Un nuevo accidente dentro de la Policía Bonaerense volvió a poner en evidencia las falencias en la capacitación y supervisión de los efectivos en el manejo de armas de fuego. Esta vez, Lucas Ezequiel Montenegro, un oficial de 22 años oriundo de La Plata, resultó herido por un disparo efectuado por uno de sus compañeros en la dependencia de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Pilar, mientras se preparaban para salir a servicio. Montenegro permanece internado en estado crítico y la Justicia investiga el hecho bajo la hipótesis de un accidente laboral.

Más allá de la calificación judicial, el episodio genera un debate profundo sobre la formación de los efectivos y el reentrenamiento en el uso de armas de fuego, un tema que especialistas y fuentes internas de la fuerza consideran estructural. La pregunta que surge es recurrente: ¿con qué nivel de capacitación real salen los policías a la calle y qué controles existen dentro de la fuerza para prevenir accidentes?

Fallas en la capacitación: de la teoría a la práctica

Según fuentes internas, la formación inicial de los efectivos incluye nociones básicas: portar el arma correctamente, realizar disparos en condiciones controladas y respetar protocolos mínimos de seguridad. Sin embargo, el entrenamiento práctico y continuo, que permite interiorizar hábitos seguros, resulta limitado.

Roxana Sivori, instructora de tiro categoría A habilitada por el Registro Nacional de Armas, subrayó esta brecha: “Los policías bonaerenses tienen un uso básico del arma, pero no un manejo completo. Esto significa que saben disparar en un entorno controlado, pero no siempre están preparados para reaccionar con seguridad ante situaciones inesperadas o de tensión”.

Sivori agregó: “Las reglas son claras: nunca apuntar a alguien que no se quiere neutralizar y mantener el dedo fuera del disparador hasta estar seguro de disparar. Si estas normas se cumplieran estrictamente, muchos de los incidentes graves podrían evitarse”.

La normativa vigente establece prácticas de tiro anuales y módulos de capacitación obligatorios, pero en la práctica muchos agentes realizan muy pocos disparos por jornada y los entrenamientos son altamente protocolizados, sin reproducir la presión y el dinamismo de una situación real.

Según informes internos y estadísticas públicas, los accidentes con armas de fuego en la Policía Bonaerense aumentaron un 15% entre 2021 y 2024, considerando tanto incidentes durante servicio como en entrenamientos. Esto demuestra que la problemática no se limita a casos aislados, sino que responde a fallas sistemáticas en formación y supervisión.

Casos que alertan sobre riesgos estructurales

El episodio de Pilar no es el primero. En 2024, un oficial de la Unidad Táctica de Operaciones de Intervención (UTOI) recibió un disparo en el cuello de parte de su instructor durante un entrenamiento en el predio de Puente 12 y falleció tras tres meses de agonía. Este hecho puso nuevamente bajo la lupa los criterios de instrucción y control dentro de la fuerza, y dejó en evidencia la necesidad de revisar protocolos y supervisión.

Otras investigaciones recientes señalan irregularidades en cursos de reentrenamiento, incluyendo certificaciones otorgadas a efectivos que no completaron la asistencia o no demostraron aptitud suficiente en el manejo de armas. Estos antecedentes refuerzan la percepción de que los problemas de formación tienen un carácter estructural.

Un vocero con años de experiencia resumió: “Cuando los errores se repiten, no se trata de una persona, sino de un sistema”. Esta visión coincide con la de expertos en seguridad, quienes advierten que la falta de preparación y la escasa práctica real generan riesgos tanto para los efectivos como para la sociedad.

Además de la formación limitada, la presión constante del servicio contribuye a los accidentes. Los efectivos deben cumplir con patrullajes, intervenciones en conflictos y tareas administrativas bajo horarios exigentes y condiciones de estrés elevado, aumentando la probabilidad de errores. La infraestructura para la capacitación tampoco es suficiente. Polígonos de tiro y módulos de entrenamiento no cubren la cantidad de agentes ni cuentan con simulaciones realistas. Los instructores, aunque experimentados, enfrentan restricciones presupuestarias y sobrecarga laboral.

El impacto de estos incidentes va más allá de los efectivos. La ciudadanía observa con preocupación cómo un policía puede resultar herido por un compañero en un entorno que debería ser seguro. Esto afecta la confianza pública en la fuerza y genera críticas sobre la gestión y supervisión interna. Para los agentes, los incidentes generan desconfianza interna y afectan la moral. Saber que los protocolos no siempre se cumplen y que los errores pueden ser fatales aumenta la presión y la ansiedad de quienes deben salir a la calle a proteger a la población.

Necesidad de un sistema de formación integral

Especialistas coinciden en que la solución no pasa por sancionar al agente que comete un error, sino por garantizar que todos los efectivos tengan la preparación adecuada para evitar que esos errores ocurran. Esto implica revisar los cursos de iniciación y reentrenamiento, asegurando que incluyan práctica realista y evaluación continua, simular escenarios críticos, realizar evaluaciones estrictas de aptitud, capacitar en psicología del estrés y manejo de crisis, y fomentar una cultura interna donde el manejo responsable del armamento sea priorizado.

Entre las recomendaciones de expertos se destacan: aumentar la cantidad de disparos por jornada durante entrenamientos; implementar módulos con armas simuladas en escenarios urbanos; capacitar a instructores en técnicas modernas; desarrollar protocolos de supervisión internos; e incorporar análisis de incidentes pasados para ajustar la capacitación y prevenir errores futuros.

El caso de Lucas Montenegro vuelve a demostrar que un arma en manos de un policía sin entrenamiento adecuado representa un riesgo para sus compañeros y para la comunidad. Episodios como el de Pilar muestran que incluso en entornos controlados pueden ocurrir accidentes graves, lo que obliga a repensar la formación y supervisión interna de la fuerza.

Mientras Montenegro permanece internado, el debate sobre la capacitación policial en la Provincia de Buenos Aires vuelve a cobrar fuerza. La combinación de infraestructura limitada, protocolos rígidos, supervisión insuficiente y entrenamiento práctico escaso genera un riesgo constante que afecta tanto a la seguridad interna como a la percepción pública sobre la policía.