ambas Cámaras.

Qué establece la norma

El texto fija un mecanismo de actualización de los fondos universitarios en base a la inflación. Para el próximo año, se establece que los presupuestos deberán ajustarse al 1° de enero de 2025 según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre mayo y diciembre de 2024. Además, durante 2025 se aplicarán incrementos bimestrales.

En materia salarial, el Ejecutivo estará obligado a recomponer los haberes de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la entrada en vigencia de la ley, con un aumento no menor al IPC de ese período. Todo incremento deberá ser remunerativo y bonificable. A su vez, el Gobierno tendrá que convocar a paritarias de manera obligatoria cada tres meses, con actualizaciones mensuales que nunca podrán estar por debajo de la inflación.

Argumentos a favor y en contra

Durante el debate, el senador peronista Fernando Salino advirtió que en los primeros cinco meses de 2025 las transferencias a las universidades fueron 22,5% menores que en el mismo período de 2023. Según sus cálculos, la aplicación de la ley demandará un 0,12% del Producto Bruto Interno.

Desde el radicalismo, Maximiliano Abad cuestionó la falta de un plan integral de desarrollo y remarcó que “no es un problema de recursos, sino de prioridades y de orden fiscal”. A su vez, el santacruceño José María Carambia sostuvo que la medida no debía interpretarse como una pulseada contra el Presidente, mientras que el radical Flavio Fama defendió la legitimidad del sistema universitario y cuestionó los discursos que lo acusan de corrupción.

El cierre estuvo a cargo del jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, quien apuntó contra el sistema educativo en su conjunto. “Uno de cada diez chicos no sabe leer y uno de cada dos no comprende lo que lee. Esto refleja años de malas políticas y adoctrinamiento en las aulas”, expresó, al tiempo que insistió en que gran parte de los recursos se concentran en pocas universidades.

Próximo capítulo: el veto presidencial

Con la sanción consumada, la Casa Rosada ya prepara un nuevo veto. No sería la primera vez que el oficialismo recurre a esa herramienta para bloquear leyes votadas por mayorías amplias. La oposición, en tanto, apuesta a sostener la unidad que mostró en el Senado para insistir con la norma, aunque el desafío será aún mayor en Diputados.

La pulseada por la educación pública se traslada así al terreno político: mientras las universidades reclaman previsibilidad para funcionar, el Gobierno insiste en que no convalidará lo que considera un “gasto excesivo”. La discusión recién empieza y promete convertirse en uno de los ejes centrales del segundo semestre.