En medio de una campaña atravesada por el debate sobre el rol del Estado, desde Fuerza Patria intensificaron las críticas a la política de ajuste implementada por el Gobierno nacional, particularmente en lo referido a la paralización de la obra pública. El espacio, que participará de las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, sostuvo que “cuando hablan de obra pública cero están destruyendo oportunidades de producción y de trabajo para los bonaerenses”.

El planteo se enmarca en un contexto de fuerte recorte presupuestario por parte de la administración de Javier Milei, que desde diciembre suspendió la licitación y ejecución de obras públicas en todo el país. Según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), más de 2.500 proyectos se encuentran frenados, afectando a pequeñas y medianas empresas contratistas, trabajadores del sector y comunidades enteras.

En respuesta a esta política, el Gobierno de Axel Kicillof decidió avanzar con un esquema de obras financiadas íntegramente por la Provincia. Así lo demuestran los casos de Marcos Paz, La Matanza, San Vicente, Trenque Lauquen y otros distritos donde continúan construyéndose rutas, viviendas, centros de salud, escuelas y obras hidráulicas.

“La mejor forma de mostrar que hay otro camino es seguir invirtiendo en obras estructurales como las que tenemos en marcha en Marcos Paz”, aseguraron voceros del espacio.

Marcos Paz como ejemplo del modelo alternativo

En Marcos Paz, uno de los municipios que integra el conglomerado del Gran Buenos Aires, la obra pública provincial no se detuvo. Entre los proyectos que continúan en ejecución se encuentran:

• La pavimentación de accesos secundarios a barrios periurbanos.
• La ampliación de la red de agua potable y cloacas.
• La construcción de una nueva sede del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
• La refacción de escuelas y jardines públicos.
• El mantenimiento de caminos rurales estratégicos para la producción agropecuaria local.

Estas acciones son el resultado de convenios entre el gobierno de la provincia y el intendente Ricardo Curutchet, en el marco de una política que busca sostener el empleo local y evitar el parate económico.

Según datos oficiales, más de 20.000 trabajadores de la construcción perdieron su empleo en el país desde diciembre. La provincia de Buenos Aires es una de las más afectadas, pero también una de las pocas que decidió mantener el ritmo de inversión en infraestructura, utilizando recursos del tesoro provincial.

Ajuste fiscal vs. desarrollo productivo

El contraste entre modelos es una de las claves de la campaña. Mientras desde el oficialismo nacional se insiste en que la obra pública es “una estafa” o un gasto prescindible, desde el peronismo bonaerense se defiende su carácter estratégico para el desarrollo regional.

“El ajuste no es solo una cuestión de números, sino de vidas concretas. Cuando se paraliza una obra, se pierden empleos, se afectan comercios, se frena la producción y se deteriora la calidad de vida”, señalaron desde Fuerza Patria.

El espacio considera que el discurso del equilibrio fiscal esconde una estrategia de desmantelamiento del Estado, que termina afectando de manera directa a los sectores más vulnerables.

Elecciones legislativas: el mensaje de campaña

De cara a las elecciones del 7 de septiembre, desde Fuerza Patria refuerzan su mensaje con un llamado a la defensa de los derechos sociales y del modelo de Estado presente. “La única boleta que garantiza que las obras se hagan, que las escuelas sigan abiertas, que se construyan viviendas y que se amplíen derechos es la que dice Fuerza Patria”, expresaron.

El armado político busca capitalizar el respaldo a Kicillof y diferenciarse tanto de La Libertad Avanza como de otros sectores opositores. En este sentido, la continuidad de la obra pública es utilizada como símbolo de resistencia frente al ajuste y como elemento movilizador de votantes, especialmente en distritos del conurbano donde el impacto del recorte se siente con más fuerza.

A pocos meses de las elecciones, la discusión sobre el modelo de provincia y de país vuelve a girar en torno a una vieja disputa: Estado presente versus mercado desregulado. En esa tensión, la obra pública se convierte en un termómetro de la política.