El gobierno de Axel Kicillof se presentará este martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el pago de una millonaria deuda que el Estado nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires. Según la estimación oficial de la administración bonaerense, el monto adeudado asciende a $12 billones (doce millones de millones de pesos) y abarca una amplia gama de transferencias y compromisos económicos que no fueron cumplidos por el gobierno que encabeza Javier Milei.

La decisión de recurrir a la vía judicial se da luego de varios meses de reclamos públicos y gestiones administrativas que, según fuentes del Ejecutivo provincial, no tuvieron respuesta satisfactoria. “La provincia de Buenos Aires está siendo desfinanciada sistemáticamente por la Nación. Esto no es un problema de Axel Kicillof, es un problema de los 17 millones de bonaerenses que ven afectado el funcionamiento de servicios esenciales”, indicaron desde la Gobernación.

¿Qué incluye el reclamo?

El documento que será presentado ante la Corte detalla que la deuda reclamada está compuesta por tres grandes rubros:

1. Transferencias directas demoradas o incumplidas: fondos no girados que corresponden a programas nacionales que funcionan en territorio bonaerense, como asistencia alimentaria, subsidios al transporte, políticas de salud y educación, entre otros.
2. Obras públicas comprometidas y paralizadas: saldos pendientes de convenios firmados en años anteriores para el financiamiento de infraestructura vial, educativa y sanitaria que fueron interrumpidos o que directamente no comenzaron por falta de desembolsos.
3. Programas nacionales desfinanciados o discontinuados: deudas originadas por la interrupción de programas en áreas clave como salud comunitaria, desarrollo social, vivienda y empleo, cuyo costo operativo quedó absorbido por la provincia para no suspender su prestación.

En conjunto, el gobierno bonaerense calcula que el perjuicio económico supera los 12 billones de pesos, una cifra que representa un impacto significativo sobre el presupuesto provincial. En el equipo de Kicillof sostienen que esta situación no sólo impide avanzar con nuevas políticas públicas, sino que compromete la continuidad de programas esenciales que afectan directamente a la vida cotidiana de los bonaerenses.

Un conflicto que se profundiza

La presentación judicial llega en un contexto de creciente tensión entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales. En particular, la relación entre Axel Kicillof y Javier Milei ha sido especialmente conflictiva desde el inicio del mandato libertario. El gobernador bonaerense ha sido una de las voces más críticas del plan de ajuste impulsado por la Casa Rosada y denunció en reiteradas oportunidades la “discriminación sistemática” que sufre la provincia en materia de recursos.

“La provincia aporta mucho más de lo que recibe. En este esquema de recorte brutal, Buenos Aires es una de las más perjudicadas”, afirmaron fuentes cercanas al mandatario. Según los datos difundidos por la administración bonaerense, desde diciembre de 2023 las transferencias no automáticas del gobierno nacional a la provincia cayeron más de un 90%, mientras que los fondos para obras públicas y programas sociales fueron directamente eliminados o congelados.

Kicillof ha encabezado múltiples encuentros con intendentes del oficialismo y la oposición para visibilizar la situación. La preocupación es compartida incluso por jefes comunales que responden a Juntos por el Cambio, quienes también han manifestado dificultades para sostener el funcionamiento de sus municipios ante la caída de los recursos provenientes de Nación.

Camino judicial y expectativas políticas

Con esta presentación, la provincia busca que la Corte Suprema emita un fallo que obligue al gobierno nacional a cumplir con los compromisos asumidos, muchos de los cuales están respaldados por convenios firmados y normativas vigentes. Desde el gobierno bonaerense reconocen que no será una resolución inmediata, pero aseguran que la vía judicial es el único camino posible ante la negativa de la Casa Rosada a dialogar.

“Vamos a defender cada peso que le corresponde a la provincia. No se trata de una pelea política, se trata de garantizar derechos”, afirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda bonaerense.

La jugada judicial de Kicillof también tiene implicancias políticas. En medio de un escenario nacional marcado por la puja entre el Ejecutivo y los gobernadores, la presentación ante la Corte podría abrir la puerta a nuevos reclamos de otras provincias afectadas por el recorte de fondos. De hecho, en las últimas semanas, mandatarios de distintos signos políticos han empezado a coordinar acciones comunes para reclamar una mayor participación en la distribución de recursos.

La Corte Suprema, por su parte, ya ha intervenido en el pasado en controversias similares, como en el caso de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, donde falló a favor del distrito reclamante. Sin embargo, en el actual contexto político y económico, el resultado del nuevo litigio está abierto y será seguido de cerca por todo el arco político.