En el marco de su plan de reformas estructurales, el Gobierno nacional confirmó este viernes el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal encargada de la provisión de agua potable y saneamiento para más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, y se enmarca en el conjunto de iniciativas habilitadas por la Ley de Bases recientemente sancionada.

AySA es una de las empresas estatales declaradas «sujetas a privatización» dentro de la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo, y el anuncio de hoy marca el puntapié formal para el traspaso progresivo de su control a manos privadas. De acuerdo con lo informado, el esquema contemplado incluye la transferencia del 90 por ciento de las acciones a capitales privados, mientras que el 10 por ciento restante quedará reservado para los trabajadores de la empresa a través del régimen de propiedad participada.

“El Estado ha invertido cifras millonarias en AySA durante años sin lograr mejorar los niveles de eficiencia ni expandir los servicios con la calidad que los usuarios merecen. Creemos que el sector privado puede aportar tecnología, gestión y dinamismo que hoy están ausentes”, explicó Adorni al brindar detalles sobre la decisión gubernamental. Según datos oficiales, entre 2006 y 2023, AySA recibió más de 13.400 millones de dólares en subsidios y aportes directos del Tesoro Nacional, con resultados que el Gobierno considera insatisfactorios.

La estrategia de privatización contempla un proceso de licitación nacional e internacional para seleccionar a un operador estratégico que se haga cargo de la gestión. Asimismo, está prevista una apertura al mercado mediante una oferta pública inicial (IPO), lo cual permitiría ampliar la participación de inversores a través de mecanismos bursátiles regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Desde el Ejecutivo justifican la medida haciendo foco en una serie de irregularidades e ineficiencias detectadas en la administración anterior de la empresa. Se citó, por ejemplo, un aumento del 90 por ciento en la planta de personal en los últimos años, un deterioro visible de la infraestructura, una creciente morosidad en el cobro del servicio (que pasó del 4 al 16 por ciento), y una supuesta utilización discrecional de fondos públicos en zonas vinculadas políticamente a autoridades previas de la empresa, especialmente en municipios como Tigre y Malvinas Argentinas.

Además, se mencionaron gastos cuestionables como la compra de vehículos a precios presuntamente por encima del valor de mercado y contrataciones de esponsoreo por sumas que, en total, superarían el millón de pesos en actividades ajenas al objeto principal de la compañía.

En cuanto al impacto esperado, el Gobierno sostuvo que el objetivo final es dotar a AySA de una mayor eficiencia operativa, asegurar la expansión de la cobertura, mejorar la calidad del servicio y reducir el peso fiscal que actualmente representa. Adorni remarcó que durante 2024 la empresa llegó a registrar superávit operativo, lo que, según el vocero, representa una señal positiva para atraer inversores en condiciones de sostenibilidad económica.

La medida se inscribe dentro de un proceso más amplio de reforma del Estado, que incluye la privatización de otras empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, todas incluidas en la Ley de Bases. En todos los casos, se espera que el Estado conserve funciones regulatorias y de control, pero ceda el manejo operativo y la inversión al sector privado.

La privatización de AySA podría significar un cambio estructural en la prestación de los servicios básicos en el Área Metropolitana, y abre interrogantes sobre las condiciones tarifarias futuras, el mantenimiento de los estándares de calidad y la continuidad laboral del personal. En este sentido, la participación del 10 por ciento de las acciones por parte de los trabajadores será uno de los puntos clave a seguir de cerca.

Organizaciones sindicales y sociales ya anticiparon que podrían pronunciarse contra la medida. También hay voces dentro de la oposición política que exigen que el proceso sea transparente, con mecanismos de control público que garanticen la protección de los derechos de los usuarios y el acceso universal al agua y al saneamiento.

La discusión sobre el futuro de AySA está en marcha, y se prevé que en las próximas semanas se conozcan los pliegos técnicos y financieros del proceso de licitación. Desde el oficialismo, insisten en que no se trata de una venta apresurada sino de una reestructuración orientada a modernizar un servicio esencial con serios problemas de gestión acumulados durante casi dos décadas.

Con esta decisión, el Gobierno refuerza su hoja de ruta en materia de ajuste fiscal, reducción del gasto público y liberalización de sectores estratégicos. Sin embargo, la implementación concreta del proceso dependerá de la recepción del mercado, la capacidad técnica de los futuros oferentes y el contexto político y social que rodea a una empresa central para la vida cotidiana de millones de personas.