En una entrevista exclusiva con Comunicadores LP, Hernán Cadavid, representante de la Cámara de Colombia, analizó los efectos del acuerdo de paz con las FARC, las decisiones del expresidente Juan Manuel Santos y la gestión del presidente Gustavo Petro. Cadavid abordó tanto el impacto político y judicial de estos hechos como las consecuencias sociales para las víctimas del conflicto armado, la seguridad de los actores políticos y la eficacia del Estado en la administración de recursos.

Cadavid recordó que el plebiscito de 2016 sobre el acuerdo de paz constituyó un momento histórico y controversial en la Corte Constitucional. “Los colombianos votaron mayoritariamente en contra del acuerdo de La Habana, pero luego se reincorporó por otras vías, en contra de la voluntad popular”, señaló. Según Cadavid, este acuerdo ha tenido consecuencias negativas para Colombia, incluyendo un aumento de la violencia, el crecimiento de cultivos ilícitos y la expansión del narcotráfico. Además, mencionó que recientes sanciones judiciales a exmiembros de las FARC fueron simbólicas, limitándose a “sembrar arbolitos y pintar parques”.

En este contexto, Cadavid explicó que procedieron a denunciar tanto al expresidente Santos como al exmagistrado Vargas Silva, actualmente embajador de Colombia ante la OEA. “Santos reconoció que un magistrado le ofreció incidir en decisiones judiciales a su favor. Con esos antecedentes, denunciamos a Santos y a Vargas Silva para que el país conozca la verdad sobre cómo se maniobró para engañar la voluntad popular”, afirmó.

Sobre la gestión de Petro, Cadavid cuestionó la eficacia del gasto público y la orientación de sus viajes internacionales. “No se trata solo de que viaje, sino de si esas visitas generan resultados. Las agendas han sido ideológicas y sin resultados concretos, mientras la corrupción dentro del gobierno ha aumentado”, aseguró.

Respecto a la ética y responsabilidad de los líderes políticos y judiciales, Cadavid denunció que Santos incumplió compromisos ante las víctimas de la violencia. Recordó la promesa de que exmiembros de las FARC no ocuparían cargos legislativos y señaló que la persecución judicial contra Álvaro Uribe contradijo promesas de preservar políticas de seguridad.

La seguridad de los actores políticos también fue un tema central. Cadavid recordó el asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y uno de los principales opositores, quien contaba con un esquema de seguridad insuficiente. “El gobierno no brindó garantías para ejercer la oposición. Colombia enfrenta una degradación preocupante en materia de seguridad, que limita la libertad política en varios territorios”, dijo.

En cuanto a la implementación de los acuerdos de paz, Cadavid subrayó que las víctimas siguen relegadas, mientras los responsables de crímenes graves ocupan cargos públicos. “No estábamos en contra de un acuerdo de paz, sino de sus fundamentos. Hoy la impunidad persiste, las víctimas siguen sin reparación y los grupos armados crecen”, señaló, citando la experiencia de la excandidata presidencial Ingrid Betancur.

Cadavid también abordó la crisis energética y el impacto en el desarrollo. Explicó que la política del gobierno ha bloqueado licencias ambientales y generado inseguridad tributaria, lo que afecta la construcción de proyectos clave como la hidroeléctrica Hidroituango en Antioquia. “Colombia tiene un gran potencial hídrico, pero las decisiones políticas y la inseguridad impiden aprovecharlo plenamente”, indicó.

Finalmente, sobre relaciones internacionales, Cadavid cuestionó la imparcialidad de Vargas Silva como embajador ante la OEA. “Su función no es servir a un gobierno o grupo político, sino al pueblo colombiano. Sin embargo, ha evidenciado sesgo ideológico y falta de garantías para la oposición”, concluyó.