La crisis en el sistema de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo con la destitución de Mario Quattrocchi, juez de Faltas de La Plata. La medida fue tomada por el flamante ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, en el marco de una investigación judicial por presuntos actos de corrupción vinculados a la anulación irregular de fotomultas. El caso también salpicó al exministro de Transporte Jorge D’Onofrio, quien renunció a su cargo en medio del escándalo.

Un entramado de corrupción bajo la lupa

La Justicia investiga una supuesta red de sobornos en la que estaría involucrado Quattrocchi, quien ocupaba el cargo en el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial del Departamento La Plata. Según fuentes judiciales, el magistrado habría utilizado su posición para anular o reducir infracciones de tránsito a cambio de pagos ilegales, lo que generó una pérdida millonaria en recaudación para el Estado provincial.

El sistema de fotomultas, que se implementó como una medida para mejorar la seguridad vial y controlar infracciones, quedó en el centro de la polémica ante las denuncias de que se utilizó para fines irregulares. Quattrocchi podía modificar sanciones aplicadas en distintos municipios, lo que despertó el malestar de intendentes que venían advirtiendo sobre la disminución de los ingresos por multas de tránsito.

La dimisión de D’Onofrio y la intervención de Marinucci

La investigación también alcanzó a Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte, quien presentó su renuncia a fines del año pasado. Aunque argumentó razones de salud, su dimisión ocurrió en un contexto de crecientes acusaciones sobre un esquema de recaudación ilegal a través de la anulación de fotomultas y presuntas irregularidades en la concesión del servicio de verificación técnica vehicular (VTV).

Tras asumir el cargo, el nuevo ministro Martín Marinucci decidió desvincular a Quattrocchi y profundizar la revisión de los procesos administrativos en la cartera de Transporte. «No podemos permitir que la corrupción debilite un sistema que debe garantizar transparencia y seguridad vial», expresaron desde el entorno del funcionario.

Avance de la causa judicial

El juez federal Adrián González Charvay lleva adelante la causa, en la que también está imputada Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, quien junto a D’Onofrio habría favorecido la contratación de la empresa Solutiontec, responsable de administrar los turnos de la VTV. La sospecha es que estos contratos se usaron para canalizar pagos ilegales.

En este marco, efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) realizaron allanamientos en el Sheraton Pilar, donde operaba una financiera vinculada a Token Capital, empresa investigada por supuesto lavado de dinero. Durante los operativos se incautaron documentos que podrían probar el desvío de fondos a través de contratos irregulares.

Consecuencias y próximos pasos

La destitución de Quattrocchi y la renuncia de D’Onofrio dejan en evidencia la gravedad del escándalo, que podría implicar a más funcionarios y empresarios del sector. La Justicia avanza con peritajes y testimonios clave para determinar el alcance de la red de corrupción.

Mientras tanto, el gobierno provincial busca recomponer la confianza en el sistema de infracciones y control vehicular. La decisión de Marinucci de aceptar la renuncia de Quattrocchi marca el inicio de una serie de medidas que buscan transparentar el funcionamiento de la cartera de Transporte y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.